Seis meses después: cómo las escuelas implementan la regulación de celulares

En marzo pasado, cuando comenzó el ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación de Santa Fe presentó un conjunto de directrices destinadas a regular el uso de teléfonos celulares en las aulas. El documento fue claro en su prohibición: nada de uso recreativo de estos dispositivos durante la jornada escolar. Pero dejó un espacio importante sin llenar. Cada escuela tendría que incorporar esas reglas a sus propios acuerdos de convivencia, adaptándolas a su realidad particular. Seis meses después, el panorama que emerge es el de instituciones que tomaron caminos muy distintos entre sí.

Algunas escuelas endurecieron los controles casi de inmediato. Otras mantuvieron esquemas flexibles. Varias ya venían trabajando sobre el tema antes de que llegara la recomendación oficial. El ministro José Goity había sido explícito sobre por qué esto importaba: las escuelas estaban siendo atravesadas por esta problemática, y la tarea era formar a los estudiantes para un uso seguro y responsable de la tecnología dentro de lo que él llamaba alfabetización digital. No era simplemente prohibir; era educar.

La norma establecía diferencias según el nivel educativo. En inicial y primaria, los celulares personales quedaban prohibidos durante toda la jornada escolar, incluyendo recreos. Las familias podían decidir si sus hijos llevaban o no el dispositivo, pero una vez en la escuela, no podría usarse. En secundaria, la puerta quedaba más abierta: los celulares podían utilizarse cuando formaran parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo. Fuera de esos casos, cada institución debía establecer normas claras sobre guardado y uso.

En la Escuela Madre Cabrini, la directora Lorena Mariana Gribaudo contó cómo la realidad los obligó a endurecer las medidas. Antes de la resolución ministerial, ya existía un acuerdo: los estudiantes mantenían los celulares apagados en las mochilas y solo los usaban cuando un docente lo autorizaba. Pero eso no funcionó. Los alumnos seguían utilizando los dispositivos durante las clases y los recreos. Entonces implementaron cajas con candado en cada curso. Los teléfonos entraban al inicio de la jornada y salían al final. Incluso eso requirió ajustes: algunos estudiantes ocultaban los celulares, filmaban videos para TikTok, continuaban usando los dispositivos pese a las restricciones. Cuando la violación se repetía, el teléfono debía ser retirado por la familia y se aplicaban sanciones. A pesar de estas dificultades, Gribaudo observó cambios positivos en la convivencia escolar. Más diálogo entre estudiantes durante los recreos. Mayor interacción cara a cara. Aunque admitió algo que revela la profundidad del problema: incluso sin celulares en la mano, algunos jóvenes simulaban grabar videos para TikTok mientras jugaban con sus compañeros.

En el Colegio La Salle, el director Lisandro Castagno eligió un camino diferente. La institución ya venía reflexionando sobre el uso de celulares antes de la medida provincial. La decisión fue construida junto a docentes y estudiantes. El resultado fue un esquema donde el criterio pedagógico quedaba en manos del educador. Los teléfonos podían utilizarse cuando formaban parte de una propuesta pedagógica: acceder a Classroom, completar formularios, consultar mapas, trabajar con herramientas digitales. En una escuela donde las aulas cuentan con pantallas y se desarrollan proyectos de robótica e impresión 3D, una prohibición absoluta habría resultado contradictoria. El objetivo era enseñar un uso responsable de la tecnología, no simplemente restringirla.

Juan Pablo Casiello, profesor e investigador y delegado seccional de Amsafe Rosario, señaló que las dinámicas institucionales no cambian de manera inmediata por una disposición ministerial. Los procesos son graduales. Todavía es difícil medir el nivel de adhesión a las pautas provinciales porque cada institución avanza con tiempos distintos. Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, consideró que el camino no pasa por prohibir completamente los dispositivos sino por establecer reglas claras. El celular puede utilizarse como herramienta pedagógica en actividades específicas, pero fuera de esos momentos no tiene sentido mantenerlo disponible durante las clases. Las escuelas van encontrando su propio camino, dijo.

La regulación se aplicó con mayor aceptación principalmente en escuelas privadas mediante sistemas de guardado de los celulares al ingresar al aula. Pero el debate está lejos de estar resuelto. Un informe de Argentinos por la Educación, elaborado con especialistas del Conicet y la Universidad Torcuato Di Tella, señala que el acceso a los celulares comienza a edades cada vez más tempranas. Casi seis de cada diez alumnos de tercer grado ya tienen un teléfono propio. En la secundaria, nueve de cada diez cuentan con uno. Eso significa que la regulación del uso responsable de la tecnología seguirá siendo un desafío que las escuelas tendrán que enfrentar durante años.