En los conjuntos residenciales de Colombia, donde miles de familias confían su tranquilidad a empresas de vigilancia, surge una pregunta antigua sobre hasta dónde llega la promesa de protección. El derecho, como lo explica el abogado laboralista Edwar Loaiza Romero, distingue entre prometer resultados y prometer esfuerzos: la vigilancia privada se obliga a disuadir, prevenir y reportar, pero no a impedir todo delito. La responsabilidad, por tanto, no nace del robo en sí, sino de la falta de diligencia y del daño que el afectado logre demostrar.
Robos en conjuntos residenciales: qué responsabilidad tienen las empresas de vigilancia en Colombia
La compañía no responde automáticamente por un robo
Mark
Si hay vigilancia en el conjunto y roban a un vecino, ¿la empresa paga?
Mimi
No automáticamente. El abogado Edwar Loaiza explica que la vigilancia privada es una obligación de medio: disuadir, prevenir y reportar, sin garantizar que no haya delitos.
Mark
¿Entonces qué sí le pueden exigir?
Mimi
Que cumpla lo contratado: que alarmas, sensores y cámaras funcionen, que haga visitas de verificación y que envíe una unidad móvil si suena una alarma.
Luke
Aclaro algo: todo esto viene de un solo abogado laboralista. Es una explicación útil, pero no una sentencia ni un concepto de la Superintendencia.
Mark
¿Qué debe probar quien reclama?
Mimi
Falta de diligencia, como un sistema sin mantenimiento o una unidad que nunca llegó, y un daño cierto con facturas, inventarios, videos o peritajes.
Luke
Y el artículo no dice cómo se prueba la falta de diligencia en la práctica, ni cuántos reclamos prosperan. Eso no lo sabemos.
Mark
¿Y si la persona dejó la puerta abierta?
Mimi
Entonces la empresa queda exonerada, igual que si la falla era ajena al contrato.
Luke
Ese punto depende de cada contrato, por eso importa leerlo antes.
Il Polso
- Un robo dentro de un conjunto residencial deja a los vecinos preguntándose de quién era la culpa, y la respuesta no es automática.
- La empresa de vigilancia no responde por el delito mismo, sino únicamente si se demuestra que incumplió lo pactado.
- Los residentes deben reunir inventarios, facturas, videos o peritajes para sostener un reclamo de indemnización.
- Las alarmas, cámaras y unidades móviles del contrato se convierten en el punto de disputa sobre si hubo reacción oportuna.
- Si el robo se originó en descuidos del usuario o en fallas ajenas al contrato, la empresa queda exonerada, por lo que revisar el contrato antes del incidente se vuelve urgente.
En los conjuntos residenciales de Colombia, donde miles de familias confían su tranquilidad a empresas de vigilancia, surge una pregunta antigua sobre hasta dónde llega la promesa de protección. El derecho, como lo explica el abogado laboralista Edwar Loaiza Romero, distingue entre prometer resultados y prometer esfuerzos: la vigilancia privada se obliga a disuadir, prevenir y reportar, pero no a impedir todo delito. La responsabilidad, por tanto, no nace del robo en sí, sino de la falta de diligencia y del daño que el afectado logre demostrar.
Miles de colombianos viven en conjuntos residenciales que contratan empresas de vigilancia y seguridad privada para prevenir alteraciones del orden. Pero cuando ocurre un robo, surge una pregunta concreta: ¿la empresa responde directamente o sus funciones son otras?
El abogado laboralista Edwar Loaiza Romero, consultado por EL TIEMPO, recordó que el marco legal sigue siendo el Decreto Ley 356 de 1994, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, con modificaciones posteriores. Según él, la empresa tiene una obligación de medio y no de resultado: debe disuadir, prevenir y reportar, pero no garantiza que nunca ocurra un delito.
Aun así, la compañía tiene exigencias concretas. Si se contrataron alarmas, sensores o cámaras, debe asegurar que funcionen, realizar verificaciones y reaccionar a tiempo ante una señal, incluido el envío de una unidad móvil cuando corresponda. También debe contar con las pólizas exigidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Para obtener una indemnización, el afectado debe probar dos cosas: la falta de diligencia de la empresa y un daño cierto, respaldado con inventarios, facturas, videos o peritajes. Y no siempre hay responsabilidad: si el robo se debió a un descuido del usuario, como dejar puertas abiertas, o a fallas ajenas al contrato, la empresa queda exonerada.
La conclusión es que la carga de la prueba recae en quien reclama y que lo pactado en el contrato define las obligaciones. Por eso, según el abogado, conviene revisar esos documentos con cuidado antes de que ocurra un robo.
Miles de colombianos viven en conjuntos residenciales que contratan empresas de vigilancia y seguridad privada. El propósito es prevenir y evitar alteraciones del orden dentro de esas propiedades horizontales. Pero a veces ocurren robos a residentes, y entonces surge la pregunta: ¿la empresa que presta el servicio responde directamente o sus funciones son otras?
Para aclararlo, EL TIEMPO consultó a Edwar Loaiza Romero, abogado experto en derecho laboral. Él ofreció pautas para que residentes y compañías de seguridad determinen responsabilidades cuando ocurre un hecho de inseguridad o algo que perturbe la tranquilidad dentro de estas residencias.
Loaiza recordó que el marco legal es el Decreto Ley 356 de 1994, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, expedido el 11 de febrero de ese año. Sigue vigente, aunque ha sido modificado por el Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019.
Según el abogado, el punto central es que las empresas de seguridad tienen una obligación de medio y no de resultado. En la práctica, la compañía no responde de forma automática por un robo. Su tarea consiste en disuadir, prevenir y reportar, pero no garantiza que nunca ocurra un delito.
Eso no la libera de exigencias concretas. Loaiza explicó que debe cumplir estrictamente los contratos tecnológicos y de monitoreo: si se contrataron alarmas, sensores o cámaras, la empresa debe garantizar que funcionen, hacer visitas de verificación y emitir avisos de reacción oportunos. También debe activar los protocolos pactados cuando se dispara una alarma o se detecta una anomalía, por ejemplo enviando una unidad móvil. Además, debe tener las pólizas de responsabilidad y los seguros que exige la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para cubrir los riesgos del contrato.
Para que una empresa sea declarada responsable y deba indemnizar, el copropietario, residente o comerciante afectado tiene que probar dos cosas. La primera es la falta de diligencia de la compañía: que el sistema de monitoreo falló por falta de mantenimiento, que no hubo reacción ante una señal de alarma o que la unidad móvil nunca llegó. La segunda es un daño cierto, respaldado con inventarios, facturas, videos o peritajes.
Hay casos en que la empresa queda exonerada. Según Loaiza, ocurre cuando el robo se debe a un descuido del usuario, como dejar puertas abiertas, o a fallas de seguridad que la persona no advirtió y que son ajenas al contrato.
La conclusión práctica es que la carga de la prueba recae en quien reclama, y que lo pactado en el contrato define qué servicios debe cumplir la empresa. Por eso conviene revisar con cuidado esos documentos antes de que ocurra un robo.
Citazioni salienti
Las empresas de seguridad tienen una obligación de medio y no de resultado: disuadir, prevenir y reportar, sin garantizar que no ocurra un delito.— Edwar Loaiza Romero, abogado laboralista (paráfrasis)
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