En el Senado chileno, tres legisladores de distintas bancadas trabajan en silencio sobre una reforma de seguridad que podría redefinir cómo el Estado enfrenta el crimen organizado, mientras el Gobierno permanece suspendido entre retirar su propia iniciativa o dejarla morir por inercia. La propuesta introduce el concepto de 'amenaza grave' como umbral preventivo para los Estados de Excepción, equiparando el crimen organizado con el terrorismo en el plano constitucional. En medio de esta tensión legislativa, el Partido Socialista rechaza cualquier acuerdo y la reforma migratoria añade otra capa
Reforma alternativa de seguridad avanza mientras Gobierno suspende decisión sobre su iniciativa
El Gobierno tiene todas las herramientas hoy. Este es un problema de voluntad política.
Mark
¿Por qué tres senadores presentan una propuesta alternativa en lugar de simplemente respaldar la del Gobierno?
Mimi
Porque la reforma del Gobierno ha sido cuestionada técnicamente y no tiene respaldo ni siquiera en el propio oficialismo. Los senadores ven una oportunidad de construir algo con más legitimidad parlamentaria.
Luke
Pero ¿realmente tienen los votos? El texto dice que "hasta ahora, la iniciativa no cuenta con el respaldo explícito del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado".
Mark
¿Qué cambia realmente en esta propuesta alternativa comparada con la del Gobierno?
Mimi
Introduce el concepto de "amenaza grave" para Estados de Excepción, lo que permite actuar antes de que ocurra una crisis. Y entrega a una ley la definición de bandas criminales, en lugar de dejarla en manos del Ejecutivo.
Luke
Eso suena bien en teoría, pero ¿quién define qué es una "amenaza grave"? El texto no especifica eso.
Mark
¿Por qué el Partido Socialista rechaza esto tan categóricamente?
Mimi
Vodanovic dice que el Gobierno ya tiene herramientas constitucionales. Para ella, esto es un problema de voluntad política, no de falta de instrumentos legales.
Luke
Pero también hay algo más: el PS niega categóricamente cualquier acuerdo con La Moneda. ¿Eso significa que alguien estaba negociando sin que ellos lo supieran?
Mark
¿Qué pasa si el Gobierno simplemente no retira su reforma?
Mimi
Entonces ambas avanzan en paralelo, y el Senado elige cuál respaldar. Pero eso genera confusión y debilita cualquier reforma.
Luke
El Gobierno está ponderando "el costo político" de retirar su proyecto. Eso es código para decir que no sabe si tiene votos para insistir con la migratoria.
Mark
¿Importa realmente ese cambio en el quórum de 33 a 29 votos?
Mimi
Potencialmente sí. Cuatro votos pueden ser la diferencia entre que el Gobierno logre insistir con la reforma migratoria o no.
Luke
Pero eso depende de una interpretación jurisprudencial que aún no está confirmada. El Senado espera un informe de la Comisión de Constitución.
El Pulso
- Tres senadores —Squella, Longton y Araya— ultiman un borrador autónomo que podría estar listo esta semana, desafiando la parálisis del Ejecutivo con una propuesta propia.
- El Gobierno lleva días sin confirmar si retirará su cuestionada reforma, atrapado entre el costo político de ceder y el riesgo de quedar al margen del debate.
- El Partido Socialista rompió filas públicamente, rechazando 'categóricamente' cualquier acuerdo entre sus parlamentarios y La Moneda en materia de seguridad y migración.
- El ministro Arrau condicionó el retiro del proyecto gubernamental al contenido final de la propuesta senatorial, dejando la decisión en un limbo que se prolonga.
- La reforma migratoria complica aún más el tablero: un criterio de quórum reducido —29 votos en lugar de 33— podría ser la palanca que el Gobierno use en sus negociaciones de los próximos días.
En el Senado chileno, tres legisladores de distintas bancadas trabajan en silencio sobre una reforma de seguridad que podría redefinir cómo el Estado enfrenta el crimen organizado, mientras el Gobierno permanece suspendido entre retirar su propia iniciativa o dejarla morir por inercia. La propuesta introduce el concepto de 'amenaza grave' como umbral preventivo para los Estados de Excepción, equiparando el crimen organizado con el terrorismo en el plano constitucional. En medio de esta tensión legislativa, el Partido Socialista rechaza cualquier acuerdo y la reforma migratoria añade otra capa de presión a unas negociaciones que podrían definir el rumbo de la agenda de seguridad del país.
