En el largo y complejo camino de la justicia peruana frente a sus expresidentes, una sala de apelaciones decidió que una decisión que dejaba en libertad condicionada a Martín Vizcarra no podía quedar firme tal como fue dictada. Lo que se anuló no fue una sentencia sobre su culpa, sino el modo en que se había evaluado el riesgo de que el acusado eluda la acción de la ley, un examen que debe volver a empezar ante otro magistrado. La historia recuerda que la prisión preventiva es una medida excepcional, y su destino ahora depende de una nueva mirada sobre la misma pregunta de fondo: si el peligro
Sala anula decisión que rechazó prisión preventiva contra Martín Vizcarra y ordena nueva audiencia
La anulación no significa que se haya dictado prisión preventiva
¿Qué cambió exactamente con esta decisión de la Sala?
Se anuló la resolución del juez Alcocer que había rechazado la prisión preventiva. Ahora el pedido se discute de nuevo, con otro juez.
¿Quién apeló?
Las dos partes: la defensa de Vizcarra y la Fiscalía, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.
Conviene notar que la Sala no ordenó prisión. Solo anuló y mandó repetir la audiencia.
¿Qué había dispuesto Alcocer?
Comparecencia con restricciones por seis meses y prohibición de salir del país durante ese mismo plazo.
¿Qué pesa en el peligro de fuga?
La nueva decisión considera que Vizcarra no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir a la justicia.
Eso es un criterio de la Sala sobre un elemento del riesgo; el texto no detalla cómo se valoraron otros factores, ni por qué la defensa apeló.
¿Y el fondo del caso?
Se trata de presuntos pagos ilícitos a cambio de favorecer a empresas en Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
Son imputaciones presuntas. Tampoco sabemos aún la fecha de la nueva audiencia ni quién será el juez.
Il Polso
- Un juez había rechazado la prisión preventiva y ordenado restricciones y impedimento de salida del país por seis meses, lo que encendió la controversia.
- La defensa de Vizcarra y la Fiscalía, rivales en casi todo, coincidieron en apelar la misma resolución y sacudieron el expediente.
- La Sala Penal de Apelaciones declaró fundadas ambas apelaciones y anuló la Resolución N.º 3 del 27 de junio de 2025.
- El pedido de prisión preventiva vuelve a la mesa desde cero, y otro juez de Investigación Preparatoria Nacional decidirá en la nueva audiencia.
En el largo y complejo camino de la justicia peruana frente a sus expresidentes, una sala de apelaciones decidió que una decisión que dejaba en libertad condicionada a Martín Vizcarra no podía quedar firme tal como fue dictada. Lo que se anuló no fue una sentencia sobre su culpa, sino el modo en que se había evaluado el riesgo de que el acusado eluda la acción de la ley, un examen que debe volver a empezar ante otro magistrado. La historia recuerda que la prisión preventiva es una medida excepcional, y su destino ahora depende de una nueva mirada sobre la misma pregunta de fondo: si el peligro de fuga justifica privar de libertad a quien aún no ha sido condenado.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución que había rechazado la prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La decisión, conocida a fines de julio de 2025, ordena que el pedido se vuelva a evaluar en una nueva audiencia ante otro juez de Investigación Preparatoria Nacional.
El proceso investiga un presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. La resolución anulada, la Resolución N.º 3 del 27 de junio de 2025, fue dictada por el juez Víctor Alcocer, quien declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva e impuso comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por seis meses.
La Sala llegó a su decisión tras admitir las apelaciones de la defensa técnica de Vizcarra y del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dos partes con intereses opuestos en casi todo lo demás. Al analizar el peligro de fuga, el nuevo tribunal consideró que el exmandatario no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida eludir a la justicia.
Las acusaciones se vinculan con presuntos pagos ilícitos a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras públicas, entre ellas el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
La anulación no equivale a una prisión preventiva: significa que la discusión debe repetirse desde la audiencia. Será el nuevo magistrado quien decida si corresponde esa medida o si se mantiene alguna forma de comparecencia.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución con la que se había rechazado la prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La decisión se conoció a fines de julio de 2025 y ordena que el pedido vuelva a evaluarse en una nueva audiencia, ante un nuevo juez de Investigación Preparatoria Nacional.
El proceso en el que se inscribe la medida es por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano. La resolución anulada es la Resolución N.º 3, del 27 de junio de 2025, dictada por el juez Víctor Alcocer. En ella, Alcocer declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva y, en su lugar, impuso a Vizcarra comparecencia con restricciones por seis meses, además de impedirle salir del país durante el mismo plazo.
La Sala llegó a su decisión tras declarar fundado el recurso de apelación presentado por dos partes con intereses opuestos en casi todo lo demás: la defensa técnica de Martín Vizcarra Cornejo y el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ambas habían impugnado la Resolución N.º 3. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, fue quien apeló en nombre del Ministerio Público.
En su análisis sobre el peligro de fuga, la nueva decisión toma en cuenta que el exmandatario acusado no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida eludir a la justicia.
El caso se vincula con presuntos pagos ilícitos que Vizcarra habría recibido a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras públicas. Las obras mencionadas son el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
La anulación no significa que se haya dictado prisión preventiva contra Vizcarra: significa que la discusión debe repetirse desde la audiencia. Será otro juez de Investigación Preparatoria Nacional quien resuelva si corresponde esa medida o si se mantiene alguna forma de comparecencia. Lo que sigue es la fijación de la nueva audiencia y la decisión de ese magistrado.
Citazioni salienti
La nueva decisión considera que el acusado no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir a la justicia (paráfrasis).— Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional