Tobias Gralke: «En Berlín también tenemos muchas 'Maricármenes'»

Tobias Gralke no es un político elegido ni un funcionario de gobierno. Es un activista que decidió que el mercado inmobiliario de Berlín había fallado a demasiadas personas, y que la única respuesta era forzar una confrontación democrática directa. El referéndum que impulsó busca algo radical en apariencia pero cada vez más común en ciudades europeas: expropiar viviendas que pertenecen a grandes corporaciones inmobiliarias y transferirlas a manos públicas, donde los alquileres puedan controlarse y mantenerse dentro del alcance de quienes ganan sueldos ordinarios.

La lógica detrás de esta propuesta es simple pero contundente. Gralke sostiene que dejar el mercado de vivienda completamente libre, sin intervención estatal, no produce vivienda asequible para la mayoría. Los precios suben porque los inversores buscan maximizar ganancias, no porque haya escasez física de edificios. En Berlín, como en Madrid, como en tantas ciudades europeas, existe un fenómeno que los españoles conocen bien: personas con empleos estables, salarios decentes, que aun así no pueden permitirse un apartamento en el barrio donde trabajan o donde sus familias han vivido durante generaciones. Gralke usa una expresión que resuena: en Berlín también hay muchas "Maricármenes", refiriéndose a la película española que retrata precisamente esa realidad de desplazamiento y precariedad urbana.

Lo que distingue a Gralke de otros críticos del mercado inmobiliario es su disposición a nombrar quién debe perder para que otros ganen. No habla de incentivos fiscales o de construcción de vivienda social marginal. Habla de tomar directamente las propiedades de las grandes inmobiliarias, empresas que acumulan cientos o miles de apartamentos, que los mantienen como activos financieros, que los alquilan al precio máximo que el mercado soporta. Su argumento es que estas corporaciones no tienen un derecho natural a esa propiedad si el resultado es que ciudadanos ordinarios quedan excluidos de la ciudad.

El referéndum representa un momento de tensión política real en Europa. No es una propuesta marginal de activistas radicales sin audiencia. Ha llegado a una votación vinculante en una capital importante, lo que significa que suficientes berlineses la consideran legítima, al menos como pregunta que merece respuesta. Refleja un cambio en cómo se piensa la vivienda: no como un bien de consumo donde el mercado siempre produce el mejor resultado, sino como un derecho básico donde la intervención estatal es no solo justificable sino necesaria.

Para Gralke, la pregunta central es quién decide el futuro de la ciudad: los que viven en ella o los que invierten en ella desde lejos. Esa pregunta no es nueva, pero la forma de responderla está cambiando. Berlín, con su historia de división y reunificación, con sus barrios que aún llevan las cicatrices de esa historia, es un lugar donde esa tensión es especialmente visible. Los precios de alquiler han subido dramáticamente en las últimas dos décadas. Barrios enteros han cambiado de carácter. Familias que vivieron allí durante generaciones han sido desplazadas. Y mientras eso ocurría, grandes inmobiliarias acumulaban propiedades y ganancias.

Lo que viene después del referéndum es incierto. Incluso si gana, la implementación es compleja: ¿cuánto se paga por las propiedades? ¿Cómo se gestiona vivienda pública a esa escala? ¿Qué sucede con los inversores que pierden dinero? Pero para Gralke, esas son preguntas que deben responderse porque la alternativa—permitir que el mercado siga funcionando sin restricciones—ya ha demostrado sus consecuencias. En Berlín, como en muchas ciudades europeas, la pregunta ya no es si intervenir, sino cómo hacerlo de manera que la ciudad siga siendo habitable para quienes la construyeron y la mantienen funcionando.