Sí, podemos hablar de genocidio en Gaza: análisis jurídico de un crimen de lesa humanidad

La palabra genocidio no es un grito de indignación ni una forma de expresar dolor político. Es una categoría penal específica, nacida del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, con una definición precisa y consecuencias legales concretas. Según la Convención de las Naciones Unidas de 1948, genocidio es cualquier acto cometido con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La gravedad penal no depende del número de víctimas sino de la intención destructiva. Un tribunal belga condenó en noviembre de 2025 a Sammy Djedou, un yihadista del Estado Islámico, por genocidio y crímenes contra la humanidad por haber violado, secuestrado y esclavizado a tres jóvenes yazidíes entre 2014 y 2016. Tres personas. El delito fue reconocido porque esos crímenes individuales formaban parte de un plan sistemático de exterminio de la población yazidí.

Esta precisión jurídica importa porque durante décadas el término genocidio ha sido gastado por el uso emocional indiscriminado. Se ha invocado tan a menudo como expresión de rabia que ha perdido su poder denotativo. Lo mismo ocurrió con palabras como democracia y fascismo: empleadas mal tantas veces, acabaron inutilizadas. Ahora, cuando el fenómeno ocurre ante nuestros ojos, nos hemos quedado sin lenguaje para nombrarlo. Pero el derecho internacional no se construyó sobre sentimientos sino sobre hechos verificables y categorías precisas.

Ese derecho internacional nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, forjado por juristas judíos como Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin, ambos formados en la tradición jurídica de Lviv. Ellos propusieron limitar la soberanía nacional de los Estados cuando estuviera en peligro la libertad y supervivencia de individuos y minorías. El sistema de Westfalia, establecido en 1648, había permitido que los príncipes y luego los dictadores ejercieran poder absoluto sobre sus poblaciones en nombre de la no intervención. Bajo ese principio, la persecución de gitanos, armenios, judíos y disidentes fue considerada un asunto interno. Sesenta millones de cadáveres después, la comunidad internacional decidió que los derechos humanos eran patrimonio común de la humanidad, no propiedad de los Estados.

La Convención de la ONU define cinco formas concretas en que puede manifestarse el genocidio: matanza de miembros del grupo; lesión grave a su integridad física o mental; sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción; medidas para impedir nacimientos dentro del grupo; y traslado forzado de niños a otro grupo. No se trata de categorías vagas ni de interpretaciones elásticas. Son definiciones legales con precedentes jurisprudenciales.

Según el análisis presentado en el ensayo de Santiago Alba Rico, Israel ha cometido cada uno de estos crímenes en Gaza. Aproximadamente 20.000 niños han sido asesinados en los últimos tres años. Las acciones documentadas incluyen matanzas sistemáticas, destrucción de infraestructura civil, desplazamientos forzados y políticas que obstaculizan la reproducción demográfica de la población palestina. El argumento sostiene que esta voluntad destructiva no es nueva sino que forma parte del proyecto colonial sionista desde su origen, que contempló la limpieza étnica y la desaparición física de los palestinos como un deber existencial.

Nombrar esto como genocidio tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, es jurídicamente correcto según la mayoría de juristas y organizaciones internacionales consultadas. Segundo, y más importante, impide que Israel siga legitimando su existencia mediante una identificación fraudulenta entre el sufrimiento judío en Auschwitz y la construcción de un Estado en territorio ajeno. El Holocausto nazi sirvió para que sobre el sufrimiento judío se edificara el derecho internacional que ha guiado, aunque imperfectamente, los últimos ochenta años. El genocidio israelí en Gaza debería servir para construir un nuevo derecho internacional reformado, basado en la descolonización de las relaciones internacionales y en la igualdad económica y civil de todos los seres humanos.

Esta es la apuesta del argumento: que Europa, si quiere mantener alguna relevancia como potencia regulativa en el nuevo orden mundial, debe detener y castigar el genocidio israelí en Gaza. Eso exige llamarlo por su nombre. Y eso, paradójicamente, exige tomar partido por los judíos contra los sionistas, porque el derecho internacional que protege a las minorías fue construido precisamente para evitar que ningún grupo, por el sufrimiento que haya padecido, pudiera justificar la destrucción de otro.