Seis elecciones impugnadas en EE.UU. y una que terminó en guerra: qué enseña la historia

En 2016, siendo candidato, Donald Trump se negó a comprometerse a aceptar el resultado de las elecciones. En 2020 repite el gesto: tampoco promete acatar lo que digan las urnas, y sus ataques constantes contra la fiabilidad y la legitimidad del voto por correo han preparado el terreno para cuestionar una eventual derrota alegando fraude. Eso alimenta el temor de que unos comicios impugnados erosionen la fe en la democracia estadounidense.

Alexander Cohen, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Clarkson, en Nueva York, mira ese temor desde la historia. Su argumento es que Estados Unidos tiene una larga tradición de elecciones disputadas y que, salvo una excepción, ninguna dañó de forma duradera el sistema político. Según él, la democracia sobrevivirá aunque Trump, o con menos probabilidad Joe Biden, impugne el resultado.

La clave, explica, es la legitimidad: el reconocimiento colectivo de que el gobierno tiene derecho a gobernar. En un sistema legítimo se aceptan incluso las políticas impopulares, como quien detesta los impuestos pero admite que son legales. Los sistemas que la ciudadanía no respalda pueden desplomarse o caer por una revolución. En las democracias, las elecciones generan esa legitimidad porque los ciudadanos participan en la selección de sus líderes. Y las disputas no han roto el sistema porque existen reglas para resolverlas y se han seguido: políticos y ciudadanos protestaron por la injusticia de la derrota, pero aceptaron haber perdido.

Cohen repasa cinco casos. En 1800, Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron el mismo número de votos del Colegio Electoral; la Cámara de Representantes convocó una sesión especial, como manda la Constitución, y necesitó 36 votaciones para dar el triunfo a Jefferson, que fue ampliamente aceptado. En 1824, Andrew Jackson ganó el voto popular frente a John Quincy Adams y otros dos candidatos, pero no alcanzó la mayoría del Colegio Electoral, y la Cámara escogió a Adams.

En 1876, entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden, varios estados del Sur no pudieron certificar con claridad un ganador. Lo resolvió una comisión electoral creada por el Congreso, con negociaciones entre los partidos. Hayes llegó a la presidencia, pero se hicieron concesiones a los estados sureños que en la práctica pusieron fin a la Reconstrucción.

La contienda de 1960, entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon, estuvo cargada de denuncias de fraude, y los partidarios de Nixon presionaron para que muchos estados hicieran recuentos. Nixon aceptó la decisión a regañadientes, en lugar de arrastrar al país a un malestar civil en plena tensión de la Guerra Fría con la Unión Soviética. En 2000, George W. Bush y Al Gore se disputaron Florida; la Corte Suprema puso fin a un recuento y Gore concedió públicamente la derrota con estas palabras: "Mientras estoy firmemente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto".

La excepción fue 1860. Tras la victoria de Abraham Lincoln sobre otros tres candidatos, los estados del Sur se negaron a reconocer el resultado: consideraron ilegítima la elección de un presidente que no protegiera la esclavitud. Estados Unidos se mantuvo unido solo a través de la Guerra Civil, que costó 600.000 vidas estadounidenses.

Según Cohen, en todos los casos el país estaba dividido y las elecciones fueron muy reñidas. Lo que distingue a 1860 es que la división giraba en torno a la esclavitud, una cuestión ética, y seguía líneas geográficas que hicieron posible la revolución; además, la Confederación era notablemente homogénea entre clases. Hoy el país está dividido, pero el pensamiento político está mucho más disperso y es más complejo que aquella cohesión ideológica.

Si se impugnara la elección de 2020, la Constitución indica el camino, dice el autor: el presidente no puede declarar inválida una elección; los estados, responsables de la integridad de sus procesos, pueden investigar irregularidades, aunque es improbable que cambien un resultado, pues el fraude es extraordinariamente raro. Después podrían venir apelaciones ante la Corte Suprema o demandas contra los estados, donde habría que probar de forma contundente conducta dolosa o fraude. Si fracasan, el presidente electo asumiría el día de la investidura y solo podría ser removido mediante juicio político. Cohen cree que el Estado de derecho perdurará, y lo que habrá que observar es si se respetan esas reglas.