Senado brasileño aprueba proyecto para reducir condena de Bolsonaro a 27 años

El Senado brasileño votó el miércoles para reducir las condenas de Jair Bolsonaro y otros participantes en el intento de golpe de Estado que siguió a las elecciones presidenciales de 2022. La medida, que había avanzado una semana antes en la Cámara de Diputados, pasó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora se dirige al escritorio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su firma o veto.

Bolsonaro enfrenta una sentencia de 27 años de prisión por su papel en la conspiración. El proyecto de ley busca aliviar esa carga mediante un mecanismo legal simple pero de gran alcance: impide que se acumulen las penas por dos delitos que se consideran similares en naturaleza. Específicamente, evita sumar la condena por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho —que conlleva hasta ocho años— con la condena por golpe de Estado, que prevé hasta 12 años. Bajo esta lógica, solo se aplicaría la pena más grave de las dos, reduciendo significativamente el tiempo total de encarcelamiento.

La medida también introduce una reducción porcentual para los crímenes cometidos como parte de una multitud. Cuando los actos golpistas fueron perpetrados por grupos, como ocurrió durante el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023, la pena podría reducirse de un tercio a dos tercios. Esto reconoce una distinción legal entre los líderes de la conspiración y quienes participaron en los actos de violencia masiva.

Quizás lo más significativo para Bolsonaro personalmente es la disposición sobre progresión de régimen. El proyecto permite que los condenados por estos crímenes pasen del régimen cerrado al semiabierto después de cumplir al menos una sexta parte de su sentencia. Bajo estos términos, Bolsonaro podría abandonar la prisión cerrada en poco más de dos años, aunque seguiría obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluido durante un período adicional que determinaría la justicia.

Los beneficiarios del proyecto se extienden más allá del expresidente. Altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes de Bolsonaro para mantenerse en el poder después de su derrota electoral también se beneficiarían. Durante la votación previa en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el relator del proyecto, Esperidião Amin, aceptó incluir una enmienda que restringía los beneficiarios a aquellos vinculados específicamente con los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022. Esta maniobra fue clasificada como un "ajuste de redacción" para evitar que el proyecto regresara a la Cámara baja para nueva consideración.

Los críticos del proyecto habían argumentado que el texto original interfería en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y podía beneficiar a otros condenados por delitos graves no relacionados con el golpe. El relator respondió que el proyecto busca "corregir distorsiones" en las condenas del 8 de enero, argumentando que existe "consenso en que la mano ha sido muy dura" al juzgar esos actos.

Ahora el texto enfrenta su prueba final: la firma presidencial. Lula ya ha insinuado que podría vetarlo. Sin embargo, incluso si lo hace, el Congreso Nacional tiene el poder de derribar el veto y aprobar la medida legislativa sin la firma del mandatario, lo que significa que la reducción de penas podría convertirse en ley independientemente de la posición del presidente.