Robo de 133 toneladas de pollo en Cuba genera estupor y pedidos de "mano dura" contra corrupción

En la madrugada, camiones se acercaban a las instalaciones habaneras de Copmar, la empresa estatal que distribuye pollo a precios subsidiados. Los conductores no necesitaban forzar las puertas. Alguien adentro les abría el camino. Sacaban cientos de cajas de pollo congelado —cada una pesaba quince kilogramos— y desaparecían en la noche. Cuando los supervisores llegaban por la mañana, los sellos de las cámaras frigoríficas lucían intactos. Los delincuentes habían aprendido a clonarlos.

Esta operación se repitió al menos cinco veces. En total, desaparecieron 133 toneladas de pollo, equivalentes a 8.500 cajas. El beneficio ilícito alcanzó 1,35 millones de dólares. Cuando las autoridades cubanas finalmente destaparon la trama, el régimen respondió con una mezcla de severidad judicial y retórica política. Treinta personas fueron detenidas. Once permanecen en prisión provisional. Todos enfrentan acusaciones de malversación, robo, cohecho y corrupción. Las penas podrían llegar a veinte años.

El robo no es un crimen aislado. Ocurre en el contexto de una isla que se desmorona económicamente. Los apagones son frecuentes. La inflación devora los salarios. El dólar en el mercado negro alcanzó los trescientos pesos. Las medicinas escasean. El combustible no llega. Y el pollo —la principal fuente de proteína en la dieta cubana— desapareció de las tiendas subsidiadas.

La sofisticación del esquema revela cuán profunda es la corrupción. No fue un robo de empleados de bajo rango actuando solos. Entre los detenidos hay jefes de turno, tecnólogos, vigilantes y personas sin vínculos formales con Copmar. Alguien en la cadena de mando sabía. Alguien permitió que sucediera. Los controles fallaron en múltiples niveles. El volumen sustraído equivalía a un mes completo de ventas subsidiadas en una provincia mediana —una cifra tan grande que debería haber sido detectada mucho antes.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El director general de Copmar fue cesado. La dirección de la Unidad Económica de Base Habana fue destituida. Diez días antes del escándalo del pollo, el ministro de Industrias Alimentarias, Manuel Santiago Sobrino, había sido removido de su cargo sin explicación pública, aunque se especulaba sobre el colapso de la producción agrícola. Ahora esa destitución adquiere nuevo significado.

Marta María González del Sol, fiscal del departamento de procesos penales de La Habana, declaró a la televisión estatal que se buscaría una sentencia severa. Citó la gravedad del daño, el momento histórico —la crisis económica— y la naturaleza del producto robado. El Partido Comunista, único legal en Cuba, publicó un editorial en su órgano oficial, Granma, sin mencionar explícitamente el robo pero denunciando hechos similares. El texto llamaba a actuar con mano dura, sin blandura, dentro del marco de la ley.

Lo que emerge de este caso es un retrato de un sistema que se fractura bajo presión. Cuando no hay suficiente pollo para alimentar a la población, cuando los salarios no alcanzan para comprar nada, cuando la escasez es la condición normal, la corrupción se vuelve casi racional. Una caja de pollo se revendía a 3.800 pesos cubanos en el mercado oficial —equivalente a ciento cincuenta y ocho dólares al cambio oficial, pero apenas doce dólares y medio en el mercado negro. En la bolsa negra, ese mismo pollo podía alcanzar precios mucho más altos. Para personas ganando 4.200 pesos mensuales, la tentación era casi inevitable.

Ahora treinta personas esperan en celdas mientras el régimen intensifica su retórica contra la delincuencia. Las sentencias podrían servir como escarmiento público. Pero el sistema que permitió que 133 toneladas de proteína desaparecieran permanece intacto. La crisis continúa. Los apagones siguen. Y en las tiendas, los estantes de pollo permanecen vacíos.