SEA recomienda aprobar megaproyecto de US$ 11.000 millones de amoníaco verde en Magallanes

En la región más austral de Chile, un proyecto de escala monumental acaba de franquear un umbral crucial. El Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes emitió esta semana su recomendación de aprobación para el Estudio de Impacto Ambiental de HNH Energy, una iniciativa de once mil millones de dólares destinada a producir amoníaco verde en la Patagonia chilena. Con esa recomendación, el proyecto avanza hacia las últimas etapas de autorización ambiental, aunque aún debe recibir el visto bueno de organismos municipales y agencias sectoriales antes de poder convertirse en realidad.

La envergadura de lo que se propone es difícil de captar de una sola vez. El complejo industrial incluiría una planta de procesos capaz de transformar hidrógeno verde en amoníaco, una desaladora de agua de mar para abastecer tanto la producción como el resto de las operaciones, un parque eólico de ciento noventa y cuatro aerogeneradores con capacidad de mil cuatrocientos megawatts, y un puerto especializado para almacenar y exportar el producto final por vía marítima. Todo esto se levantaría en Magallanes con una vida útil proyectada de cincuenta años, extendiéndose hasta 2084 cuando comience su desmantelamiento.

La dimensión laboral del proyecto es considerable. Durante la fase de construcción, se espera que trabajen hasta tres mil novecientos noventa y ocho personas. Una vez que la planta entre en operación, ese número se reduciría a mil setecientos setenta y siete empleados. Finalmente, durante el cierre y restauración de los terrenos, que se extendería desde el primer semestre de 2083 hasta el segundo semestre de 2084, participarían mil ciento diez trabajadores más. En total, el proyecto movilizaría seis mil ochocientos ochenta y cinco personas a lo largo de sus tres fases operativas. Para albergar a quienes requieran permanencia en la zona, se construirían dos campamentos con capacidad para mil y tres mil personas respectivamente.

El SEA fundamentó su recomendación en varios aspectos técnicos. Según el Informe Consolidado de Evaluación, el titular del proyecto subsanó los errores, omisiones e inexactitudes que habían sido identificados durante el proceso de revisión. El organismo también constató que la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente y con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales requeridos. Dada la complejidad del proyecto, este ingresó al sistema de evaluación bajo múltiples tipologías: líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, subestaciones, centrales generadoras de energía, terminales marítimos, emisarios submarinos e instalaciones fabriles, entre otras categorías.

Durante la tramitación, el titular incorporó una serie de compromisos ambientales voluntarios que quedaron registrados en el informe. Estos incluyen la construcción de miradores interpretativos sobre el paisaje denominados Aikes, la gestión activa del patrimonio cultural de la Zona Típica Estancia San Gregorio con monitoreo de vibraciones en sus edificaciones, un plan de gestión vial, la promoción de contratación de mano de obra local, un programa de buenas prácticas sociolaborales, y el seguimiento de avifauna mediante monitoreo de carcasas en el entorno de los aerogeneradores. Estos compromisos reflejan un esfuerzo por mitigar los impactos sobre el territorio y sus comunidades.

El proyecto también contempla una segunda fase de expansión que aún no ha sido evaluada. Esta fase incluiría un parque eólico adicional de aproximadamente dos mil cien megawatts, diseñado para proporcionar energía complementaria que permitiera a la planta operar a su máxima capacidad de producción. Esa expansión será sometida a evaluación ambiental en su momento como un proyecto futuro independiente.

Ahora el proceso entra en su recta final. Las municipalidades de Punta Arenas, San Gregorio y Laguna Blanca, junto con otros organismos con competencia ambiental, tienen hasta el veinticuatro de agosto para revisar el Informe Consolidado de Evaluación y emitir sus observaciones. Una vez que transcurra ese plazo, la decisión final sobre la aprobación ambiental quedará en manos de la autoridad competente. Para la región de Magallanes, que históricamente ha dependido de la ganadería y la extracción de recursos naturales, este proyecto representa una apuesta por la transición energética y la industrialización verde, aunque también plantea interrogantes sobre sus efectos a largo plazo en un territorio de características ecológicas únicas.