En el cruce entre la soberanía económica y la apertura al talento global, la administración Trump ha extendido hasta septiembre de 2027 el requisito de US$100.000 para empleadores que contraten trabajadores con visa H-1B, una medida que busca reducir la dependencia de mano de obra extranjera pero que enfrenta impugnaciones judiciales y la resistencia del sector tecnológico. La decisión reaviva una tensión perenne en la política migratoria estadounidense: hasta qué punto proteger el empleo doméstico sin sacrificar la innovación que ha definido al país en el escenario mundial.