Supersalud alerta sobre barreras en acceso a tratamiento del Síndrome de Ovario Poliquístico

Cientos de mujeres, especialmente jóvenes y poblaciones vulnerables, enfrentan imposibilidad de acceso a diagnóstico y tratamiento del SOP, comprometiendo su salud reproductiva, hormonal y metabólica.
El acceso oportuno a la atención especializada continúa siendo un reto para la salud femenina
La Superintendencia Nacional de Salud subraya que las barreras administrativas siguen limitando el diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico.

En Colombia, el cuerpo de cientos de mujeres jóvenes se ha convertido en territorio de disputa burocrática: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud registró 809 reclamos formales de pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico que no pudieron acceder a especialistas en ginecología y endocrinología. La cifra no es solo estadística; es el rastro visible de un sistema que falla con mayor dureza a quienes ya cargan con vulnerabilidades históricas —mujeres desplazadas, víctimas del conflicto, adolescentes—. La salud hormonal y metabólica de una generación espera en una sala de espera que nunca abre.

  • 809 reclamos en seis meses revelan que el acceso al diagnóstico y tratamiento del SOP no es una excepción fallida, sino una falla estructural del sistema de salud colombiano.
  • La negación de citas especializadas —194 casos— y las demoras en atención —172 reportes— bloquean precisamente las puertas que las pacientes más necesitan cruzar: ginecología y endocrinología.
  • Las mujeres de 14 a 28 años concentran la mitad de los reclamos, y para las 100 usuarias de poblaciones protegidas —desplazadas, víctimas del conflicto, personas con discapacidad— las barreras se multiplican.
  • La Superintendencia advierte que los 809 casos son solo la punta del iceberg: muchas mujeres nunca llegan a reclamar porque ni siquiera logran la cita que les permitiría confirmar su diagnóstico.
  • La SNS ha anunciado una intensificación de inspección y vigilancia sobre EPS e IPS, pero el verdadero reto es traducir esa presión institucional en citas reales y tratamientos oportunos.

En los últimos seis meses, cientos de mujeres colombianas presentaron quejas formales porque el sistema de salud les cerró la puerta al tratamiento del Síndrome de Ovario Poliquístico, una condición que va mucho más allá de la fertilidad: afecta el equilibrio hormonal, metabólico y la calidad de vida en su conjunto. La Superintendencia Nacional de Salud documentó 809 reclamos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

El problema más frecuente fue la negación de citas especializadas, con 194 casos reportados, seguido por demoras en la atención y falta de oportunidad en otros servicios. Noventa y dos mujeres denunciaron que se les negó acceso a tecnologías en salud ya autorizadas. Las especialidades de ginecología y endocrinología —las más críticas para esta enfermedad— concentran 292 de los 809 reclamos totales. Mayo fue el mes más álgido, con 159 quejas.

Las más afectadas son las mujeres jóvenes: el grupo de 14 a 28 años acumula 405 reclamos. Pero la carga es aún más pesada para las 100 usuarias pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional —67 desplazadas, 18 víctimas del conflicto armado— para quienes obtener un diagnóstico oportuno se convierte en una tarea casi imposible.

Geográficamente, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran los reportes, y entre las aseguradoras, EPS SURA, Sanitas y Nueva EPS concentran los mayores volúmenes de quejas. La Superintendencia advierte que estas cifras subestiman la realidad: muchas mujeres nunca reclaman porque no logran siquiera llegar a la consulta que confirmaría su diagnóstico, quedando atrapadas en un limbo sin definición clínica ni tratamiento.

La entidad ha recordado a EPS e IPS su obligación de gestionar los reclamos de inmediato y ha anunciado una intensificación de sus acciones de inspección y vigilancia. El desafío pendiente es que esa presión institucional se traduzca en citas reales y en la eliminación de las barreras administrativas que siguen postergando la salud de cientos de mujeres.

En los últimos seis meses, cientos de mujeres colombianas han presentado quejas formales contra el sistema de salud por no poder acceder a tratamiento para el Síndrome de Ovario Poliquístico, una condición que afecta mucho más que la capacidad reproductiva. La Superintendencia Nacional de Salud registró 809 reclamos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, cifra que revela un problema persistente en la atención especializada que estas pacientes necesitan.

El síndrome de ovario poliquístico no es simplemente un asunto de fertilidad. Quienes lo padecen enfrentan desajustes hormonales y metabólicos que impactan su calidad de vida de manera integral. Sin embargo, el acceso a los servicios necesarios para diagnosticarlo y tratarlo sigue siendo un obstáculo. Los datos de la Superintendencia muestran que la negación de citas especializadas fue el problema más frecuente, con 194 casos reportados. Le siguen las demoras en la atención, con 172 reclamos, y la falta de oportunidad en otros servicios de salud, con 108 reportes. Además, 92 mujeres denunciaron que se les negó el acceso a tecnologías en salud que habían sido autorizadas.

