República Dominicana establece decreto integral para supervisar béisbol profesional y recreativo

Santo Domingo despertó el 26 de agosto con un cambio fundamental en cómo se gobierna el béisbol en la República Dominicana. El Poder Ejecutivo firmó un decreto que establece, por primera vez, un marco regulatorio único para supervisar tanto el béisbol profesional como el recreativo, las academias, las ligas y todos los programas de desarrollo vinculados al deporte. No es un documento menor: toca cada rincón de la actividad, desde los grandes equipos de las ligas profesionales hasta las academias donde niños de diez años sueñan con llegar a las Grandes Ligas.

La intención declarada es ordenar la práctica del béisbol, proteger a quienes lo juegan y establecer normas claras para todos los actores involucrados: ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros. Quien aplicará estas disposiciones es la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, un órgano del Ministerio de Deportes y Recreación que ahora tiene responsabilidad ejecutiva sobre el sector completo. El decreto establece diez principios rectores: legalidad, integridad deportiva, transparencia, debido procedimiento administrativo, protección de atletas, interés superior de los menores, igualdad de oportunidades, seguridad, prevención de conflictos de interés y buena fe.

La estructura operativa es clara. La Dirección del Comisionado se divide en una Dirección Ejecutiva y dos áreas sustantivas. La Dirección Técnica se ocupa de infraestructura, entrenamiento, seguridad y dopaje. La Dirección de Regulación del Béisbol maneja el registro y la supervisión administrativa de todos los actores del sector. El corazón del sistema es el Registro Nacional del Sistema de Béisbol, una base de datos centralizada donde se inscriben, certifican, verifican y monitorean ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros y otros participantes. Es decir: nadie juega sin estar registrado.

En el béisbol profesional, el decreto establece supervisión de ligas y organizaciones, registro de jugadores y equipos, control de transferencias y depósito de contratos, además de condiciones mínimas de protección contractual. También incorpora reglas para preservar la integridad de las competencias, prevenir la manipulación de partidos, evitar conflictos de interés y combatir el dopaje. Para el béisbol recreativo, hay mecanismos de supervisión de ligas, registro y categorización de jugadores y equipos, organización de eventos, certificación de entrenadores y capacitación de árbitros. Las instalaciones deben cumplir condiciones de seguridad, y los equipos están obligados a tener póliza de responsabilidad civil.

Las academias reciben atención especial. Deben registrarse y cumplir condiciones de seguridad. Si ofrecen alojamiento, alimentación o transporte, tienen que garantizar que esas condiciones sean adecuadas. El decreto exige idoneidad del personal, programas de entrenamiento documentados, atención médica y respeto por los derechos de los atletas. Para los menores de edad, la protección es más rigurosa: se requiere autorización de padres o responsables legales para determinadas actividades. El decreto ordena prevenir abuso, explotación, acoso, discriminación, negligencia, sobreentrenamiento y abandono escolar.

Lo que subyace en estas disposiciones es una preocupación clara: que la práctica deportiva no interfiera con la educación, la salud, el descanso ni el desarrollo integral de los menores. El reclutamiento y la evaluación de prospectos deben hacerse con transparencia, sin prácticas engañosas. Es un reconocimiento implícito de que el béisbol dominicano, con su enorme potencial económico y su capacidad de transformar vidas, también ha sido un espacio donde ocurren abusos, donde menores son explotados, donde las promesas no siempre se cumplen y donde la educación a menudo queda abandonada en el camino.

El decreto no es una ley aprobada por el Congreso, sino una disposición del Poder Ejecutivo. Eso significa que su implementación dependerá de la voluntad política y de los recursos que se asignen a la Dirección del Comisionado. La verdadera prueba no será el texto del decreto, sino cómo se aplique en las academias de barrios pobres, en los campos de entrenamiento donde se reclutan niños, en los contratos que firman jugadores jóvenes sin asesoramiento legal, en las transferencias donde desaparecen comisiones sin transparencia. El béisbol dominicano tiene ahora un marco regulatorio. Lo que viene es ver si ese marco se convierte en protección real o permanece como intención en el papel.