Trump busca retirar exenciones fiscales a escuelas privadas con programas de diversidad

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos presentaron el jueves una propuesta que busca revocar las exenciones fiscales federales de las que gozan escuelas y universidades privadas acusadas de discriminación racial o de favorecer a ciertas minorías. La medida forma parte de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra los programas de diversidad, equidad e inclusión —conocidos como DEI— que en años recientes han transformado la educación superior estadounidense. Harvard, por ejemplo, fue obligada a cerrar sus oficinas dedicadas específicamente a estudiantes de minorías, comunidades LGBTIQ y mujeres como resultado de presiones similares.

La nueva regla es clara en su alcance. Una institución educativa privada perdería su condición de exención fiscal si adopta, mantiene o aplica cualquier política o práctica que discrimine por motivos de raza, color, origen nacional u origen étnico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la propuesta afirmando que la administración Trump defiende a los estudiantes estadounidenses al garantizar que la discriminación racial no tenga lugar en la educación del país. Sin embargo, la definición de qué constituye discriminación en este contexto es el punto de fricción: mientras que la administración ve los programas dirigidos a minorías como discriminatorios, muchas instituciones los consideran medidas correctivas necesarias para nivelar el terreno de juego.

La norma se extendería a prácticamente todas las dimensiones de la vida escolar. Los procesos de admisión, las políticas educativas, las becas y préstamos, las actividades deportivas y cualquier otro programa administrado o respaldado por la escuela estarían sujetos a escrutinio. Esto significa que las becas específicamente diseñadas para estudiantes hispanos, afroamericanos y otras minorías desaparecerían, junto con las disposiciones del IRS que permitían a las escuelas favorecer ciertas preferencias en la admisión. El impacto potencial es vasto: el Tesoro y el IRS estiman que hasta 18.000 instituciones educativas privadas podrían verse afectadas, incluyendo primarias, secundarias, universidades y escuelas de formación profesional.

Las instituciones tendrían tiempo para adaptarse. El reglamento definitivo entraría en vigor para los años fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027, lo que otorga a las escuelas aproximadamente un año y medio para revisar y actualizar sus políticas de admisión, becas y otros aspectos. Esta ventana temporal, según las autoridades, es suficiente para que las instituciones se ajusten a la nueva normativa. Sin embargo, la realidad es que muchas escuelas enfrentan una decisión difícil: mantener sus compromisos con la diversidad y perder beneficios fiscales significativos, o abandonar esos programas para preservar su estatus tributario.

La propuesta representa una escalada en la presión que la administración Trump ha ejercido sobre las instituciones educativas durante meses. No es una medida aislada, sino parte de una estrategia coordinada para desmantelar los programas DEI en todo el país. Lo que distingue esta acción es que utiliza el código tributario como arma: en lugar de prohibir directamente los programas de diversidad, el gobierno amenaza con retirar los beneficios fiscales que hacen posible que muchas escuelas privadas funcionen. Para las comunidades de minorías, estudiantes LGBTIQ y mujeres que han dependido de estos programas de apoyo y becas dirigidas, la propuesta significa una reducción significativa en las oportunidades educativas disponibles. La batalla sobre cómo debe verse la educación estadounidense, y quién debe tener acceso a ella, está lejos de terminar.