Sánchez insiste al PP y Vivas para trasladar menores migrantes de Ceuta a la Península

El Gobierno español lleva semanas pidiendo al Partido Popular y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, que autoricen el traslado de menores migrantes desde la ciudad autónoma hacia la Península. La solicitud es reiterada, urgente, y hasta ahora sin respuesta positiva. Desde el 28 de agosto, el Ejecutivo ha presentado una propuesta formal para acoger a 500 menores en territorio peninsular, pero Ceuta la rechaza sistemáticamente. Mientras los gobiernos se enfrentan en una batalla política sobre quién debe hacerse cargo, aproximadamente 1.000 menores permanecen en las calles de la ciudad, sin acceso a servicios básicos ni a una solución de acogida que les permita salir de esa situación.

La propuesta del Gobierno es concreta: trasladar medio millar de estos menores a la Península, lo que aliviaría la presión sobre Ceuta y garantizaría a los niños acceso a recursos, alojamiento y atención. Sin embargo, la administración local ha mantenido una postura de rechazo durante casi tres semanas. El Ejecutivo central insiste, sus ministros intervienen públicamente pidiendo que se permita el traslado, pero la respuesta sigue siendo negativa. El PP, que gobierna tanto en Ceuta como en muchas otras administraciones, se alinea con Vivas en esta posición.

Lo que está en juego es la vida cotidiana de mil menores. No están en albergues. No están en centros de acogida. Están en las calles de Ceuta, expuestos a las inclemencias del tiempo, sin garantías de comida, sin acceso a educación, sin protección. La ciudad autónoma, fronteriza, con una población de poco más de 80.000 habitantes, se ve desbordada por una crisis que trasciende sus capacidades administrativas. Pero el rechazo a trasladar a estos menores no responde solo a limitaciones logísticas: hay un componente político claro, una disputa sobre responsabilidades y sobre quién debe cargar con el costo de una crisis migratoria que afecta a toda España.

El Gobierno ha intentado múltiples vías. La propuesta formal del 28 de agosto fue un paso institucional claro: aquí está el plan, aquí están los recursos, aquí está la solución. Pero Ceuta no la aceptó. Desde entonces, el Ejecutivo ha mantenido la presión pública, con sus ministros hablando en medios, pidiendo que se reconsidere la posición. Es una estrategia de visibilidad, de poner el tema en la agenda mediática, esperando que la presión política genere un cambio de criterio. Hasta ahora, no ha funcionado.

La crisis humanitaria persiste sin resolución. Mil menores siguen en las calles. El enfrentamiento entre gobiernos continúa. Y mientras tanto, cada día que pasa es un día más que estos niños pasan sin protección adecuada, sin un lugar seguro donde dormir, sin acceso a lo básico. La propuesta del Gobierno sigue sobre la mesa, pero rechazada. El Ejecutivo sigue pidiendo, pero sin éxito. Y Ceuta sigue diciendo no, mientras la ciudad se ve atrapada entre una crisis humanitaria real y una batalla política que no parece tener salida cercana.