Treinta años después: Panamá aún no resuelve caso de niña infectada con VIH por transfusión

Rocío Marlene Jiménez quedó con VIH, parálisis parcial, lesión medular, pérdida de visión en un ojo y ha estado en coma tres veces, viviendo en pobreza sin acceso a compensación estatal.
Treinta años esperando que el Estado cumpla lo que recomendó hace veinte
Rocío Marlene Jiménez sigue aguardando la compensación que la Defensoría del Pueblo ordenó en 2005.
Mark

¿Cómo es posible que una recomendación de la Defensoría del Pueblo de hace más de veinte años siga sin cumplirse?

Mimi

Porque ninguna administración ha priorizado este caso. Rocío ha pasado por múltiples gobiernos, y cada uno ha dejado la responsabilidad al siguiente.

Luke

Pero necesitamos ser precisos: ¿tenemos confirmación de que el Ministerio de Salud rechazó formalmente la recomendación, o simplemente nunca respondió?

Mimi

Según lo que presentó Probidsida, el Ministerio nunca materializó el subsidio. No hay registro público de una respuesta formal.

Mark

¿Y por qué Rocío no ha podido acceder a justicia a través de los tribunales?

Mimi

Su representante legal está preparando mecanismos legales, pero prefieren negociar primero. Después de treinta años, quieren una solución rápida.

Luke

Eso tiene sentido, pero también significa que no sabemos si el Estado reconocería responsabilidad en un proceso judicial. La negociación puede ser más rápida, pero también puede dejar sin precedente legal lo que sucedió.

Mark

¿Qué hubiera pasado si el banco de sangre hubiera rastreado esa donación contaminada?

Mimi

Rocío habría sido diagnosticada a los siete u ocho años, cuando el tratamiento antirretroviral podría haber controlado el virus antes de que causara daño irreversible.

Luke

Eso es lo que Probidsida sostiene, pero también es importante notar que en los años ochenta el tratamiento antirretroviral no existía como existe hoy. El diagnóstico temprano habría sido crucial, pero el contexto médico de entonces era muy diferente.

  • Una transfusión de sangre en la infancia dejó a Rocío con VIH sin que nadie la alertara, y el virus avanzó en silencio durante toda su adolescencia hasta dejarla en coma tres veces.
  • La Defensoría del Pueblo reconoció la responsabilidad del Estado en 2005 y ordenó compensación, pero veinte años de gobiernos sucesivos han ignorado la resolución sin consecuencia alguna.
  • Rocío, con dos títulos universitarios, gana ochocientos dólares al mes en un empleo que no corresponde a su formación, y su familia acaba de ser desalojada de su vivienda.
  • Probidsida exige públicamente que el gobierno actual ejecute el subsidio vitalicio, la vivienda y el empleo prometidos, mientras los abogados de Rocío preparan acciones legales como último recurso.
  • El caso emerge cuando Panamá reporta más de veinticuatro mil personas viviendo con VIH, recordando que las fallas en trazabilidad de donantes y diagnóstico temprano no son solo historia.

Hace tres décadas, una niña panameña recibió sangre contaminada en un hospital público y contrajo el VIH que nadie le diagnosticó a tiempo. Rocío Marlene Jiménez, hoy de cuarenta años, carga con parálisis, pérdida de visión y pobreza como consecuencia de una falla del sistema que el propio Estado reconoció hace más de veinte años sin jamás remediarla. Su historia no es solo la de una mujer abandonada por la burocracia, sino la de una promesa institucional que ningún gobierno ha tenido la voluntad de cumplir.

Rocío Marlene Jiménez tenía siete años cuando una transfusión de sangre durante su tratamiento por leucemia en el Hospital del Niño de Panamá le transmitió el VIH. El donante había dado negativo inicialmente, pero regresó tres meses después con resultado positivo. El banco de sangre nunca rastreó sus donaciones anteriores ni alertó a quienes las habían recibido. Ese silencio le costó a Rocío su adolescencia entera.

A los catorce años llegó gravemente enferma al hospital. Los médicos sospecharon una recaída de leucemia, pero las pruebas revelaron que vivía con VIH desde hacía años y había desarrollado histoplasmosis. El diagnóstico tardío significó que el virus avanzara sin tratamiento. Rocío estuvo en coma en tres ocasiones. Hoy usa silla de ruedas, tiene una lesión medular y ha perdido la visión en un ojo.

En 2005, la Defensoría del Pueblo concluyó que la falta de información oportuna agravó su condición y recomendó al Ministerio de Salud otorgarle un subsidio mensual vitalicio, una solución habitacional y un empleo acorde con su formación. Rocío tiene licenciatura en Publicidad y Mercadeo y una maestría en la misma área. El Ministerio tenía treinta días para responder. Han pasado más de veinte años y ninguna administración ha ejecutado las recomendaciones.

