Trump paraliza energía eólica marina alegando riesgos de seguridad nacional

A finales de 2025, la administración Trump comenzó a desmantelar sistemáticamente los proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos, argumentando que representaban una amenaza para la seguridad nacional. En noviembre, funcionarios de defensa entregaron información clasificada a la Oficina de Administración de Energía Oceánica detallando supuestos riesgos. Días antes de Navidad, esa oficina paralizó la construcción de cinco grandes parques eólicos en la costa este. El secretario del Interior, Doug Burgum, citó un informe secreto del secretario de Defensa Pete Hegseth para justificar la medida, argumentando que las turbinas marinas amenazaban la defensa aérea y submarina del país.

La preocupación técnica central gira en torno a la interferencia de radar. Las palas giratorias de las turbinas pueden generar blancos falsos en las pantallas de radar, lo que potencialmente podría permitir que drones no tripulados atravesaran un parque eólico sin ser detectados. Burgum también expresó inquietud sobre cómo las vibraciones de las torres eólicas podrían afectar los sonares submarinos. Sin embargo, estos no son problemas nuevos. El Pentágono revisa rutinariamente los planes de construcción de parques eólicos y puede designar zonas como áreas restringidas. Existen actualizaciones tecnológicas disponibles para mitigar el impacto en los radares, aunque ajustar los sistemas para ser más sensibles conlleva el riesgo de generar más falsas alarmas. Kirk Lippold, excomandante del USS Cole y experto en seguridad nacional, señaló que los operadores de radar están entrenados para distinguir señales reales de interferencias, pero reconoció que si los drones no se detectan antes de llegar a un parque eólico, eso sí representaría un problema serio de seguridad.

Los tribunales federales no encontraron convincentes los argumentos del gobierno. Después de revisar la información clasificada, jueces autorizaron la reanudación de la construcción de los cinco parques eólicos. El magistrado superior Royce Lamberth expresó su preocupación de que el argumento de seguridad nacional pudiera ser un "pretexto" para ocultar los verdaderos motivos. Lamberth observó que el gobierno no aplicó específicamente las nuevas preocupaciones al proyecto Revolution Wind destinado a abastecer a Rhode Island y Connecticut. Además, notó que Burgum había criticado públicamente la energía eólica marina por razones ajenas a la seguridad nacional aproximadamente cuando se emitió la orden de detención, y que la Oficina de Administración de Energía Oceánica esperó hasta diciembre para actuar sobre información recibida en noviembre. Meghan Greenfield, socia del bufete Jenner & Block en Washington, observó que el gobierno ha esgrimido argumentos de seguridad nacional en tantos contextos diferentes que ha provocado un escepticismo creciente en los tribunales.

El contexto político es claro. Trump ha manifestado un odio bien documentado hacia las turbinas eólicas y ha expresado su deseo de impulsar los combustibles fósiles para lograr lo que denomina "dominio energético" en el mercado mundial. Estimaciones de laboratorios nacionales indican que las turbinas instaladas a lo largo de las costas estadounidenses podrían generar energía más que suficiente para cubrir el consumo eléctrico anual del país. El Pentágono también ha paralizado el desarrollo de parques eólicos terrestres, y el gobierno ha recurrido a órdenes de emergencia para mantener en operación las centrales de combustibles fósiles.

Dennis McGinn, vicealmirante retirado de la Armada que comandó operaciones navales en el Pacífico oriental y septentrional, expresó su escepticismo sobre los motivos del gobierno. McGinn afirmó que no existe ningún "problema insalvable de seguridad nacional" que invalide los años de análisis realizados sobre las zonas arrendadas. Agregó que piensa que el gobierno exagera los riesgos y costos de la energía eólica marina mientras minimiza sus beneficios para justificar su impulso por producir más combustibles fósiles, algo que "no supera la prueba del sentido común". McGinn explicó que la interferencia con los radares es un problema identificado y abordado adecuadamente desde el principio, y que miles de turbinas operan actualmente en Europa y Asia. "La seguridad nacional y la energía eólica marina son compatibles, siempre y cuando se haga correctamente y en las ubicaciones adecuadas", señaló.

Otros países han encontrado soluciones. Dinamarca fue pionera en energía eólica marina, construyendo el primer parque en 1991. El Reino Unido anunció en marzo la adquisición de nuevos radares de defensa aérea para mitigar las anomalías causadas por los parques eólicos marinos, promoviendo esto como una tecnología que garantiza la coexistencia entre la defensa aérea y la energía eólica marina. Suecia recientemente aprobó dos parques eólicos marinos mientras rechazaba otros once, pero Nils Grunditz, director general de Green Power Sweden, cuestionó por qué Suecia reduce sus planes cuando otras partes de la región ya emplean soluciones tecnológicas para mitigar las interferencias con los radares.

En el Congreso, el senador demócrata Jack Reed, miembro de mayor rango de la Comisión de Servicios Armados del Senado, participó en una sesión informativa secreta hace meses y encontró que los argumentos presentados no eran convincentes. Reed intenta incluir una medida en el proyecto de ley de defensa que impone un plazo de 180 días para que una dependencia del Departamento de Defensa evalúe los proyectos eólicos y explique sus conclusiones. "Deben ser capaces de elaborar un análisis reflexivo y exhaustivo que justifique su decisión", expresó. Sin embargo, Reed prevé que el gobierno continuará encontrando maneras de frenar iniciativas que no le agradan, por lo que anticipa que la campaña contra la energía eólica marina continuará.