Sri Lanka en caos: presidente huye tras protestas masivas por crisis económica

A la medianoche del sábado, más de cien mil personas se congregaron frente a la residencia presidencial en Sri Lanka exigiendo la renuncia de Gotabaya Rajapaksa. Algunos manifestantes traspasaron las puertas, se sumergieron en la piscina presidencial, recorrieron los pasillos de la casa que el presidente había abandonado horas antes. Cuatro meses de protestas, arrestos de cientos de personas, gases lacrimógenos lanzados contra multitudes, habían llegado a su punto de quiebre. Rajapaksa había prometido renunciar formalmente el miércoles. Pero cuando llegó ese día, no estaba. Había huido a Maldivas la noche anterior, dejando atrás un país en colapso y un vacío de poder que su primer ministro, Ranil Wickremesinghe, fue nombrado para ocupar como presidente interino.

La crisis que expulsó a Rajapaksa del poder no fue política en su origen, sino económica, y tan severa que no tenía precedentes en los setenta y cuatro años desde que Sri Lanka se independizó. Durante la última década, el Gobierno había pedido prestadas sumas enormes para financiar servicios públicos y cubrir un déficit gigantesco. La economía estancada fue golpeada después por monzones intensos, por los ataques terroristas de 2019 que devastaron el turismo, por la pandemia de covid-19. En respuesta, el Gobierno redujo los impuestos para estimular la actividad. La estrategia fracasó. La recaudación se derrumbó, la calificación crediticia de Sri Lanka se hundió, y el acceso a nuevos préstamos se cerró casi por completo. Entonces el Gobierno comenzó a consumir sus propias reservas de moneda extranjera para pagar la deuda externa. En 2018, esas reservas sumaban seis mil novecientos millones de dólares. A comienzos de 2022, apenas llegaban a dos mil millones.

En marzo, el Gobierno dejó flotar libremente la rupia de Sri Lanka. La moneda se devaluó bruscamente frente al dólar, y los precios de todo comenzaron a subir. Para mayo de 2022, la inflación interanual había alcanzado el cuarenta y cinco por ciento, comparada con el tres punto siete por ciento de enero de 2021. Los ciudadanos enfrentaban ahora una rutina diaria de esperas en colas largas para obtener artículos básicos que estaban racionados: combustible, alimentos, medicinas. Los cortes de electricidad eran frecuentes y prolongados. Los trenes redujeron su frecuencia. Los enfermos no podían llegar a los hospitales porque no había transporte. Los comerciantes cerraban sus negocios porque no podían operar refrigeradores ni aires acondicionados. El arroz, alimento fundamental, se volvía cada vez más caro. En ocasiones, la frustración de esperar sin garantía de recibir nada llevaba a enfrentamientos entre civiles y la policía o los militares que custodiaban el proceso de distribución.

Las protestas masivas comenzaron en marzo, cuando la crisis se hizo insoportable. Rajapaksa, acusado de corrupción de alto nivel y de la mala gestión económica que había llevado al país a la bancarrota, se convirtió en el blanco principal de la ira pública. El presidente respondió culpando a factores económicos globales y a la pandemia. Su Gobierno intentó medidas paliativas: acudir al Fondo Monetario Internacional, establecer una semana laboral de cuatro días para que las personas pudieran cultivar alimentos en sus casas, alentar a los ciudadanos a trabajar en el extranjero y enviar dinero a sus familias. Nada fue suficiente. A principios de julio, el país tenía combustible para apenas un día. El martes de esa semana, Sri Lanka declaró su bancarrota.

El treinta y uno de marzo, los manifestantes lanzaron ladrillos e incendiaron fuegos frente a la residencia presidencial. La policía respondió con gases lacrimógenos. El Gobierno declaró la emergencia nacional el primero de abril. Las protestas continuaron, los arrestos se multiplicaron en cientos. Cuatro meses después, el sábado, Rajapaksa finalmente cedió. Acordó renunciar el miércoles, pero la renuncia lo dejaría sin inmunidad presidencial y potencialmente expuesto a cargos legales. Esa noche, antes de que llegara el miércoles, huyó a Maldivas. Citó una sección de la constitución que permite a un primer ministro asumir los poderes presidenciales cuando el presidente está ausente del país. Wickremesinghe fue nombrado presidente interino. Su primer acto fue ordenar un toque de queda en Colombo y en la provincia occidental después de que la policía lanzara gases lacrimógenos contra manifestantes frente a su oficina. Las elecciones para elegir un nuevo presidente fueron convocadas para el veinte de julio. Sri Lanka seguía en caos, ahora sin su presidente, esperando lo que vendría después.