Sheinbaum busca controlar la agenda de seguridad con golpes de efecto contra el crimen

Claudia Sheinbaum tiene tres meses de gobierno cuando llega el Año Nuevo, y cada uno de esos días ha estado marcado por la misma pregunta sin respuesta: ¿puede esta administración detener la sangría de violencia que desangra a México? El período de gracia se agota. Lo que queda es una apuesta por el efecto visual: decomisos espectaculares, detenciones en cadena, operativos que ocupen las primeras planas. Y en el centro de esa estrategia está Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, quien hace semanas se instaló en Sinaloa, donde las facciones del cartel que lleva el nombre del estado libran una guerra sin tregua desde septiembre por el control del negocio criminal.

La presencia de García Harfuch en Sinaloa envía dos mensajes simultáneos. Hacia adentro, Sheinbaum muestra a la sociedad mexicana que la batalla contra el crimen es seria, que no hay pactos ni negociaciones, una insistencia que ella misma ha repetido en sus conferencias de prensa. Hacia afuera, particularmente hacia Washington, la presidenta demuestra que la lucha contra el Cartel de Sinaloa es prioridad nacional, un gesto dirigido tanto a la administración Biden como al futuro gobierno de Donald Trump, que asumirá en cuestión de semanas. García Harfuch, un policía de carrera con cicatrices de bala en el cuerpo, es el mensajero perfecto para este relato: durante el sexenio anterior, cuando Sheinbaum gobernaba Ciudad de México y él era su secretario de seguridad, obtuvieron resultados que ahora avalan su gestión.

La máquina de comunicación del gobierno funciona con precisión casi diaria. Casi cada jornada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anuncia detenciones, decomisos, operativos. El día de Navidad, por ejemplo, informó de la captura de cuatro presuntos integrantes de Los Chapitos, una de las facciones en pugna del cartel sinaloense, junto con cuatro armas largas, una ametralladora Minimi y un lanzagranadas. Hace poco más de dos semanas, García Harfuch anunció el decomiso de fentanilo más grande en la historia del país: tonelada y media de pastillas en Los Mochis. Mientras tanto, Sheinbaum visitó Mazatlán para hablar de esperanza, de un hospital nuevo, de hectáreas de cultivos de regadío optimizados. El mensaje es deliberadamente dual: seguridad y desarrollo, mano dura y promesa.

Los números que el gobierno destaca son impresionantes en apariencia. García Harfuch informó antes de Navidad que se habían realizado 6.745 detenciones desde el 1 de octubre, cuando comenzó la administración. Sin decirlo explícitamente, el funcionario marcaba distancia con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un problema que los números no resuelven: en octubre y noviembre de este año, México registró más de 2.500 asesinatos. Las capturas no se traducen en vidas salvadas. El país sigue contando más de 30.000 homicidios anuales, una cifra que se repite desde 2017. La violencia homicida está fuera de control en Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja California y Sinaloa. La extorsión, un crimen que rara vez se denuncia, aumentó 15% en el último año según reconoció el propio gobierno antes de Navidad.

El Operativo Enjambre, desplegado en el Estado de México, representa el segundo frente de esta estrategia. Presentado como un golpe contundente contra la corrupción política y policial, ha resultado en la detención de jefes de policía de varios municipios y altos funcionarios, con apoyo de militares y marinas. Pero aquí también emerge el dilema fundamental: el éxito será efímero si no trasciende fronteras. El corredor que forman Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán muestra por qué. En muchos municipios de esos estados, la línea entre el crimen organizado y el poder político es casi invisible. Los grupos delincuenciales ven en el control de presupuestos municipales y jerarquías locales una oportunidad de negocio menos riesgosa que el narcotráfico. El asesinato del alcalde de Chilpancingo en octubre lo ilustra. El cobro de peajes en actividades económicas lícitas, como la enorme producción agrícola de Michoacán, completa el cuadro.

El verdadero desafío para Sheinbaum y García Harfuch no está en los operativos espectaculares, sino en lo que sucede después. Muchas veces, operativos rutilantes se desinflan en los juzgados. Los procesos penales son lentos, frágiles, vulnerables a la corrupción. Si el Operativo Enjambre permanece confinado al Estado de México, si no se extiende a Michoacán, Guerrero y otros estados donde operan los mismos grupos criminales, el golpe será superficial. Y si la justicia no prospera, si los detenidos no son condenados, entonces todo esto, los decomisos, las detenciones, los anuncios diarios, será solo ruido. Sheinbaum tiene tres meses de gobierno. México aguarda un descenso significativo de la criminalidad después de casi dos décadas. Todo éxito o fracaso de su administración pasa necesariamente por resolver esto.