A finales de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez propuso una reforma del sistema de financiación autonómica que, bajo la promesa de 21.000 millones adicionales para el conjunto de las regiones, redistribuye recursos de manera que deja a Andalucía con 2.000 millones menos que en el esquema actual. Como ocurre con toda redistribución, la aritmética del bien común choca con la experiencia concreta de quienes pierden: hospitales, escuelas y carreteras son el rostro humano de esos números. El modelo aún debe sortear un Parlamento donde Junts guarda la llave de la mayoría, convirtiendo una reforma