Las especialidades de endocrinología y ginecología, que son fundamentales para el diagnóstico y control de esta enfermedad, concentran 292 de los 809 reclamos totales. En ginecología y obstetricia se registraron 96 negaciones de citas y 95 casos de demoras en la atención. La endocrinología reportó 42 negaciones de citas y 26 demoras. Estos números revelan que los puntos críticos del sistema están precisamente donde las mujeres más necesitan ayuda. Mayo fue uno de los meses más críticos, con 159 reclamos en ese mes solamente.

Las mujeres jóvenes son las más afectadas. El grupo de 14 a 28 años concentra 405 de los 809 reclamos, mientras que las mujeres entre 29 y 59 años presentaron 395 reportes. Pero la carga no se distribuye equitativamente. Cien usuarias que se identificaron como pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional enfrentaron barreras adicionales: 67 eran mujeres desplazadas, 18 víctimas del conflicto armado y otras con discapacidad. Para estos grupos, acceder a un diagnóstico oportuno se convierte en una tarea aún más difícil.

Geográficamente, Bogotá lidera con 149 reclamos, seguida por Antioquia con 146 y Valle del Cauca con 117. A nivel municipal, Bogotá encabeza el listado, seguida por Cali con 74 reclamos y Medellín con 59. Entre las aseguradoras, EPS SURA concentra 134 reportes, Sanitas 132, Nueva EPS 121, Salud Total 83 y Famisanar 50. Estas cifras sugieren que el problema no es aislado sino sistémico.

La Superintendencia advierte que estos números probablemente representan solo una parte de la realidad. Muchas mujeres nunca llegan a presentar un reclamo formal porque no logran acceder a la consulta especializada que necesitan para obtener un diagnóstico confirmado. Otras permanecen en un limbo de valoración sin una definición clínica clara, lo que las deja sin acceso a tratamiento. Las barreras administrativas no solo afectan a quienes ya saben que tienen la enfermedad, sino también a quienes sospechan que la padecen pero no pueden conseguir una cita para confirmarlo.

La Superintendencia ha recordado a todas las EPS e IPS que los reclamos radicados en el sistema deben ser gestionados de inmediato. La entidad ha anunciado que intensificará sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar que las mujeres accedan de manera oportuno a consultas especializadas, diagnósticos y tratamientos. El desafío ahora es convertir esa vigilancia en cambios reales que eliminen las barreras administrativas que siguen impidiendo que cientos de mujeres reciban la atención que necesitan.

Las principales barreras están relacionadas con el acceso a la atención especializada. La negación en la asignación de citas o consultas concentra 194 reclamos.
— Superintendencia Nacional de Salud
Estas cifras podrían representar solo una parte de la realidad. Muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a consultas especializadas, requisito fundamental para obtener un diagnóstico oportuno.
— Superintendencia Nacional de Salud
The Hearth Conversation Another angle on the story
Inventor

¿Por qué la Superintendencia de Salud decidió enfocarse específicamente en este síndrome ahora?

Model

Los números hablan solos. En seis meses recibieron 809 reclamos. Eso no es una coincidencia ni un problema menor. Es un patrón que muestra que el sistema está fallando de manera sistemática en un punto crítico.

Inventor

Pero 809 reclamos en seis meses, ¿es realmente mucho para un país entero?

Model

Es que eso es solo lo que llegó formalmente. La Superintendencia misma dice que probablemente representa una fracción de la realidad. Muchas mujeres ni siquiera intentan presentar un reclamo porque ya han renunciado a conseguir una cita.

Inventor

¿Quién sufre más por esto?

Model

Las mujeres jóvenes, entre 14 y 28 años. Casi la mitad de los reclamos vienen de ese grupo. Y si eres desplazada o víctima del conflicto, las barreras se multiplican. El sistema no solo falla, falla de manera desigual.

Inventor

¿Qué significa que se nieguen las citas? ¿Las aseguradoras simplemente dicen que no?

Model

Exactamente. 194 mujeres reportaron que les negaron la asignación de citas. No es que no haya disponibilidad. Es que el sistema dice no. Y luego están los que sí dan cita pero después de meses de espera.

Inventor

¿Y las aseguradoras grandes son las peores?

Model

EPS SURA, Sanitas y Nueva EPS concentran la mayoría de los reclamos. Pero eso también refleja que atienden a más personas. Lo importante es que ninguna está libre de este problema.

Inventor

¿Qué pasa ahora?

Model

La Superintendencia dice que va a vigilar más. Pero el verdadero cambio depende de si las EPS e IPS realmente responden. Las mujeres que necesitan diagnóstico no pueden esperar a que se complete una investigación.

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