Sindicato denuncia contratación masiva sin filtros en UNP días antes de transición

A sindicato que agrupa a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección levantó la voz esta semana con una acusación que suena a alarma de última hora: más de doscientas personas fueron incorporadas a la entidad en cuestión de días, justo cuando el gobierno de Gustavo Petro se aprestaba a entregar el poder a Abelardo de la Espriella el 7 de agosto. Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, el sindicato que representa a estos trabajadores de seguridad, fue directo en su denuncia: esas contrataciones aceleradas carecieron de los filtros básicos que la ley exige.

Según Gallo, los nuevos empleados nunca fueron sometidos a pruebas de polígrafo, ni a evaluaciones de polígono, ni a exámenes físicos. Tampoco hubo visitas domiciliarias ni estudios documentales de seguridad. En una conversación con este medio, Gallo fue contundente: "Faltando tres días metiendo 200 personas. Están legalizando gente que ni siquiera tiene experiencia para taparle la puerta al otro gobierno cuando llegue." Lo que preocupa al sindicato no es solo la velocidad del proceso, sino quiénes eran esas personas. Gallo identificó entre los nuevos contratados a exconductores, albañiles y otros con antecedentes laborales que levantaban sospechas. Para una institución encargada de proteger a funcionarios del Estado, la ausencia de estos controles representa un riesgo que trasciende lo administrativo.

El contexto institucional explica parte de la prisa. El Departamento Administrativo de la Función Pública había expedido el Decreto 20 de 2026, que autorizó la creación de 6.800 nuevos cargos en la UNP, de los cuales 800 eran administrativos. Los nombramientos comenzaron el martes 3 de agosto bajo la figura de urgencia manifiesta, lo que permitió contrataciones directas sin los procesos de selección convencionales. Gallo advirtió que el sindicato haría un cruce de información para verificar si estos nuevos empleados cumplían con el pago de parafiscales y si efectivamente tenían experiencia en la profesión de escolta.

La denuncia de Analtraseg no llegó sola. La Contraloría General de la República ya había emitido una advertencia al gobierno saliente por el ritmo acelerado de contrataciones tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías. En apenas cuatro semanas, se comprometieron más de 4,5 billones de pesos del presupuesto nacional mediante contratación directa y contratos de prestación de servicios. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que el equipo de empalme detectó contrataciones por varios billones de pesos en el cierre del gobierno Petro y solicitó a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía que ejercieran vigilancia preventiva sobre estos procesos.

Lo que está en juego va más allá de irregularidades administrativas. Gallo enfatizó que ser escolta es una profesión que requiere formación específica y respeto por el oficio. "Sabrán de guerrilla, sabrán de insurgencia, sabrán de otras cosas, menos de ser escolta", dijo, subrayando que la seguridad de los protegidos y del propio gobierno entrante podría verse comprometida por la ausencia de controles rigurosos. El sindicato insistió en la necesidad de revisar minuciosamente las hojas de vida de los nuevos empleados y verificar la información ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La polémica se acentúa en un momento de transición política delicado. Con la asunción inminente de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado, la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación adelantados en los últimos días del gobierno saliente se han convertido en un punto de tensión entre sindicatos, organismos de control y la administración entrante. Los próximos días determinarán si las advertencias del sindicato y de los entes de fiscalización llevan a una revisión de estos nombramientos o si la nueva administración asume una estructura de seguridad cuya idoneidad permanece sin verificar.