Repsol presiona a pescadores a firmar contratos que los eximen de juicios y reparaciones

En diciembre de 2022, casi un año después del derrame de petróleo que devastó las costas de Ventanilla, Repsol comenzó a entregar documentos a los pescadores artesanales cuyo nombre figuraba en el registro oficial de víctimas. Los papeles llegaban con un título claro: "contrato para recibir la indemnización". Lo que no era claro era lo que los pescadores estaban siendo presionados a aceptar.

Según relatos de los propios afectados, la compañía española les presentaba estos acuerdos extrajudiciales sin darles tiempo real para analizarlos. Cuando cuestionaban el contenido, Repsol respondía con una frase que se repetiría una y otra vez: no estaban obligados a firmar, podían ir a juicio si lo deseaban. Pero luego venía el peso real de la amenaza implícita. Si elegían litigar, tendrían que enfrentarse solos a una multinacional con recursos prácticamente ilimitados para defenderse. Era, en otras palabras, su decisión. Susana, una de las pescadoras que accedió a hablar, no pudo contener las lágrimas al recordar esos encuentros. "Dijeron que era extrajudicialmente. Nos decían que si teníamos una queja, que no firmemos y que nos vayamos a juicio", narró. Raúl, otro pescador que decidió no permanecer en el anonimato, fue más directo: "Ellos se han aprovechado de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos el dinero. Ahora ya no hay pescado. Han visto toda esa situación para obligarnos a firmar".

Lo que estos documentos realmente contenían era una renuncia. Los pescadores que los firmaban cedían todos sus derechos a Repsol y se comprometían a no emprender acciones legales futuras. Esto significaba que si el Estado peruano determinaba más adelante que la indemnización debería ser mayor a la que la empresa había ofrecido, los pescadores ya no tendrían derecho a reclamar esa diferencia. Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores del Serpentín de Pasamayo, fue claro en su análisis: "En el contrato todo era a favor de Repsol, nada en contra. Incluso, los derechos se los cedemos a Repsol. Todo es nocivo para nosotros, no tenemos ni un derecho". Decidió no firmar.

El contexto hacía la presión aún más evidente. En marzo de 2022, apenas dos meses después del derrame del 15 de enero, el gobierno peruano había negociado un acuerdo con Repsol para que la empresa entregara un adelanto de indemnización de tres mil soles a cada víctima. Pero la compañía solo cumplió durante siete meses. Cuando los pagos se detuvieron, muchos pescadores ya estaban en situación de vulnerabilidad extrema: sin ingresos, sin acceso a sus medios de vida, dependientes de lo que Repsol ofreciera.

Los abogados ambientales vieron en estos contratos una violación clara de derechos fundamentales. Percy Grandez, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, fue categórico: a nadie se le puede pedir que renuncie a sus derechos, y estos acuerdos comprometían a los pescadores a no adoptar acciones legales. Según el Código Civil peruano, las transacciones extrajudiciales deben ser herramientas para resolver conflictos cuando ambas partes llegan a un entendimiento que las satisface mutuamente. Pero lo que ocurrió en Ventanilla fue distinto: una de las partes tenía todo el poder económico y la otra tenía todo que perder.

Los pescadores que se negaron a firmar lo hicieron sabiendo que enfrentaban una batalla desigual. Susana lo expresó con claridad: "Nosotros no teníamos un abogado para que nos apoye. Si no quieres, la empresa te dice que la puedes enjuiciar. Eso hace que la gente decida. ¿Qué va a hacer una persona solita contra una empresa grande?". La pregunta no era retórica. Era la pregunta que Repsol había dejado flotando en el aire cada vez que un pescador dudaba en firmar.