En un momento en que la incertidumbre jurídica frena la disposición de personas capaces a asumir responsabilidades directivas, Chile incorpora a su ley de Sociedades Anónimas la 'regla del juicio de negocios', un estándar que separa el resultado de una decisión empresarial de la intención y diligencia con que fue tomada. La reforma, impulsada por el gobierno del Presidente Kast y el ministro Quiroz, no busca eximir a los directores de toda responsabilidad, sino devolver al juicio judicial su justa proporción: evaluar el proceso, no el desenlace. Es un reconocimiento de que gobernar una empresa
Reforma MK4 protege legalmente a directores de S.A. en decisiones empresariales
El juez no está llamado a juzgar si una decisión fue acertada
Mark
¿Por qué el gobierno sintió que necesitaba cambiar la ley de Sociedades Anónimas justo ahora?
Mimi
Porque el artículo 44 original era vago. Decía que los directores debían emplear "cuidado y diligencia", pero no especificaba qué significaba eso en la práctica. Los jueces interpretaban esto de formas distintas, y los directores vivían con incertidumbre legal.
Luke
¿Pero no es cierto que el cambio invierte la carga de la prueba? Es decir, ahora quien demanda a un director tiene que probar que actuó de mala fe o sin información suficiente, en lugar de que el director pruebe que actuó con cuidado.
Mimi
Exacto. Eso es lo que significa la "regla del juicio de negocios". Protege decisiones empresariales tomadas de buena fe, incluso si resultan mal.
Mark
¿Y eso no podría permitir que directores negligentes se salgan con la suya?
Mimi
No, porque la ley sigue exigiendo buena fe, información razonable y ausencia de conflicto de interés. Alcalde es claro: la regla no protege la deslealtad ni la negligencia grave.
Luke
Pero ¿quién define "información razonablemente suficiente"? Eso sigue siendo subjetivo.
Mimi
Tienes razón. La ley da criterios, pero un tribunal tendrá que interpretarlos caso a caso. No es una licencia en blanco.
Mark
¿Y qué pasa con los seguros de responsabilidad civil? ¿Eso no es un segundo nivel de protección?
Mimi
Sí, pero aquí hay desacuerdo. Algunos abogados dicen que es necesario para atraer directores calificados. Otros, como Pfeffer, dicen que es un incentivo perverso: si la sociedad paga el seguro, el director no siente el peso de sus malas decisiones.
Luke
¿Y qué dice la ley sobre eso? ¿Puede una sociedad pagar el seguro del director?
Mimi
Antes había ambigüedad. Ahora la reforma lo explicita: sí puede. Pero Pfeffer argumenta que eso debería ser responsabilidad del director, no de la sociedad.
Mark
Entonces, ¿esta reforma protege a los directores o protege a las empresas?
Mimi
Protege a ambos. A los directores les da certeza jurídica. A las empresas les permite que personas competentes acepten directorios sin miedo a demandas oportunistas.
Luke
Pero ¿hay evidencia de que esas demandas oportunistas sean un problema real en Chile, o es más un temor teórico?
Mimi
Varela menciona que hay abuso de acciones penales y procesos sancionatorios cuando resultados no cumplen expectativas. Pero tienes razón en preguntar: no hay números concretos en la reforma sobre cuántas demandas de este tipo se han presentado.
Der Puls
- La ausencia de un estándar legal claro convertía cada mal resultado empresarial en una potencial demanda contra directores, generando una cultura de administración defensiva que perjudicaba a los propios accionistas.
- La reforma invierte la carga de la prueba: ahora quien demanda debe demostrar que el director actuó de mala fe, con conflicto de interés o sin información suficiente, no al revés.
- Abogados corporativos advierten que el sistema anterior era terreno fértil para querellas oportunistas y extorsivas contra directores por decisiones legítimas que simplemente desagradaban a alguna minoría.
- La norma también explicita que las sociedades pueden contratar seguros de responsabilidad civil para sus directores, despejando una ambigüedad interpretativa que desincentivaba la incorporación de profesionales calificados a los directorios.
- Voces críticas, como la del abogado Francisco Pfeffer, cuestionan que los costos de esos seguros recaigan sobre la sociedad y no sobre el propio director, advirtiendo un posible incentivo perverso a la toma de riesgos irresponsables.
En un momento en que la incertidumbre jurídica frena la disposición de personas capaces a asumir responsabilidades directivas, Chile incorpora a su ley de Sociedades Anónimas la 'regla del juicio de negocios', un estándar que separa el resultado de una decisión empresarial de la intención y diligencia con que fue tomada. La reforma, impulsada por el gobierno del Presidente Kast y el ministro Quiroz, no busca eximir a los directores de toda responsabilidad, sino devolver al juicio judicial su justa proporción: evaluar el proceso, no el desenlace. Es un reconocimiento de que gobernar una empresa implica navegar la incertidumbre, y que castigar el riesgo razonable es, en sí mismo, un riesgo para la economía.
El gobierno chileno modificó esta semana el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas para incorporar la llamada 'regla del juicio de negocios', un estándar que precisa cuándo un director cumple legalmente su deber de cuidado. Según la nueva norma, ese deber se entiende satisfecho cuando el director actúa de buena fe, sin conflicto de interés, con información razonablemente suficiente y en la convicción de servir al interés social. El cambio invierte la carga de la prueba en disputas sobre responsabilidad de administradores.
