Santa Fe crea fideicomiso con nueva tasa agrícola para rutas: el campo se divide entre apoyo y críticas

Santa Fe está armando un fideicomiso financiado con una nueva tasa sobre el transporte agrícola, un mecanismo diseñado para reparar y mantener las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, por donde pasa la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas. El gobierno provincial anunció la iniciativa junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias. La idea es transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores. Si se concreta, la medida implicará una tarifa variable calculada por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Todos los recursos irían exclusivamente a obras viales, y los municipios perderían la potestad de cobrar tasas propias.

El contexto que explica la urgencia es claro: la campaña agrícola 2025/26 proyecta una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que el ciclo anterior. La Bolsa de Comercio estima que la liquidación de divisas del agro alcanzará USD 35.375 millones en 2026, cifra que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior. Entre abril y diciembre de 2026, se esperan USD 29.600 millones en ingresos por exportaciones agroindustriales. Durante el período de cosecha, alrededor de dos millones de camiones entran a los puertos santafesinos, un flujo que genera un deterioro sustancial de rutas y accesos. Actualmente, el corredor agroindustrial del Gran Rosario recibe alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos. Esta presión sin precedentes sobre la infraestructura vial exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba su propia tasa vial para financiar servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso. El esquema no plantea un peaje tradicional, sino una tarifa variable según el peso transportado por cada camión, reconociendo que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. La Sociedad Rural Argentina reconoció la relevancia estratégica de contar con infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial. Sin embargo, advirtió que la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría un aumento adicional de los costos logísticos que recaería directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva. La entidad enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad. También señaló que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que demanda su propia actividad. En contraste, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, confirmaron apoyo a la medida. La división en el sector refleja una tensión fundamental: mientras algunos ven en el fideicomiso una solución integral para mantener la infraestructura crítica, otros lo perciben como un costo adicional en un momento en que los márgenes ya están bajo presión.