Tras reclamos de EE.UU., el Gobierno diluye el proyecto de Malvinas y le suma cambios

El jueves, en una conferencia de prensa durante su visita a Buenos Aires, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo en voz alta lo que el Gobierno argentino y la Cámara de Diputados venían desmintiendo: Washington tiene reparos sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, conocido como "ley de Malvinas". Las objeciones apuntan al articulado que prevé sanciones contra las petroleras que operan en las islas. Hasta entonces, la Casa Rosada y el oficialismo en Diputados habían desacreditado las versiones sobre las críticas de un sector del empresariado norteamericano.

El proyecto fue anunciado en cadena nacional por el presidente Javier Milei y su idea original se atribuye al asesor Santiago Caputo. Proponía endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las inmediaciones de las islas y extender las penas a las firmas que las financien. Para el filtro norteamericano, eso resulta demasiado laxo: pide delimitar "correctamente" los tipos penales. El reclamo toca el capítulo I, el que busca proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur y una de las banderas políticas de la iniciativa.

El oficialismo queda así entre dos fuegos. En el plano local se le critica que el texto tiene poco que ver con Malvinas, ya que reforma además las leyes de Defensa Nacional, de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Inteligencia. Desde el exterior, en cambio, se le sugiere revisar el núcleo de la propuesta. Hay quienes sospechan que detrás de los ajustes puede haber una intención de dilatar el debate hasta el final del período de sesiones ordinarias.

La discusión reavivó la interna oficialista. Los más puristas, del ala de Caputo y de su representante en Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, sostienen que el texto "está diseñado para tener las herramientas que el Estado necesita para defender la soberanía nacional" y que "debería votarse cerrado". Otros funcionarios y diputados prefieren hacer los cambios necesarios para aprobarlo sin tensionar con uno de los principales aliados internacionales del Gobierno. En esa línea se ubica el bloque de Martín Menem, que se define "pragmático" y que incluso había barajado llevar el proyecto a la megasesión del miércoles pasado.

El propio sector de Caputo admite que hacen falta modificaciones. "Así como está no sale", repiten varios diputados, también libertarios. El viernes, Silvana Giudici, legisladora de confianza de Menem y a cargo del proyecto, se reunió en la Casa Rosada con el asesor e Ibarzábal. A diferencia de la semana anterior, cuando en Diputados evitaban hablar de las exigencias de Washington, ahora dicen que trabajan en "delimitar los tipos penales". Cerca de Caputo evitan la palabra "cambios" y prefieren hablar de "mejoras de algunos aspectos" que conservan el espíritu original.

Según esas fuentes, sin ninguna modificación el proyecto habría reunido los apoyos, gracias a los gobernadores y sus legisladores: contaban 135 respaldos, que con los retoques habrían subido a 140. Sin embargo, llama la atención que se hayan hecho tantos ajustes si los números ya estaban, con borradores circulando entre aliados desde hace semanas. Consultadas por LA NACION sobre qué se concedió a Estados Unidos, algunas fuentes respondieron: "Solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance".

Entre los cambios que se dan por hechos está la revisión del polémico artículo 111, del capítulo VI, que preveía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, "actuando por cuenta de un agente extranjero", procuraran alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación. Según supo LA NACION, la nueva versión, ya en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos, en particular el de "campañas de desinformación", que había generado fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo para la libertad de expresión.

Desde Balcarce 50 aseguran que "el proyecto va a salir" y que "no se va a cajonear", aunque admiten posibles dilaciones "lógicas" por las negociaciones. Algunos no descartan llevarlo al recinto el miércoles 28. En el oficialismo sospechan que las versiones de congelamiento provienen del sector de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien escribió en X: "Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba".

Los plazos, de todos modos, se complican: cuesta creer que el martes se logre dictamen en la Comisión de Defensa, lo que achica el margen para llegar al recinto antes del cierre del período ordinario. Después queda el Senado, donde los esfuerzos se concentran en dar una señal sobre la suspensión de las PASO, sin avances significativos por ahora.