El abogado y académico Enrique Alcalde, del Centro de Gobierno Corporativo UC, explica que la regla parte de una premisa esencial: el juez no debe juzgar retrospectivamente si una decisión resultó acertada, sino si fue adoptada conforme a los criterios legales. Un mal resultado, por sí solo, no basta para responsabilizar a quienes tomaron la decisión, del mismo modo que un médico no está obligado a curar ni un abogado a ganar. La norma, presente en legislaciones como la de Delaware, la reforma alemana de 2005 y la española de 2014, busca desalentar una administración excesivamente defensiva y facilitar que personas calificadas acepten integrar directorios.
Gerardo Varela, exministro y socio del estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, anticipa que la disposición disuadirá demandas oportunistas contra directores por decisiones legítimas que simplemente desagradan a alguna minoría. Salvador Valdés, del estudio Carey, respalda el cambio en un contexto local donde, según señala, se abusa de acciones penales cuando los resultados empresariales no cumplen expectativas.
La reforma también explicita la facultad de las sociedades anónimas para contratar seguros de responsabilidad civil en beneficio de sus directores y ejecutivos, despejando una ambigüedad interpretativa que limitaba esta práctica. Sin embargo, el abogado Francisco Pfeffer disiente: considera que si una decisión es sancionable, debe responder el patrimonio del director y no el de la sociedad, pues trasladar ese costo a los accionistas constituye un incentivo perverso.
Alcalde subraya que la nueva regla no equivale a impunidad: el deber de lealtad y la exigencia de decidir informadamente permanecen plenamente vigentes. La reforma devuelve el control judicial a su justa medida, sin blindar la deslealtad ni la negligencia grave.
El gobierno chileno incorporó esta semana a la ley de Sociedades Anónimas un cambio que redefine cuándo un director cumple legalmente con su deber de cuidado. La modificación, incluida en la reforma al mercado de capitales anunciada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, añade precisión al artículo 44 de la ley, estableciendo que los directores habrán cumplido su obligación de diligencia cuando actúen de buena fe, sin conflicto de interés, con información razonablemente suficiente y en la convicción razonable de servir al interés social. Con esto, se invierte el peso de la prueba en disputas legales sobre la responsabilidad de los administradores.
La reforma incorpora lo que los abogados corporativos llaman la "regla del juicio de negocios", un estándar presente en legislaciones más modernas como la de Delaware, la reforma alemana de 2005 y la española de 2014. Enrique Alcalde, abogado y académico de la Universidad Católica, director del Centro de Gobierno Corporativo UC, explica que esta regla parte de una premisa fundamental: el juez no debe evaluar retrospectivamente si una decisión empresarial resultó acertada o no, sino verificar si fue adoptada conforme a los criterios legales. Un mal resultado de la gestión, por sí solo, no basta para responsabilizar a quienes la tomaron, así como un médico no está obligado a curar a un enfermo ni un abogado a ganar un litigio. Alcalde considera que la norma otorga certeza jurídica a directores y gerentes, desalienta una administración excesivamente defensiva que podría perjudicar a los propios accionistas, y facilita que personas calificadas acepten integrar directorios.
Gerardo Varela, exministro y socio del estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, comparte esta evaluación. Señala que el juicio de negocios es reconocido en legislaciones comerciales avanzadas y que en Chile ya existe en la doctrina, la jurisprudencia y en criterios del Servicio de Impuestos Internos. Varela anticipa que la disposición legal disuadirá demandas oportunistas o querellas que buscan extorsionar a directores o controladores por decisiones divididas o adoptadas por mayoría que, siendo legítimas, desagradan a alguien. Una mera diferencia de opinión sobre la conveniencia de un negocio será difícil que genere una demanda si no se cumplen las condiciones de la ley, incluido un perjuicio real y efectivo. Salvador Valdés, socio del estudio Carey, también respalda el cambio, señalando que es pertinente en un contexto local donde se abusa de acciones penales y procesos sancionatorios cuando los resultados empresariales no cumplen expectativas.
La reforma también explicita la facultad de una sociedad anónima para contratar seguros de responsabilidad civil en beneficio de sus directores, gerentes, ejecutivos y trabajadores. Rodrigo Ochagavía, socio de Claro & Cia., considera esto relevante porque algunas interpretaciones sostenían que las sociedades no podían contratar estos seguros, los cuales son vitales para que personas calificadas acepten cargos de director. Valdés coincide, señalando que es una práctica común de mercado que facilita que personas competentes estén dispuestas a asumir responsabilidades directivas.
No hay consenso total. Francisco Pfeffer, histórico abogado de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, cree que el cambio busca llevar a la ley criterios que pueden variar en el tiempo, y prefiere que sea un tribunal quien determine el grado de culpa del director. Respecto a los seguros de responsabilidad civil, Pfeffer argumenta que si las decisiones del director son sancionables, debe ser su patrimonio el que responda, no cargar el gasto a la sociedad y al patrimonio de todos los accionistas. Considera que las pólizas de responsabilidad civil deben ser de cargo del director, no de la sociedad, pues de lo contrario constituyen un incentivo perverso.
Alcalde añade una prevención importante: la regla del juicio de negocios no protege la deslealtad ni la negligencia grave. El deber de lealtad y la exigencia de decidir informadamente siguen plenamente vigentes, de modo que la nueva norma no significa impunidad sino que devuelve el control judicial a su justa medida. La reforma, que solo lleva dos firmas, introduce otras modificaciones a la ley de Sociedades Anónimas con el objeto de precisar reglas cuya indefinición genera costos e incertidumbre en el mercado.
Bemerkenswerte Zitate
Esto va a disuadir demandas oportunistas o querellas que buscan extorsionar a los directores— Gerardo Varela, exministro y socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos
Esta regla no protege la deslealtad ni la negligencia grave. El deber de lealtad y la exigencia de decidir informadamente siguen plenamente vigentes— Enrique Alcalde, abogado y director del Centro de Gobierno Corporativo UC
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