SCJN ordena que juzgados especializados en telecomunicaciones resuelvan amparos sobre registro de celulares

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta semana una disputa que había dividido a los tribunales del país: cuál es la instancia correcta para juzgar los amparos presentados contra el sistema de registro de teléfonos celulares vinculados con el CURP. La decisión, tomada por mayoría de votos en la contradicción de criterios 115/2026, establece que solo los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones tienen competencia para resolver estos casos. El proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

El conflicto surgió porque distintos tribunales habían adoptado posturas opuestas. Algunos juzgados remitían los amparos indirectos a los tribunales especializados en telecomunicaciones, mientras que otros consideraban que debían ser resueltos por juzgados administrativos ordinarios. La Corte necesitaba zanjar esta contradicción para establecer un criterio único en todo el país.

La ministra Esquivel Mossa argumentó en su proyecto que la naturaleza del asunto exige un análisis técnico profundo. No se trata simplemente de una cuestión administrativa, sino de un tema que requiere expertise especializada en telecomunicaciones. El sistema de identificación de líneas móviles implica examinar la validez constitucional de un mecanismo de identificación poblacional, el manejo de datos personales en el registro de líneas, las obligaciones que tienen los prestadores de servicios de telefonía, y las consecuencias de implementar este sistema a la luz de la normatividad constitucional vigente. Estos elementos técnicos y legales complejos, argumentó, justificaban que los juzgados especializados fueran los encargados de conocer los amparos.

Los Juzgados de Distrito Especializados en Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México pero con jurisdicción nacional, serán entonces los responsables de resolver todos los amparos que se presenten contra los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles. Esta decisión de competencia es importante porque centraliza el conocimiento de estos casos en tribunales que cuentan con la preparación técnica necesaria para entender los detalles del sistema.

Sin embargo, la resolución de la Corte no cierra el debate de fondo. La decisión sobre competencia no prejuzga la constitucionalidad del sistema en sí mismo, es decir, no determina si es o no válido que las autoridades de Telecomunicaciones ordenen vincular una línea de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población del titular. Ese análisis de constitucionalidad quedará pendiente para que lo resuelvan los juzgados especializados cuando conozcan los amparos específicos.

Tres ministros votaron en contra del proyecto. María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y Arístides Guerrero García consideraron que el asunto debería ser resuelto por juzgados administrativos ordinarios. Su argumento fue que el punto central no es técnico sino de protección de datos personales. Desde su perspectiva, el manejo de información personal de los ciudadanos es una cuestión administrativa general, no una materia especializada de telecomunicaciones, y por lo tanto debería ser conocida por tribunales administrativos sin especialización.

La decisión de la mayoría prevalece, pero deja abierta una tensión conceptual: si el sistema es fundamentalmente sobre datos personales o fundamentalmente sobre telecomunicaciones. Los próximos amparos que lleguen a los juzgados especializados tendrán que navegar esta complejidad mientras resuelven si el registro de celulares con CURP es constitucional.