Trece muertos por derrumbe en mina de oro en Sudán

En el estado sudanés de Kordofán Sur, una región desgarrada por meses de enfrentamientos entre el ejército nacional y las milicias paramilitares conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido, trece personas perdieron la vida el pasado martes cuando cinco pozos abandonados se derrumbaron en la mina de Um Fakrun. La cifra, confirmada por la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales que opera el sitio, no representa el final de la tragedia: seis personas resultaron heridas en el colapso, y múltiples trabajadores permanecen desaparecidos, lo que sugiere que el recuento de muertos podría crecer en las horas siguientes conforme avanzan las operaciones de rescate.

Lo que ocurrió en Um Fakrun no fue un accidente en el sentido convencional. Los pozos que se vinieron abajo llevaban tiempo fuera de servicio, cerrados y sin actividad. Pero trabajadores desesperados ingresaron a ellos de manera ilegal, cortando deliberadamente los soportes estructurales que mantenían las paredes en pie. Uarsha Naser Uarsha, director de la empresa en Kordofán Sur, lo explicó sin ambigüedad en un comunicado difundido por redes sociales: estos hombres y mujeres sabían que estaban violando las normas de seguridad, sabían que los pozos estaban abandonados, y entraron de todas formas.

La pregunta que flota sobre este desastre es por qué. La respuesta está en la guerra. Desde abril de 2023, cuando estalló el conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, el país se ha sumido en una crisis humanitaria de dimensiones colosales. Con la economía colapsada y las estructuras de empleo formal deshechas, cientos de miles de sudaneses han recurrido a la minería irregular para sobrevivir. No es una actividad marginal: es un sector que ha crecido exponencialmente precisamente porque la guerra ha destruido todas las alternativas.

La minería siempre ha sido peligrosa. Pero la minería clandestina, realizada sin equipo de seguridad, sin supervisión, sin protocolos, es una ruleta rusa. Los trabajadores que entraron a los pozos de Um Fakrun no tenían cascos, no tenían arneses, no tenían sistemas de ventilación. Entraron porque necesitaban dinero. Entraron porque sus familias tenían hambre. Entraron porque la guerra les había quitado todas las otras opciones.

La empresa pidió a sus trabajadores que respeten las regulaciones, que no trabajen en pozos abandonados. Es una petición razonable desde el punto de vista de la gestión corporativa. Pero es también una petición que ignora la realidad en la que viven esas personas. Cuando la alternativa a entrar ilegalmente a una mina es no comer, las regulaciones se vuelven abstractas. La seguridad laboral es un lujo que presupone que existen otras formas de ganarse la vida.

Lo que sucedió en Um Fakrun es un síntoma de una enfermedad más profunda. No es simplemente un accidente de trabajo. Es la consecuencia directa de una guerra que ha durado casi tres años, que ha desplazado a millones de personas, que ha destruido la economía de un país entero. Cada trabajador que murió en el derrumbe era alguien que había sido empujado a la desesperación por circunstancias que escapaban a su control. Y mientras las operaciones de rescate continúan en Kordofán Sur, el número de desaparecidos sigue sin confirmarse, dejando a las familias en la incertidumbre sobre quién regresará y quién no.