En el horizonte judicial español, el caso de Begoña Gómez aguarda su momento ante un jurado popular que aún no existe en su forma definitiva. Más de 3.000 ciudadanos figuran en un censo elegible, pero el tiempo avanza más rápido que el proceso: si el juicio no se celebra antes de que termine 2026, ese listado habrá caducado y habrá que empezar de nuevo. Es un recordatorio de que la justicia tiene sus propios ritmos, y que las estructuras que la sostienen —censos, sorteos, plazos— son tan determinantes como los argumentos que se debatirán en sala.