En los últimos días de la semana, la Administración del presidente Trump llevó al Tribunal Supremo un conflicto que trasciende a Chicago: el choque entre el mando federal sobre la seguridad interior y la capacidad de los jueces para frenar el uso de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por la oposición. Una jueza federal había suspendido temporalmente el despliegue en Illinois hasta el 23 de octubre, y el Gobierno pide ahora a la instancia suprema que anule esa barrera, alegando que pone en riesgo a los agentes que ya operan sobre el terreno. Como en otras ciudades donde se ha intentado
Trump pide al Supremo levantar la suspensión del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
Un despliegue frenado en dos estados y ahora, en manos del Supremo
Mark
¿Qué ha pedido exactamente la Casa Blanca al Supremo?
Mimi
Que levante la suspensión de la jueza April Perry sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois. El procurador general, John Sauer, pide que se invalide por completo su dictamen.
Mark
¿Por qué acudir ahora, si hay una vista el día 22?
Mimi
Los abogados se han adelantado. El jueves un tribunal de apelaciones cuestionó parcialmente el dictamen, aunque no lo bastante para permitir el despliegue, y lo han tomado como una oportunidad.
Luke
Conviene separar lo que está probado de lo que es alegación. Que la decisión "cause un daño irreparable" y ponga en peligro a los agentes es el argumento del Gobierno en su petición, no un hecho comprobado.
Mark
¿Y qué dijo la jueza sobre los hechos?
Mimi
Cuestionó la versión de la Administración en su dictamen del 10 de octubre. El texto no detalla en qué puntos.
Luke
Exacto, y eso es un hueco: sabemos que discrepó, no el alcance ni los motivos concretos.
Mark
¿Es un caso aislado?
Mimi
No. Hay órdenes parecidas en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, con críticas de gobernadores. En Portland, otra jueza, Karin Immergut, también bloqueó el despliegue y la Casa Blanca ha apelado.
Luke
Y no sabemos aún si el Supremo aceptará tramitarlo con urgencia ni cuándo responderá.
Der Puls
- Una jueza federal frena en seco el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois y deja en suspenso una operación ya en marcha.
- La Casa Blanca responde con una petición de emergencia al Supremo, acusando al tribunal de anular la autoridad del Comandante en Jefe.
- El Gobierno sostiene que cada día de bloqueo expone a agentes federales en Chicago a un peligro que no puede esperar al calendario judicial.
- Con una vista fijada para el 22 de octubre y la orden expirando al día siguiente, el desenlace depende de si el Supremo actúa antes o si el tiempo decide por todos.
En los últimos días de la semana, la Administración del presidente Trump llevó al Tribunal Supremo un conflicto que trasciende a Chicago: el choque entre el mando federal sobre la seguridad interior y la capacidad de los jueces para frenar el uso de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por la oposición. Una jueza federal había suspendido temporalmente el despliegue en Illinois hasta el 23 de octubre, y el Gobierno pide ahora a la instancia suprema que anule esa barrera, alegando que pone en riesgo a los agentes que ya operan sobre el terreno. Como en otras ciudades donde se ha intentado algo parecido, la pregunta de fondo no es solo sobre estadísticas de delincuencia, sino sobre quién decide, y con qué límites, cuando el poder federal se mueve dentro de las fronteras de un estado.
A última hora del viernes, la Administración Trump pidió al Tribunal Supremo que levante la suspensión dictada por una jueza federal contra el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, con foco en Chicago, la gran ciudad demócrata del Medio Oeste. El Gobierno afirma que la medida busca reforzar la lucha contra el crimen y apoyar a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional que ya trabajan en la zona.
La jueza April Perry emitió el 9 de octubre una orden temporal que prohíbe el despliegue hasta el 23 de octubre y, un día después, publicó un dictamen que cuestionaba la versión de los hechos ofrecida por el Ejecutivo. Ha convocado una vista para el 22 de octubre en la que decidirá si prolonga la prohibición. Antes de esa fecha, un tribunal de apelaciones cuestionó en parte su criterio, aunque sin llegar a permitir el despliegue, y la Casa Blanca decidió acudir directamente al Supremo.
El procurador general, John Sauer, firma el escrito, que sostiene que la decisión causa un daño irreparable al Ejecutivo, menoscaba la autoridad del presidente como Comandante en Jefe y pone en peligro a los agentes federales. El caso se suma a otros similares en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, donde gobernadores estatales han protestado por no haber sido consultados y por considerar que las cifras de criminalidad no justifican la medida. También en Portland, Oregón, una jueza bloqueó un despliegue que la Administración ya ha recurrido.
Lo que viene ahora es doble: si el Supremo responde a la petición de emergencia y qué decidirá Perry el 22 de octubre, un día antes de que expire su orden.
A última hora del viernes, la Administración Trump presentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición formal: que levante la suspensión dictada por una jueza federal contra el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, y en concreto en Chicago, bastión demócrata. El objetivo declarado de la orden es reforzar las operaciones de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional en su lucha contra el crimen.
La suspensión viene de la jueza federal de distrito April Perry. El 9 de octubre emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a la Administración desplegar a la Guardia Nacional en Illinois hasta el 23 de octubre. Un día después, el 10 de octubre, publicó un dictamen que acompañaba esa orden y en el que cuestionaba la versión de los hechos presentada por el Gobierno. Perry ha fijado para el día 22 una nueva vista en la que decidirá si prolonga la prohibición.
Los abogados de la Casa Blanca no han esperado a esa fecha. Han aprovechado que el jueves un tribunal de apelaciones cuestionó parcialmente el dictamen de la jueza, aunque no lo suficiente como para permitir el despliegue, y han pedido al Supremo una intervención de emergencia.
El escrito lo firma el procurador general, John Sauer, y fue publicado por el portal jurídico SCOTUSblog. Sauer pide al alto tribunal que invalide por completo el dictamen de la magistrada. Según el documento, la decisión "causa un daño irreparable al poder Ejecutivo", anula la autoridad del presidente como Comandante en Jefe y pone en peligro las vidas de los agentes del Departamento de Seguridad Interior que ya realizan operaciones en la zona de Chicago.
El caso de Chicago sigue un patrón. El presidente ha promulgado órdenes similares para Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis. En esos casos, varios gobernadores estatales han criticado que no se tuvo en cuenta su opinión y han sostenido que las estadísticas de criminalidad no justifican una medida de este tipo.
Hay además otro frente abierto. La Administración también ha ordenado enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, pero la jueza federal de distrito Karin Immergut dictó igualmente una restricción temporal que bloquea ese despliegue. Los abogados de la Casa Blanca ya han apelado esa decisión.
Queda por ver, por tanto, qué hará el Supremo con la solicitud de emergencia y qué decidirá Perry en la vista del 22 de octubre, un día antes de que expire su orden temporal.
Bemerkenswerte Zitate
La decisión causa un daño irreparable al poder Ejecutivo, anula la autoridad del presidente como Comandante en Jefe y pone en peligro las vidas de los agentes.— John Sauer, procurador general de EEUU, en su petición al Supremo
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