San Sebastián de los Reyes ordena el cierre de colegio para niños con discapacidad tras 40 años sin licencia urbanística

Desde hace cuatro décadas, El Ardal ha funcionado como refugio educativo en San Sebastián de los Reyes para niños con discapacidad intelectual y necesidades especiales. La escuela, ubicada en una parcela privada, ofrece un modelo pedagógico personalizado con actividades en entornos naturales, atendiendo a alrededor de 140 familias que cada mañana confían sus hijos a este centro privado de infantil y primaria. Pero este lunes, el Ayuntamiento ha ordenado su cierre y precintado, dejando en suspenso la continuidad educativa de cientos de menores.

El conflicto tiene raíces profundas. Cuando Paloma de Haro abrió el colegio en 1985, respondía a una necesidad clara en la localidad: una escuela adaptada para alumnos con discapacidad. Desde el inicio, el centro contó con todas las licencias educativas requeridas. Sin embargo, el terreno siempre estuvo clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, lo que significaba que, desde la perspectiva urbanística municipal, la actividad era irregular. El Ayuntamiento sostiene que esta irregularidad ha persistido durante más de cuarenta años.

Las disputas legales comenzaron al menos desde 2002. Los juzgados confirmaron órdenes de cese entre 2003 y 2005, pero De Haro logró movilizar a padres y residentes locales mediante recogidas de firmas que frenaron entonces la ejecución de esas órdenes. Durante años, las aguas parecieron calmarse. Pero entre 2018 y 2020, el centro realizó obras en la parcela —según la directora, solo módulos de madera desplazables— que reactivaron la tensión. En febrero de 2023, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de los usos y obras.

Lo que sucedió después revela un giro en la narrativa. Antes de las elecciones municipales de 2023, la entonces candidata Lucía Soledad Fernández, ahora alcaldesa del PP, visitó el centro junto a otra edil. De Haro recuerda que les gustó lo que vieron. Ya en la alcaldía, en noviembre de 2023, el equipo de Gobierno le explicó que el problema podría resolverse con una nueva calificación urbanística del suelo. El 30 de abril de 2024, la directora entregó la documentación necesaria para ese cambio. Desde entonces, según De Haro, el expediente ha permanecido sin respuesta durante más de un año.

A finales de mayo de 2025, en una nueva reunión con el equipo de Gobierno, le comunicaron que la actividad debía cesar. El Ayuntamiento aclaró que la reclasificación del suelo no estaba prevista, descartando cualquier proyecto urbanístico futuro. El 16 de junio, el consistorio insistió en la necesidad de cierre. El Ardal presentó alegaciones, pero el 19 de agosto, el Ayuntamiento confirmó la orden de cese. El 10 de septiembre, con el curso escolar ya iniciado, llegó la última notificación fijando el precintado para este lunes.

Las familias han respondido con movilización. Iniciaron una recogida de firmas online hace dos semanas que ya acumula más de 15.000 apoyos. En un comunicado conjunto, los padres advierten que las consecuencias para sus hijos son devastadoras y exigen una solución que garantice la continuidad del proyecto educativo por su valor social extraordinario. El Ayuntamiento ha señalado que la dirección del centro conocía la realidad de los hechos desde junio y aparentemente no los trasladó a las familias.

Solo una resolución judicial podría frenar ahora la clausura. El caso expone una tensión clásica entre regularidad administrativa y continuidad de un servicio educativo especializado que, durante cuatro décadas, ha operado en una zona técnicamente prohibida pero que ha servido a una población vulnerable. Lo que suceda en los próximos días determinará si 140 familias logran mantener a sus hijos en una escuela diseñada específicamente para ellos, o si la rigidez normativa prevalece sobre la realidad educativa y social que El Ardal ha construido.