En el cruce entre el federalismo y la soberanía, la Cancillería mexicana recordó el 6 de octubre que la cooperación en seguridad con potencias extranjeras no puede nacer de acuerdos directos entre gobiernos estatales y embajadas. La visita del embajador Ronald D. Johnson a Querétaro el 2 de octubre, y la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial, abrió una pregunta sobre quién tiene la autoridad para comprometer al Estado mexicano en materia de seguridad. La respuesta de la SRE no fue de confrontación, sino de orden: existe un cauce institucional —e
SRE admite notificación sobre visita de embajador estadounidense a Querétaro
La cooperación debe fluir por canales institucionales, no por acuerdos directos
¿Por qué la SRE tuvo que intervenir en una visita de un embajador a un estado?
Porque la visita incluyó la colocación de la primera piedra de una academia de capacitación policial que implica cooperación en seguridad con Estados Unidos. Eso requiere aprobación federal previa según la ley.
Pero el oficio del estado decía que no había cooperación en seguridad. ¿Entonces qué estaba pasando realmente en esa ceremonia?
Esa es la tensión. El estado dijo que la visita no implicaba mecanismos de cooperación, pero al mismo tiempo colocaban la piedra angular de un proyecto que sí los implica.
¿Significa que Querétaro actuó fuera de línea?
No necesariamente. La SRE respondió ofreciendo acompañamiento, no sanción. Parece más un recordatorio sobre cómo deben funcionar estos procesos.
¿Tenemos confirmación de que la academia requería ese visto bueno antes de la ceremonia, o es lo que la ley dice que debería haber pasado?
La ley es clara: cualquier proyecto de cooperación en seguridad con un gobierno extranjero debe pasar por el GANSEG. Si no pasó antes, debería hacerlo ahora.
¿Qué pasa si Querétaro continúa sin ese visto bueno?
Eso no está claro en el comunicado. La SRE ofrece acompañamiento, pero no especifica consecuencias si no se sigue el proceso.
Lo importante es que ahora está documentado que la Cancillería está atenta y que el gobernador fue notificado directamente por el canciller sobre los requisitos.
O Pulso
- La colocación de la primera piedra de una academia policial con participación estadounidense en Querétaro encendió alertas en la Cancillería, pues el oficio estatal previo aseguraba que la visita no implicaba mecanismos de cooperación en seguridad.
- Esa contradicción entre lo notificado y lo inaugurado obligó a la SRE a intervenir públicamente y a aclarar que cualquier proyecto de ese tipo requiere aprobación previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
- Por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco contactó al gobernador Mauricio Kuri González para ofrecer acompañamiento institucional, marcando el tono como coordinación y no como sanción.
- El gobierno federal subrayó que la colaboración México-Estados Unidos en seguridad es sólida, pero debe fluir por canales federales y no a través de entendimientos directos entre estados y embajadas.
- El episodio deja en evidencia una tensión estructural del federalismo mexicano: los estados pueden impulsar vínculos internacionales, pero la autorización formal en materia de seguridad sigue siendo potestad exclusiva de la federación.
En el cruce entre el federalismo y la soberanía, la Cancillería mexicana recordó el 6 de octubre que la cooperación en seguridad con potencias extranjeras no puede nacer de acuerdos directos entre gobiernos estatales y embajadas. La visita del embajador Ronald D. Johnson a Querétaro el 2 de octubre, y la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial, abrió una pregunta sobre quién tiene la autoridad para comprometer al Estado mexicano en materia de seguridad. La respuesta de la SRE no fue de confrontación, sino de orden: existe un cauce institucional —el GANSEG— y ese cauce debe respetarse antes de que cualquier proyecto avance.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el 6 de octubre que había recibido, el 25 de septiembre, un oficio del gobierno de Querétaro notificando la visita del embajador estadounidense Ronald D. Johnson para el 2 de octubre. El documento estatal precisaba que el viaje no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación en seguridad o procuración de justicia.
Sin embargo, durante esa misma visita se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, un proyecto que sí contempla cooperación en seguridad con un gobierno extranjero. La aparente contradicción entre lo notificado y lo inaugurado llevó a la Cancillería a intervenir y a aclarar públicamente las reglas del juego.
La SRE explicó que cualquier iniciativa de este tipo debe pasar por revisión previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad —el GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional— según lo establece la Ley de Seguridad Nacional. La academia policial, por tanto, no debería haber avanzado sin ese visto bueno.
Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco se comunicó con el gobernador Mauricio Kuri González y le ofreció el acompañamiento de la Cancillería. El tono fue de coordinación institucional: la SRE se presentó como un apoyo para navegar los requisitos federales, no como una instancia sancionadora.
Lo que el episodio deja en claro es un principio que el gobierno federal considera innegociable: la cooperación bilateral en seguridad es legítima y bienvenida, pero debe fluir por los canales institucionales del Estado mexicano, con supervisión federal y aprobación previa, y no a través de acuerdos directos entre gobiernos estatales y embajadas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el 6 de octubre que había recibido notificación oficial sobre la visita del embajador estadounidense Ronald D. Johnson a Querétaro, programada para el 2 de octubre. El gobierno estatal, encabezado por Mauricio Kuri González, envió un oficio a la Cancillería el 25 de septiembre informando sobre el viaje, que tenía como propósito abordar temas de interés común entre ambas jurisdicciones.
En su comunicado, la SRE aclaró un punto que había generado interrogantes: el oficio del estado precisaba que la visita "no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia". Sin embargo, durante esa misma visita se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, un proyecto que sí contempla cooperación en seguridad con un gobierno extranjero. Esta aparente contradicción llevó a la Cancillería a intervenir.
La SRE explicó que cualquier proyecto de cooperación en materia de seguridad con una potencia extranjera debe someterse a revisión previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, conocido como GANSEG, un órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. Según la Ley de Seguridad Nacional, este trámite es obligatorio. La academia policial, por tanto, no debería haber avanzado sin ese visto bueno institucional.
Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco Álvarez se comunicó directamente con el gobernador Kuri González y le envió un oficio ofreciendo el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones. El tono fue de coordinación institucional, no de confrontación: la SRE se presentó como un apoyo para que los gobiernos estatales navegaran correctamente los requisitos federales en materia de cooperación internacional en seguridad.
La dependencia enfatizó que México y Estados Unidos mantienen una colaboración sólida en seguridad, pero que esta se conduce "a través de los canales institucionales del gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas". La frase subraya un principio: aunque la cooperación bilateral es legítima, debe fluir por cauces establecidos y con supervisión federal, no a través de acuerdos directos entre gobiernos estatales y embajadas.
Lo que emerge de esta aclaración es un recordatorio sobre los límites del federalismo en materia de seguridad internacional. Los estados pueden recibir visitas diplomáticas y pueden impulsar proyectos de capacitación policial, pero cuando esos proyectos implican cooperación formal con gobiernos extranjeros, la responsabilidad y la autorización recaen en la federación. La SRE no negó la legitimidad de la academia ni de la visita del embajador; simplemente señaló que el proceso debe seguir un orden institucional específico, con aprobación previa del GANSEG.
Citações Notáveis
La visita no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia— Oficio del gobierno de Querétaro a la SRE
Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas— Secretaría de Relaciones Exteriores