Santander, Blackstone y Pollen abren la venta de créditos morosos a inversores minoristas

Comprar un crédito moroso no asegura que termines siendo dueño de la casa
Las gestoras advierten que los compradores minoristas confunden el activo que compran con el inmueble que lo respalda.
Mark

¿Por qué ahora? ¿Qué cambió para que de repente Santander, Blackstone y Pollen decidieran vender esto a personas normales?

Mimi

La tecnología. Desarrollaron plataformas digitales que hacen el proceso más accesible. Pero también detectaron que había más interés general en estos activos, así que decidieron abrir el acceso.

Luke

Pero los números dicen que menos del 15% de las ventas son a minoristas. ¿Es realmente una apertura o es marketing?

Mimi

Es ambas cosas. Las plataformas existen y funcionan, pero el negocio real sigue siendo con instituciones. Probablemente es una forma de captar nuevos clientes mientras mantienen el grueso de la operación donde siempre estuvo.

Mark

¿Qué riesgos corre alguien que compra uno de estos créditos?

Mimi

Muchos. Primero, que el deudor no pague. Segundo, que aunque ejecutes la hipoteca y vendas la casa, el precio no cubra lo que invertiste. Y tercero, que aunque consigas el dinero, nunca serás dueño del inmueble.

Luke

¿Y las gestoras qué dicen sobre eso?

Mimi

Incluyen advertencias legales y recomiendan que busques asesoramiento profesional. También hay un test de idoneidad, aunque desde algunos servicer aclaran que ese test no verifica si es una buena inversión para ti, sino que cumples con las normas de blanqueo de capitales.

Mark

Entonces, ¿quién gana aquí?

Mimi

Los que compran a buen precio y logran recuperar la deuda completa, o los que venden el inmueble por más de lo que pagaron por el crédito. Pero eso requiere suerte, timing y conocimiento.

Luke

¿Y las gestoras?

Mimi

Ganan comisiones por gestionar estos créditos, independientemente de si los vende a instituciones o a particulares. El riesgo de la inversión es del comprador, no de ellas.

  • Diglo, Aliseda e Hipoges han lanzado plataformas digitales que permiten a cualquier particular comprar deuda impagada respaldada por hipotecas, rompiendo una barrera de acceso histórica.
  • El catálogo supera los 4.300 créditos morosos disponibles en línea, pero las ventas minoristas representan menos del 15% de la facturación total de estas gestoras.
  • Las plataformas exigen test de idoneidad y advierten con alertas legales explícitas: lo que se compra es el préstamo, no el inmueble, y la rentabilidad depende de márgenes de recuperación sin garantías de propiedad.
  • La promesa de ganancia reside en el diferencial entre el precio de compra del crédito y lo que finalmente se recupera, ya sea por pago del deudor o por ejecución hipotecaria y subasta.
  • El riesgo real permanece elevado y la complejidad operativa es significativa, lo que mantiene a los grandes inversores institucionales como protagonistas indiscutibles del mercado.

En España, tres grandes gestoras inmobiliarias vinculadas a Santander, Blackstone y Pollen Street han comenzado a ofrecer créditos morosos a inversores particulares a través de plataformas digitales, abriendo un mercado que durante décadas perteneció casi en exclusiva a instituciones financieras y fondos especializados. Con más de 4.300 préstamos disponibles en línea, el sector habla de democratización, aunque los números revelan que menos del 15% de las ventas llega realmente al público general. Es una apertura real pero parcial: la puerta existe, pero el grueso del capital sigue fluyendo por canales profesionales donde el conocimiento técnico sigue siendo la verdadera moneda de acceso.

Hace poco más de un año, Diglo —controlada por Santander—, Aliseda —de Blackstone— e Hipoges —operada por Pollen Street— tomaron una decisión inédita: abrir sus catálogos de créditos morosos a inversores particulares. Hasta entonces, este tipo de activo circulaba casi exclusivamente entre fondos especializados, instituciones financieras y algunos abogados con acceso a canales cerrados. La tecnología lo hizo posible: plataformas digitales que simplifican el proceso de compra y permiten consultar más de 4.300 préstamos impagados disponibles para la venta.

En la superficie, el proceso parece accesible. El comprador entra en la plataforma, expresa interés, firma un acuerdo de confidencialidad y, si el titular aprueba la oferta, la transacción se formaliza ante notario con inscripción registral de los derechos hipotecarios. Sin embargo, la complejidad real comienza justo ahí. Las gestoras advierten con claridad: lo que se adquiere no es el inmueble, sino el préstamo garantizado por él. Si el deudor paga, el comprador recupera su inversión con margen. Si hay ejecución hipotecaria, el inmueble va a subasta sin garantía de que el nuevo acreedor sea quien lo obtenga.

