Senado aprobó nuevo marco regulatorio para biocombustibles con divisiones transversales

El Senado Nacional aprobó esta semana un proyecto de ley que redefine cómo funcionará el mercado de biocombustibles en Argentina durante la próxima década. La votación fue cerrada —41 votos a favor, 25 en contra— pero lo más revelador no fue el resultado numérico sino la geografía política que quedó expuesta: senadores de provincias que no son productoras de biocombustibles se alinearon contra legisladores de regiones que sí lo son, dividiendo bloques políticos de manera que ningún partido quedó intacto.

El proyecto ahora va a la Cámara de Diputados. Su propósito central es establecer un régimen de transición que durará hasta 2036, momento en el cual el mercado debería abrirse a la libre competencia. Mientras tanto, la ley eleva las cuotas obligatorias de mezcla: el biodiesel en el gasoil pasará de un corte mínimo del 7,5% a 10% después de doce meses de vigencia; el bioetanol en las naftas subirá de 12% a 15% en el mismo plazo, con una distribución equitativa entre el producido a partir de caña de azúcar y el derivado del maíz. El objetivo declarado es incentivar inversiones, consolidar la seguridad energética y promover una transición hacia un mercado más competitivo y ambientalmente sostenible.

Pero la realidad política es más áspera. Senadores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires cuestionaron la iniciativa con dureza, argumentando que sus regulaciones beneficiarán únicamente a las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe y Córdoba, mientras que los pequeños productores que operan de manera independiente —sin estar integrados verticalmente en cadenas productivas más amplias— enfrentarán presión competitiva insostenible. Daniel Bensusán, senador peronista por La Pampa, fue explícito: advirtió que pequeñas y medianas empresas del interior cerrarán en poco tiempo, concentrando toda la producción en el polo agroexportador santafesino. "Quienes acompañen esta ley tendrán que explicarle a los que pierdan sus fuentes de trabajo", dijo.

Para lograr la aprobación, el proyecto sufrió cambios de último momento. Los redactores introdujeron definiciones técnicas que distinguen entre empresas integradas verticalmente —aquellas con capacidad de producción superior a 50.000 toneladas anuales y que pertenecen a grupos económicos con fábricas de aceites vegetales— y empresas no integradas, con menor capacidad o sin vínculos con conglomerados aceiteros. También incorporaron mecanismos de protección: una cláusula antimonopolio que impide que cualquier empresa o grupo económico acumule más del 10% del biodiesel comercializado anualmente, con un techo máximo de 50.000 toneladas por firma. Además, la ley instruye a la autoridad de aplicación a establecer regiones geográficas de negociación limitadas al 20% del volumen anual, buscando optimizar la logística y proteger las cadenas de valor del interior.

La comercialización de biocombustibles para cumplir los cortes obligatorios funcionará mediante subastas públicas en un mercado electrónico operado por un organismo independiente, tomando como referencia los precios internacionales de paridad de importación. En materia tributaria, los biocombustibles quedan exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, gravándose solo el componente fósil de la mezcla final. La ley también desregula el uso de energías renovables complementarias como el biometano para inyección en gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación.

Flavia Royón, senadora de Primero los Salteños y presidenta de la Comisión de Minería, defendió el proyecto como "un nuevo marco regulatorio que intenta construir una política de largo plazo", combinando previsibilidad y competencia para fortalecer las economías regionales. Pero esa visión choca frontalmente con la de legisladores que ven en estas regulaciones el mecanismo exacto mediante el cual se consolidará la concentración del mercado en manos de quienes ya tienen escala, infraestructura y poder de mercado. El proyecto ahora enfrenta el escrutinio de Diputados, donde las divisiones regionales probablemente se harán aún más visibles.