Actualmente trabaja en la Autoridad del Tránsito y gana alrededor de ochocientos dólares mensuales, cifra que no ha variado en años. Hace poco, su familia fue desalojada del apartamento donde vivía. Probidsida, que la ha acompañado durante años en gestiones ante distintas instituciones, reclama ahora públicamente que el gobierno atienda lo pendiente. Su representante legal busca primero negociar directamente con la Presidencia, aunque prepara acciones legales si el diálogo fracasa. Tres décadas de espera pesan sobre una mujer que solo pide que el Estado cumpla lo que ya prometió.

Rocío Marlene Jiménez tenía siete años cuando recibió una transfusión de sangre contaminada durante su tratamiento por leucemia linfocítica aguda en el Hospital del Niño de Panamá. Treinta años después, sigue esperando que el Estado cumpla con una compensación que organismos públicos recomendaron hace más de dos décadas.

La sangre que recibió provenía de un donante que inicialmente había dado negativo en las pruebas de VIH, un resultado que refleja las limitaciones tecnológicas de diagnóstico de aquella época. Aproximadamente tres meses después, el mismo donante regresó y esta vez resultó positivo. Según Orlando Quintero, director ejecutivo de Probidsida, el banco de sangre debería haber rastreado todas las donaciones anteriores de ese donante e identificado a quiénes las habían recibido. Ese procedimiento habría permitido detectar el virus en Rocío cuando aún era tiempo de intervenir. Nunca sucedió.

A los catorce años, Rocío llegó gravemente enferma al hospital. Los médicos inicialmente sospecharon que su leucemia había recaído. Las pruebas revelaron la verdad: vivía con VIH desde hacía años y había desarrollado histoplasmosis, una infección oportunista que aparece cuando el sistema inmunitario está severamente comprometido. El diagnóstico tardío significó que el virus avanzara sin tratamiento durante toda su adolescencia. Rocío estuvo en coma en tres ocasiones. Hoy, a los cuarenta años, usa silla de ruedas por dificultades de movilidad, tiene una lesión medular y ha perdido la visión en uno de sus ojos.

En 2005, la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Juan Antonio Tejada, examinó el caso y concluyó que la falta de información inmediata y oportuna agravó su condición. La resolución recomendó que el Ministerio de Salud le otorgara un subsidio mensual vitalicio, una solución habitacional y un empleo acorde con su formación profesional. Rocío completó una licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Diseño Gráfico y una maestría en la misma área. El Ministerio de Salud tenía treinta días para aceptar o rechazar las recomendaciones. Eso fue hace más de veinte años. Ninguna administración las ha ejecutado.

Actualmente, Rocío trabaja en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y percibe alrededor de ochocientos dólares mensuales, una cifra que no ha cambiado en años. Hace poco, su familia fue desalojada del apartamento donde vivía. Probidsida, que ha acompañado a Rocío y su madre en gestiones ante distintas instituciones durante años, ahora reclama públicamente que el Gobierno actual atienda lo que permanece pendiente: el subsidio vitalicio, una vivienda y un empleo que corresponda a su formación universitaria.

Su representante legal indicó que buscarán inicialmente negociar directamente con la Presidencia de la República. Aunque están preparando acciones legales, prefieren resolver el caso mediante un acuerdo que evite prolongar aún más una espera que ya dura tres décadas. El caso emerge en un contexto en el que Panamá enfrenta desafíos significativos relacionados con el VIH. Según datos del Ministerio de Salud de 2026, aproximadamente veinticuatro mil cuatrocientas personas viven actualmente con el virus en el país, de las cuales alrededor de veintidós mil reciben tratamiento antirretroviral. Durante 2025 se detectaron mil setecientos cincuenta nuevos casos, la mayoría en hombres. El Ministerio mantiene veintiuna clínicas de terapia antirretroviral distribuidas en quince regiones sanitarias y destina tres punto seis millones de dólares en 2026 para garantizar medicamentos a los pacientes. El tratamiento antirretroviral moderno permite controlar el virus y prevenir la enfermedad avanzada, precisamente la oportunidad que Rocío perdió cuando era niña.

El banco de sangre debió revisar las donaciones anteriores y determinar quiénes habían recibido esos componentes. Esa trazabilidad habría permitido localizar a Rocío y realizarle tempranamente una prueba.
— Orlando Quintero, director ejecutivo de Probidsida
Envie de l'histoire complète ? Lire l'original sur Infobae ↗
Nous contacter FAQ