Reforma electoral de Meloni avanza en Italia entre críticas y huelga de hambre

Italia entró el miércoles en la fase final de una batalla política que ha dividido profundamente al Parlamento. La reforma electoral del Gobierno de Giorgia Meloni, bautizada 'Stabilicum', comenzó su tercera lectura en la Cámara de los Diputados tras haber sido aprobada ya por el Senado. Los debates parlamentarios se sucederán en los próximos días, con la votación final prevista para algún momento de la primera quincena de octubre. Pero lo que debería ser un trámite legislativo ordinario se ha convertido en un pulso político de envergadura, con la coalición de derechas cerrada en filas y la oposición en abierta rebelión.

La reforma propone cambios sustanciales en cómo votan y se representan los italianos. El sistema introduciría un premio de 70 escaños en la Cámara Baja y 35 en el Senado para la coalición que alcance el 42 por ciento de los votos, un mecanismo diseñado explícitamente para fomentar mayorías sólidas y, según sus defensores, mayor estabilidad política. Además, permitiría el voto a distancia, algo que Italia aún no permitía pese a ser uno de los pocos países europeos en mantener esa restricción. Y cambiaría el sistema de papeletas: los líderes de partido aparecerían blindados, mientras que el resto de candidatos quedarían sujetos a la preferencia directa del votante. Paolo Emilio Russo, diputado de Forza Italia, argumentó que estos cambios devuelven a los ciudadanos la capacidad de elegir directamente a sus representantes.

La coalición de Meloni —Hermanos de Italia, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Antonio Tajani— se presentó unida en la primera jornada de debate. Esa cohesión es notable porque en julio, cuando la reforma pasó por el Senado, la coalición se fracturó: algunos de sus propios parlamentarios votaron en contra de una enmienda amparados en el escrutinio anónimo, lo que permitió que la votación se perdiera. El jueves, la Cámara votaría de nuevo de forma anónima sobre mociones de constitucionalidad, una prueba que revelaría si esa unidad se mantiene o si vuelven a aparecer las grietas.

La oposición, por su parte, presentó un frente igualmente cerrado pero en sentido contrario. Federico Fornaro, del Partido Demócrata, advirtió que el texto presenta dudas constitucionales y que, a pesar de ser una norma de gran calado para la vida política italiana, el Gobierno ignoró completamente las enmiendas de la oposición. Carmela Auriemma, del Movimiento 5 Estrellas, fue más directa: consideró evidente que la ley ha sido redactada específicamente para favorecer a la derecha y a la élite política. Los nueve diputados del Grupo Mixto, que responden al nuevo partido de derecha Futuro Nacional de Roberto Vannacci, también se oponen a la reforma.

Pero la protesta más dramática vino de Riccardo Magi, diputado de Más Europa, quien anunció que esa noche comenzaría una huelga de hambre en contra de lo que calificó como un auténtico golpe de Estado. Desde sus redes sociales, Magi denunció que la reforma es una estafa que resta poderes a los ciudadanos, al Parlamento, al presidente de la República y que socava la democracia y la constitución italiana. Pidió explícitamente al Parlamento y al Gobierno que modifiquen el texto. Su decisión de ayunar como forma de protesta llevó la disputa política a un terreno más visceral, transformando un debate legislativo en una confrontación de principios que trasciende los argumentos técnicos.

Lo que suceda en los próximos días revelará si la coalición de Meloni puede mantener la disciplina necesaria para aprobar la reforma o si, como ocurrió en julio, las votaciones anónimas permitirán que algunos parlamentarios rompan filas. La reforma busca redefinir cómo funciona la democracia electoral italiana, pero el proceso mismo se ha convertido en un test de la solidez política del Gobierno y de la capacidad de la oposición para frenar una iniciativa que considera fundamental para el futuro del país.