Trump v. Slaughter: el Tribunal Supremo deroga Humphrey's Executor y disuelve las agencias independientes

El 29 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos enterró noventa años de doctrina constitucional con una votación de seis contra tres. La sentencia Trump v. Slaughter derogó Humphrey's Executor v. United States, la resolución de 1935 que había sostenido todo el andamiaje de las agencias reguladoras independientes estadounidenses. Con el Chief Justice Roberts como ponente, la mayoría conservadora decidió que el presidente puede cesar a voluntad a los miembros de casi cualquier organismo regulador federal, siempre que invoque razones de confianza política. Solo una institución quedó a salvo: la Reserva Federal, protegida no por principio constitucional sino por la tradición histórica y la realidad de los mercados financieros globales.

El caso comenzó de manera casi mundana. El 18 de marzo de 2025, Trump destituyó a Rebecca Kelly Slaughter y a Alvaro Bedoya, los dos comisionados demócratas de la Comisión Federal de Comercio, sin alegar ninguna de las tres causas que la ley exigía: ineficiencia, abandono de deberes o conducta ilícita. Simplemente los cesó. Con esa acción, el mandato legal que requería composición bipartita en la FTC se vació de contenido. Los dos comisionados demandaron. En julio de 2025, el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia declaró el cese contrario a derecho y ordenó su reposición. El Circuito del Distrito de Columbia suspendió esa orden días después, pero en septiembre resolvió por dos votos contra uno que el presidente no podía cesar sin causa a un integrante de la FTC porque Humphrey's Executor seguía siendo vinculante. El Chief Justice Roberts suspendió la reposición, y el 22 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo avocó el asunto mediante certiorari before judgment, un procedimiento inusual que significa que la corte no esperó a que el caso llegara por los cauces normales, sino que fue a buscarlo.

Para entender lo que el Tribunal acaba de hacer, hay que comprender qué protegía Humphrey's Executor. En 1933, Franklin Roosevelt pidió la dimisión de William Humphrey, comisionado conservador de la FTC que se oponía al New Deal. Cuando Humphrey se negó, Roosevelt lo cesó. Meses después, Humphrey murió, y su albacea reclamó los salarios devengados desde el despido. El caso llegó a la Corte Suprema, que resolvió por unanimidad que el presidente no podía cesar a los miembros de las agencias independientes sin invocar una de las causas tasadas por ley. La corte de 1935 construyó su razonamiento sobre una ficción jurídica: que las agencias independientes no ejercían poder ejecutivo, sino funciones cuasilegislativas y cuasijudiciales. Por eso no podían considerarse un brazo del ejecutivo. Sobre esa ficción descansó todo el sistema regulador estadounidense durante casi un siglo.

La mayoría de 2026 atacó exactamente ese punto. Roberts y sus cinco colegas argumentaron que la caracterización de 1935 nunca se sostuvo realmente, que la jurisprudencia de los últimos quince años había ido erosionando aquella doctrina, y que finalmente no había aguantado el peso de los hechos. La frase que resume el giro es contundente: si algo quedaba de Humphrey's, lo revocamos; Humphrey's lleva décadas siendo un resultado en busca de una fundamentación. La interpretación originalista de la Constitución, que prevalece en la mayoría actual, hizo que prevaleciera una idea que atraviesa toda la sentencia: hace cerca de 250 años, los padres fundadores decidieron investir el poder ejecutivo en una persona, el Presidente de los Estados Unidos. Esa lógica llevó a la conclusión de que la protección frente al cese sin causa es inconstitucional.

Las consecuencias son vastas. La NLRB, la SEC, la FCC, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la Comisión Reguladora Nuclear y una larga lista de organismos que regulan sectores críticos de la economía estadounidense quedan ahora expuestos al cese presidencial sin restricción. La disidencia de Sotomayor detalla con precisión cada una de las agencias vulnerables. Pero hay una excepción notable que revela las grietas en el razonamiento de la mayoría. El mismo día, en Trump v. Cook, el Tribunal impidió por cinco votos contra cuatro el cese de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y mantuvo en pie la independencia de la Fed. La razón que la mayoría ofreció fue clara pero débil: la Reserva Federal continúa una tradición histórica que se remonta al Primer y al Segundo Banco de los Estados Unidos, ninguno de los cuales estuvo sometido al control presidencial pleno. De nuevo, la interpretación originalista. Pero el juez Thomas, que se sumó a toda la sentencia de Slaughter salvo precisamente a la parte que abre la excepción, disintió en Cook. Su punto es lógico: si el poder ejecutivo es indivisible y el artículo II exige que quien ejecuta las leyes responda ante el presidente, no hay manera decente de explicar por qué la Reserva Federal queda fuera. La respuesta honesta, que nadie pronunció, es que queda fuera porque el mercado de deuda estadounidense no habría tolerado lo contrario.

Hay un voto concurrente de Gorsuch que merece atención especial. Acepta el fallo pero advierte de lo que viene después. Las agencias independientes, escribe, no ejercen solo potestades ejecutivas: el Congreso les ha delegado también potestades legislativas y judiciales enormes, y esas delegaciones siguen intactas. La potestad de crear infracciones por vía reglamentaria continúa existiendo. Es una invitación explícita a litigar sobre la delegación de poderes, y anuncia el siguiente capítulo de esta batalla constitucional. Se ha resuelto quién manda en las agencias sin resolver antes qué pueden hacer las agencias. El esquema institucional en el que ha vivido la administración estadounidense desde la Comisión de Comercio Interestatal de 1887 está ahora en discusión abierta.

El impacto trasatlántico es real pero aún lejano. La Unión Europea importó de forma poco reflexiva el modelo de agencias independientes como una forma de aislar políticamente sectores económicos relevantes. Cuando ese modelo cambie en su origen, probablemente tenga consecuencias incluso en Europa, especialmente porque los límites de la sentencia Meroni, que regula las agencias europeas, llevan años erosionándose. En 2014, el Tribunal de Justicia validó las facultades de la Autoridad Europea de Valores y Mercados para prohibir ventas en corto. Pero todavía falta tiempo para que se hable con seriedad del diseño institucional de las agencias administrativas en el continente. Por ahora, lo que está claro es que el modelo estadounidense de regulación independiente, que durante casi un siglo fue un ejemplo de cómo aislar la toma de decisiones técnicas de la presión política, acaba de ser declarado constitucionalmente inviable.