Tomoko Akane: «La Historia nos pedirá cuentas a todos» sobre la crisis del TPI

Tomoko Akane se sienta frente a los periodistas con el peso de una institución tambaleándose sobre sus hombros. Como presidenta del Tribunal Penal Internacional, ha sido sancionada por Estados Unidos —un castigo que refleja la profunda fractura entre la corte y la potencia que se niega a reconocer su autoridad. En esta entrevista, Akane no rehúye el diagnóstico: el TPI atraviesa la peor crisis de su historia desde que fue fundado en 2002.

La magistrada no culpa a una sola parte. En su visión, la búsqueda de justicia internacional es una responsabilidad que debe compartirse entre naciones, instituciones y la comunidad global. Pero esa responsabilidad, dice, no es opcional. Es un derecho de las víctimas —aquellas personas cuyas vidas fueron destrozadas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio. Sin el TPI funcionando, sin recursos, sin el apoyo político de las grandes potencias, esas víctimas quedan en el limbo.

Las sanciones estadounidenses contra Akane personalmente son un síntoma de algo más profundo: la tensión entre los Estados que crearon el tribunal y los que ahora lo desafían. Washington ha argumentado históricamente que el TPI representa una amenaza para la soberanía estadounidense, una preocupación que se ha intensificado en los últimos años. Pero para Akane, esa lógica invierte la ecuación. La justicia internacional no es un ataque a la soberanía; es su fundamento.

Lo que Akane plantea en esta conversación es una pregunta que va más allá de los titulares diplomáticos: ¿dónde estaban los gobiernos cuando se cometieron los crímenes? ¿Dónde están ahora, cuando se trata de financiar y proteger la única corte global con mandato para juzgarlos? Su frase —"La historia nos pedirá cuentas a todos"— no es una amenaza. Es una invitación a la rendición de cuentas, dirigida a quienes tienen el poder de sostener o sabotear la justicia.

El TPI, con sede en La Haya, ha procesado casos en África, Asia, Europa y Oriente Medio. Ha emitido órdenes de arresto contra líderes de Estado. Ha investigado crímenes que los tribunales nacionales no podían o no querían tocar. Pero su capacidad depende de voluntad política y recursos. Las sanciones contra su presidenta no son un acto aislado; son parte de un patrón de presión que debilita la institución desde adentro y desde afuera.

Para las víctimas de estos crímenes —desplazados, sobrevivientes de masacres, familias de desaparecidos— el colapso del TPI no es un debate académico sobre derecho internacional. Es la diferencia entre acceso a justicia y impunidad perpetua. Akane lo sabe. Por eso su mensaje no es de desesperación, sino de urgencia. La crisis es real. Pero la responsabilidad de resolverla también lo es, y es compartida.

Lo que queda sin resolver es si los gobiernos que crearon el TPI, y los que ahora lo castigan, encontrarán una salida que no sea el colapso de la institución. Akane ha dejado clara su posición: la historia juzgará a quienes abandonen la búsqueda de justicia cuando más se necesita.