Senado chileno aprueba lista de 12 expertos para redactar nueva Constitución

El Senado chileno votó el miércoles para sellar una decisión que llevaba semanas de negociación: aprobar a 24 expertos que redactarían el texto base para una nueva Constitución. Con 41 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la cámara alta ratificó a 12 especialistas que se sumarían a otros 12 ya elegidos por la Cámara de Diputados el día anterior. El resultado fue amplio, pero las tensiones que precedieron la votación dejaron claro que el consenso era frágil.

La negociación más ardua había girado en torno a la paridad de género. Las propuestas iniciales llegaron cargadas de hombres, lo que obligó a los comités de los partidos a volver a la mesa de trabajo. La centro-izquierda propuso a Gabriel Osorio, Catalina Lagos, Francisco Soto, Leslie Sánchez y Alejandra Krauss. La izquierda nombró a Magaly Fuenzalida. La coalición de derecha Chile Vamos sugirió a Hernán Larraín, Bettina Horst, Teodoro Ribera, Jaime Arancibia, Katherine Martorell y Sebastián Soto. Todos contaban con perfiles académicos sólidos y experiencia en la administración estatal, aunque algunos partidos enfrentaban un problema práctico: sus mejores cuadros ya habían participado en el proceso constituyente anterior y ahora estaban inhabilitados. Además, muchas figuras destacadas trabajaban en cargos del Gobierno.

Durante la votación, la senadora comunista Claudia Pascual advirtió que la presencia de expertos no garantizaba nada por sí sola. Lo que importaba, dijo, era que lo social y la política dialogaran y permitieran dejar atrás la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, el texto que rigió durante las más profundas violaciones de derechos humanos. El senador de derecha Javier Macaya, por su parte, llamó al momento un hito fundacional e insistió en que el éxito dependería de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Pero la senadora independiente Fabiola Campillay, quien había sido víctima de represión policial durante las protestas de 2019 que abrieron el primer proceso constituyente, fue más crítica. Cuestionó que los independientes y las organizaciones sociales estuvieran ausentes de la lista, y caracterizó el resultado como una Constitución de partidos políticos que habían traído a sus amigos como expertos.

Los 24 expertos tendrían tres responsabilidades principales. Primero, redactar el texto base que serviría de punto de partida para el nuevo proceso. Segundo, acompañar durante todo el camino a los consejeros del órgano constituyente, que serían elegidos en las urnas el 7 de mayo. Tercero, integrar por sorteo una comisión mixta que resolvería normas en disputa. El plazo era ajustado: los consejeros tendrían cinco meses para elaborar la propuesta que luego votaría la ciudadanía en un plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Este segundo intento constituyente operaba bajo reglas distintas a las del anterior. El acuerdo político incluía 12 principios institucionales que debía seguir el órgano redactor, principios diseñados para evitar una propuesta refundacional como la que los votantes habían rechazado el 4 de septiembre, cuando más del 62.5 por ciento dijo no a un texto redactado por una convención de mayoría progresista integrada por ciudadanos independientes sin afiliación partidaria. Pese a ese rechazo, existía consenso en que la Constitución actual, instaurada durante la dictadura, debía ser reemplazada. Lo que dividía era cómo hacerlo y quién debería hacerlo. Esta vez, los partidos políticos habían asegurado un lugar central en el proceso, tanto a través de los expertos como a través de los 12 pilares que limitarían el alcance de la reforma. El jueves, además, se ratificaron a 14 juristas que conformarían el Comité Técnico de Admisibilidad, un espacio que jugaría un rol arbitral y velaría por el cumplimiento de esos principios preacordados.