Taxistas pagan S/100 para evadir normativa de pintura amarilla en mercado negro de afiliaciones

En las calles de Lima y el Callao, un negocio clandestino ha florecido en los meses previos a una fecha límite regulatoria. Empresas informales ofrecen un servicio simple: por poco más de cien soles, inscriben a taxistas en el sistema de la Autoridad de Transporte Urbano como vehículos ejecutivos, permitiéndoles evadir la obligación de pintar sus autos de amarillo. Lo que debería ser un trámite transparente se ha convertido en un mercado negro de afiliaciones, donde la evasión normativa se vende como un producto.

La Autoridad de Transporte Urbano estableció que antes del 13 de junio de 2024, todos los taxis debían cumplir con requisitos de identificación visual, incluida la pintura amarilla obligatoria. Pero en el Cercado de Lima, cámaras de televisión captaron a una empresa ofreciendo exactamente lo opuesto: una forma de burlar esa disposición. El mecanismo es directo. Un taxista se acerca, paga más de cien soles, y la empresa lo registra como taxi ejecutivo ante la ATU. Con ese registro en mano y una credencial de conductor, el vehículo queda inscrito como parte de una compañía operadora acreditada. El taxista recibe documentación que lo respalda, y nunca necesita tocar un pincel.

Uno de los operadores de este servicio lo explicó sin rodeos: entregan el registro de taxi ejecutivo y la cartilla con credencial del conductor, y con eso, el vehículo ya no requiere pintura amarilla. Según el discurso que venden, estos taxis ejecutivos funcionan como vehículos para aplicaciones de transporte, similares a Uber. Los ciudadanos pueden verificar que la inscripción aparece en el sistema consultando la página web de la ATU, donde figura como operador de transporte acreditado. La ilusión de legalidad es completa.

La ATU respondió con advertencias. En un comunicado, la autoridad aclaró que los taxis ejecutivos sí deben cumplir con requisitos de identificación visual: un color único que la empresa debe declarar al solicitar autorización. Cuando una empresa solicita operar, especifica qué color identificará a su flota. A partir de ese momento, la empresa tiene la obligación legal de asegurar que todos sus vehículos habilitados lleven ese color y otros distintivos del servicio. Si durante fiscalización se verifica incumplimiento, la ATU puede imponer infracciones graves: suspensión de la habilitación vehicular tanto para la empresa como para conductores individuales.

Pero las advertencias de la ATU no capturan la magnitud del problema. Un informe del diario El Comercio reveló que más de doscientos conductores operando en Lima, incluyendo muchos que trabajan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tienen antecedentes de denuncias por delitos graves. El registro incluye robo, violación, manejo en estado de ebriedad y secuestro. No se trata de infracciones menores al servicio. Muchos de estos conductores tienen antecedentes penales formales, investigaciones activas del Ministerio Público, e incluso registros de encarcelamiento. Las denuncias involucran a catorce asociaciones de taxis cuyos conductores operan en estacionamientos de toda la ciudad.

Lo que emerge es un sistema donde la evasión regulatoria y el riesgo de seguridad convergen. Un pasajero que aborda un taxi en Lima no solo puede estar subiendo a un vehículo que incumple normas de identificación visual; potencialmente está entrando en un automóvil operado por alguien con un historial de delitos graves. La ATU ha señalado que busca modificaciones al reglamento de pintura amarilla con el objetivo de incentivar la formalidad y mejorar el servicio. Pero mientras esas modificaciones se debaten, el mercado negro de afiliaciones continúa operando, vendiendo la ilusión de cumplimiento a cambio de dinero en efectivo, dejando a los pasajeros expuestos a riesgos que van mucho más allá del color de un automóvil.