En medio de una relación marcada por sanciones, tensiones nucleares y enfrentamientos indirectos, el Gobierno de Trump ha concedido visados a la delegación iraní para que participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La decisión no señala un deshielo diplomático, sino el cumplimiento de una obligación jurídica que Estados Unidos asumió al convertirse en país anfitrión de la ONU en 1946. Así, la historia vuelve a recordar que el derecho internacional puede coexistir —aunque con tensión— con la hostilidad política.