Trump impulsa el intervencionismo estatal mientras ataca el socialismo demócrata

El Gobierno estadounidense ha invertido 27.000 millones de dólares en participaciones accionarias de treinta empresas privadas en el último año, una cifra sin precedentes en tiempos recientes. La cartera se concentra en sectores estratégicos: semiconductores, minería, computación cuántica y energía. Es una realidad económica que genera una contradicción política incómoda.

Donald Trump ha construido gran parte de su retórica política reciente alrededor de una amenaza existencial: el socialismo democrático. Cuando candidatos como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, o Abdul el Sayed, ganador de las primarias de Michigan, se identifican con esa etiqueta, los republicanos ven una oportunidad electoral. Trump ha sido explícito al respecto. En junio pasado declaró que esos políticos no son simplemente socialistas, sino comunistas. "América nunca será un país comunista", prometió en su discurso del 4 de julio. La estrategia es clara: vincular a los demócratas progresistas con el comunismo, la pesadilla ideológica del estadounidense medio.

Pero mientras agita ese fantasma desde los mítines, la administración Trump ejecuta desde la Casa Blanca una política económica que desafía esa narrativa. Desde junio del año pasado, el Gobierno ha adquirido o anunciado participaciones en treinta empresas privadas. El Instituto Cato, un centro de investigación libertario con sede en Washington —precisamente alérgico a cualquier intervención estatal en la economía—, ha documentado esta cifra. La mayor inversión llegó hace un año exacto: 8.900 millones de dólares para adquirir el 10 por ciento de Intel, el gigante de la fabricación de chips. Trump anticipó entonces que no sería un caso aislado. "Haré tratos como este para nuestro país una y otra vez", aseguró.

La ofensiva intervencionista había comenzado meses antes, en junio de 2025, con la adquisición de una "acción de oro" de U.S. Steel, la siderúrgica estadounidense. Ese acuerdo le otorgó a Trump poder de veto sobre decisiones importantes de la empresa y el derecho a nombrar un consejero independiente. En los últimos meses, el ritmo se ha acelerado. A finales de julio, el Departamento de Comercio anunció la incorporación de seis nuevas empresas de semiconductores a la cartera estatal. Una semana después, el Departamento de Defensa comunicó una inversión de 85,5 millones de dólares en una compañía proveedora de bauxita, mineral crítico para la industria militar.

La justificación oficial es estratégica: asegurar las capacidades estadounidenses en sectores críticos y reducir la dependencia de China en un momento de pugna por la hegemonía global. Pero los expertos expresan inquietud. Temen la politización del sector privado y el favoritismo empresarial. No es un temor abstracto: la fortuna personal de Trump se ha disparado desde su regreso a la Casa Blanca. Las advertencias llegan incluso desde el propio conservadurismo. Veronica de Rugy, analista política, escribió hace poco en el Los Angeles Times una pregunta incómoda: "¿Se dan cuenta los republicanos de que están practicando el socialismo abiertamente?".

La ciudadanía tampoco respalda la política. Según un sondeo reciente de CNBC, el 49 por ciento de los estadounidenses se opone a que el Gobierno sea accionista de empresas privadas. Solo el 19 por ciento lo aprueba. Trump, sin embargo, parece decidido a continuar. En un mitin en junio, hizo una declaración que resume la paradoja: "Yo sería el mejor comunista de la historia, a la altura de Lenin". La frase, pronunciada con aparente ironía, captura la contradicción central de su presidencia: un líder que denuncia el socialismo mientras lo practica, que ataca el comunismo mientras expande el control estatal sobre la economía privada.