Trump busca retirar ciudadanía a 40 inmigrantes naturalizados por fraude

El Departamento de Justicia de la administración Trump ha presentado 40 demandas civiles para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, en lo que las autoridades describen como el mayor esfuerzo de desnacionalización en la historia moderna del país. Las acciones fueron interpuestas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre ante tribunales federales de distintas jurisdicciones, afectando a ciudadanos originarios de más de veinte países diferentes.

Las acusaciones contra estos 40 individuos incluyen un espectro amplio de delitos graves: espionaje, homicidio voluntario, delitos sexuales contra menores, fraude fiscal y migratorio, matrimonios fraudulentos e identidades falsas. El Departamento de Justicia sostiene que cada uno de estos ciudadanos ocultó información crucial durante sus procesos de naturalización o cometió fraude para obtener la residencia permanente. Todd Blanche, fiscal general, declaró que los demandados "ocultaron información crucial al Gobierno de Estados Unidos y son responsables de graves delitos". Es importante señalar que estas son acciones civiles aún pendientes de resolución judicial; ninguno de los acusados ha perdido su ciudadanía hasta que los tribunales fallen.

Entre los casos más específicos figura el de Johyce Martinez, ciudadana venezolana que ingresó a Estados Unidos en 2006 utilizando un registro de nacimiento cubano falso. Según la demanda, obtuvo residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano y mantuvo esa identidad falsa hasta obtener la ciudadanía en 2013. El Gobierno argumenta que nunca habría cumplido legalmente los requisitos para la residencia ni la naturalización. Otro caso destacado es el de Norma Patricia Esparza, mexicana de 52 años, acusada de haber ocultado durante su naturalización su participación en hechos por los que posteriormente fue condenada por homicidio voluntario.

Dos de los acusados son ciudadanos chinos señalados por espionaje. Jinchao Wei ingresó en la Marina estadounidense en 2021 y obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022 a través de un procedimiento expedito para miembros de las Fuerzas Armadas. Según el Departamento de Justicia, Wei comenzó meses antes a conspirar para entregar información militar a China. Fue encontrado culpable en agosto de 2025 y sentenciado a 200 meses de prisión. Ping Li, el segundo acusado de origen chino, ya se declaró culpable en 2024 de actuar como agente del Gobierno chino sin notificación previa a las autoridades estadounidenses. Justicia sostiene que Li proporcionó durante años información al Ministerio de Seguridad chino sobre disidentes, activistas prodemocracia y organizaciones establecidas en territorio estadounidense.

Yusmary Shirley Durán Mejía, colombiana de 47 años residente en Hialeah, Florida, ingresó a Estados Unidos en 2007 y obtuvo la ciudadanía en 2018, aunque ya estaba involucrada en una trama de lavado de dinero. Un año después de naturalizarse fue acusada de conspiración para blanquear capitales y durante el proceso penal admitió que su participación en la actividad ilegal había comenzado antes de convertirse en ciudadana estadounidense. Fue condenada en 2020.

Entre los demandados también figura Iain Lumsden, británico de 50 años, condenado a nueve años de prisión federal por transportar pornografía infantil. Lumsden admitió ante las autoridades que había comenzado a consumir ese tipo de material entre cinco y diez años antes de ser interrogado en 2020 y que había realizado búsquedas antes de naturalizarse. El Gobierno sostiene que ocultó esa conducta durante el proceso de naturalización, cuando declaró bajo juramento que no había cometido ningún delito por el que no hubiese sido detenido.

La lista de demandados incluye a 11 personas de origen mexicano, dos cubanos, un colombiano, un peruano y una venezolana. Otros mexicanos en las demandas son acusados de delitos sexuales, matrimonios fraudulentos y uso de identidades o documentos falsos. Estas acciones civiles representan una expansión significativa de la política de desnacionalización de la administración Trump, aunque los resultados finales dependerán de las decisiones de los tribunales federales en los próximos meses.