Saharauis ven en la ley de nacionalidad española una reparación histórica mientras Marruecos guarda recelo

El Congreso de los Diputados se disponía a votar una ley que podría cambiar la vida de hasta 200.000 personas: saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental era provincia española número 53, sus descendientes dispersos en campamentos de refugiados en Argelia, y otros miles repartidos por Europa. Para muchos de ellos, la aprobación representaba algo más que un trámite administrativo. Era, después de cinco décadas de espera, una reparación por una historia que los dejó en tierra de nadie.

Desde que las primeras iniciativas legislativas surgieron hace más de tres años, la expectativa ha crecido entre los saharauis. Pero mientras ellos miraban hacia Madrid con esperanza, Marruecos guardaba silencio oficial. Tras bastidores, sin embargo, el Gobierno de Rabat transmitía inquietud. Una ley que reconociera una identidad diferenciada para ciudadanos en territorio que controla desde 1975 tocaba un nervio sensible: la soberanía y la ciudadanía.

Bucharaya Bahi, presidente del Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española, hablaba desde El Aaiún con cuidado de no encender confrontación política. A sus 56 años, este jurista insistía en que se trataba de una cuestión de derechos individuales, no de diplomacia. "Personas que nacieron cuando el Sáhara estaba bajo Administración española y que, por las circunstancias históricas posteriores, quedaron en una situación de incertidumbre respecto a su nacionalidad", explicaba. Para él, un pasaporte español significaba movilidad, estudios, trabajo. Pero también algo más profundo: la recuperación de un vínculo que muchas familias habían mantenido a través de documentos españoles guardados durante generaciones.

Las cifras eran significativas. Estimaciones de fuentes sobre el terreno indicaban que unos 110.000 saharauis nacidos bajo administración española antes de 1976 seguían con vida, junto con sus descendientes directos. En los campamentos de Tinduf, en el desierto del suroeste argelino, la cifra rondaba los 45.000, la mayoría apátridas entre los más de 170.000 refugiados contabilizados por Naciones Unidas. Otros 45.000 vivían como inmigrantes en países europeos, algunos ya con documentación de residentes e incluso pasaportes. Cuando la ley entrara en vigor, todos podrían optar a la nacionalidad española.

Brahim Hameyada, director de la Academia Unamuno en Dajla, la antigua Villa Cisneros, veía en la ley algo histórico. A los 67 años, había militado en las filas del Frente Polisario desde 1976 antes de regresar en 1992. "No se trata de una concesión administrativa normal, sino como una reparación histórica. Aunque tardía, porque los saharauis han estado esperando más de 50 años", recordaba. En 1976, el Gobierno español había ofrecido un plazo de un año para optar a la nacionalidad, pero casi nadie pudo ejercer ese derecho. Ahora, con un pasaporte español en la mano, los nuevos ciudadanos tendrían garantizada la libre circulación en el espacio Schengen, acceso a universidades europeas y al mercado laboral de la UE, además de atención sanitaria en España.

Pero el conflicto que envolvía todo esto no era académico. Desde hace casi seis años, tras la ruptura del alto el fuego de 1991, el Sáhara Occidental estaba en fase bélica. Esa misma semana, un dron marroquí había atacado dos vehículos que se dirigían a los campamentos de Tinduf, causando al menos dos heridos según portavoces saharauis. Los vehículos circulaban cerca del muro de arena que separa el 80% del territorio bajo control del ejército marroquí del 20% en manos de las milicias del Polisario. Fuentes sobre el terreno advertían de un riesgo que nadie mencionaba públicamente: si saharauis apátridas obtenían la nacionalidad española mientras el frente bélico permanecía abierto, las bajas que se produjeran podrían involucrar a España en el conflicto.

Hameyada preveía que en el Sáhara actual el cambio sería principalmente simbólico, sin movimiento demográfico masivo hacia España. Pero en Tinduf, donde miles de jóvenes llevaban 50 años sin poder viajar, el efecto podría ser distinto. Con un DNI español y opciones de educación y trabajo en Europa, muchos podrían finalmente contar con un marco legal de movilidad. El Frente Polisario no rechazaba la ley, aunque esperaba que conllevara medidas de ayuda humanitaria. Lo que quedaba sin resolver era cómo una medida de justicia reparadora podría coexistir con un conflicto abierto, y qué sucedería cuando decenas de miles de saharauis con doble nacionalidad, marroquí y española, hicieran valer su nuevo pasaporte ante una detención por cuestiones políticas.