Las plataformas incluyen advertencias legales, recomendaciones de asesoramiento profesional y un test de idoneidad que, según reconocen los propios servicer, no evalúa si la inversión es adecuada para el comprador, sino que cumple con los controles antilavado de capitales. A pesar del discurso de democratización, los números cuentan otra historia: las ventas minoristas representan menos del 15% de la facturación total. El grueso del negocio sigue siendo institucional, con inversores que conocen exactamente qué están comprando y qué riesgos asumen. La puerta está abierta para cualquiera, pero el mercado real sigue operando, en su mayor parte, en otro nivel.

Hace poco más de un año, tres grandes gestoras inmobiliarias vinculadas a bancos y fondos de inversión tomaron una decisión que cambiaría quién podía comprar deuda impagada en España. Diglo, controlada completamente por Santander; Aliseda, que pertenece a Blackstone; e Hipoges, operada por Pollen Street, comenzaron a abrir sus catálogos de créditos morosos a inversores particulares. Hasta entonces, este tipo de activos había circulado casi exclusivamente entre instituciones financieras, fondos especializados y algunos profesionales —abogados, principalmente— que tenían acceso a través de canales cerrados y conocimiento técnico de la operativa.

Lo que permitió este cambio fue la tecnología. Las tres gestoras desarrollaron plataformas digitales que simplifican el proceso de compra, permitiendo que cualquier persona con acceso a internet pueda consultar créditos disponibles, manifestar interés y, si todo avanza, formalizar la transacción ante notario. Hoy tienen más de 4.300 préstamos impagados listos para la venta a través de estos canales. El sector lo llama democratización del acceso a un activo complejo. Desde las propias gestoras se reconoce que el interés de distintos tipos de inversores por estos créditos ha crecido en los últimos años, y decidieron responder a esa demanda abriendo las puertas.

Pero la realidad de los números es más matizada. Aunque las plataformas digitales existen y funcionan, el grueso del negocio sigue siendo con inversores profesionales. En algunas de estas firmas, las ventas formalizadas a través de la web representan menos del 15% de la facturación total. Los servicer —que actúan como gestores de créditos que no les pertenecen, sino que administran por cuenta de bancos, fondos y otras entidades— no son los dueños de lo que venden. En el caso de Diglo, los préstamos que comercializa son propiedad tanto de Santander como de clientes externos a los que presta servicio.

El proceso de compra es relativamente directo en la superficie. Un consumidor entra en la plataforma, ve los créditos disponibles, expresa interés. Un gestor se pone en contacto para aclarar dudas y proporcionar documentación, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad. Si el titular del crédito aprueba la oferta, se formaliza la venta en escritura pública ante notario, se inscriben los derechos hipotecarios a nombre del nuevo propietario y se completan los trámites registrales. Pero aquí comienza la complejidad que las gestoras quieren que los compradores entiendan.

Cada plataforma incluye advertencias legales dirigidas específicamente a consumidores sin experiencia profesional en este tipo de inversiones. Las gestoras recomiendan que los compradores busquen asesoramiento legal, financiero y fiscal antes de proceder. También exigen un test de idoneidad, aunque desde algunos servicer se aclara que este test no verifica si la inversión es adecuada para el comprador, sino que cumple con los requisitos de control del blanqueo de capitales. Las alertas son claras: lo que se compra no es el inmueble, sino el préstamo que está garantizado por él. Comprar un crédito moroso no asegura que el comprador termine siendo dueño de la casa. Si el deudor original paga, el acreedor recupera su dinero. Si hay ejecución hipotecaria, el inmueble se vende en subasta, pero sin garantía de que el nuevo dueño del crédito sea quien lo adquiera.

La promesa de rentabilidad está en el diferencial. Como norma general, el precio de compra de un crédito moroso es inferior a la deuda pendiente. Si el deudor paga, el comprador recupera más de lo que invirtió. Si hay ejecución y venta del inmueble, la rentabilidad depende de si el precio de venta supera lo que se pagó por el crédito. Es un juego de márgenes y recuperación, no de propiedad garantizada. Las gestoras destacan que incluyen salvaguardas adicionales en estas transacciones con consumidores, aunque no especifican cuáles son. Lo que sí es claro es que el riesgo sigue siendo alto, la complejidad real, y que aunque la puerta está abierta para cualquiera, la mayoría del dinero sigue entrando por la puerta de atrás, la de los inversores que saben exactamente qué están comprando.

La compra de un préstamo moroso no asegura que el inmueble se vaya a adquirir por el comprador al finalizar el procedimiento judicial
— Advertencia legal de las gestoras inmobiliarias
Se recomiendan recibir asesoramiento legal, financiero y fiscal de profesionales cualificados, debiendo pasar un test de idoneidad
— Recomendaciones de los servicer a consumidores
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