Tres senadores chilenos —Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya— trabajan en una reforma de seguridad paralela a la del Gobierno, con un texto que podría estar listo esta semana. La propuesta equipara el crimen organizado con el terrorismo como conductas contrarias a los derechos humanos, introduce el concepto de 'amenaza grave' para habilitar Estados de Excepción antes de que el orden público se quiebre, y entrega a la ley —no al decreto— la regulación de bandas criminales y regímenes penitenciarios especiales.
Squella describió la iniciativa como autónoma y distinta de la del Ejecutivo, mientras Araya expresó la aspiración de que sea suscrita transversalmente por todos los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado. Aunque reconoció que el retiro de la reforma gubernamental no es una condición para avanzar, lo calificó como una señal de buena voluntad que facilitaría el camino.
Ese camino, sin embargo, está sembrado de obstáculos. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que el Gobierno ya posee todas las herramientas constitucionales necesarias para decretar un Estado de Excepción y que el problema es de voluntad política, no de marco legal. La bancada socialista emitió además una declaración rechazando categóricamente cualquier versión que sugiriera acuerdos entre sus parlamentarios y La Moneda en seguridad o migración.
El Ejecutivo, por su parte, sigue sin definir qué hará con su propio proyecto. Desde el lunes, cuando fueron los propios senadores oficialistas quienes anunciaron el retiro, La Moneda ha evitado confirmarlo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el retiro es posible, pero lo condicionó al contenido final de la propuesta senatorial. Al interior del Gobierno conviven dos opciones: retirar formalmente la iniciativa o simplemente dejar de impulsarla y ceder el protagonismo al Senado.
Sobre todo este escenario pesa además la reforma migratoria, rechazada en la Cámara y que el Ejecutivo busca insistir en el Senado. Un criterio de quórum derivado de jurisprudencia del Tribunal Constitucional reduciría los votos necesarios de 33 a 29, un margen que podría convertirse en la principal moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias de los próximos días.
Tres senadores chilenos están ultimando una propuesta de reforma de seguridad que avanza en paralelo a la iniciativa del Gobierno, mientras La Moneda mantiene en la incertidumbre si retirará su propio proyecto. Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya trabajan en un texto que podría estar listo durante esta semana o a más tardar el próximo lunes, incorporando cambios sustanciales en cómo el país aborda el crimen organizado y los estados de excepción constitucional.
La propuesta de los tres senadores equipara el crimen organizado con el terrorismo como conductas contrarias a los derechos humanos. Introduce el concepto de "amenaza grave" como causal para declarar un Estado de Excepción Constitucional, permitiendo que el Estado actúe antes de que una alteración grave del orden público se materialice. Además, entrega a una ley la regulación de la conformación y determinación judicial de bandas criminales, junto con la elaboración de nóminas de estas organizaciones. Los regímenes especiales de seguridad penitenciaria también quedarían bajo regulación legal, en lugar de ser definidos por decreto o decisión administrativa.
Squella, presidente del Partido Republicano, ha caracterizado el proyecto como autónomo y distinto del que impulsa el Ejecutivo. Explicó que la intención es construir una propuesta capaz de concitar respaldo de la Comisión de Constitución del Senado. Pedro Araya, senador del PPD, señaló que el objetivo es que el proyecto sea suscrito transversalmente por todos los integrantes de la comisión, aunque reconoció que el retiro de la reforma del Gobierno no constituye una condición para avanzar, aunque sería una señal de "buena voluntad" por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, el camino hacia un acuerdo amplio enfrenta obstáculos significativos. El Partido Socialista tomó distancia de la posibilidad de un entendimiento global. Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, sostuvo que no es necesario alcanzar un pacto en torno a la reforma "Longton-Squella" y recalcó que el Gobierno ya cuenta con herramientas constitucionales para decretar Estados de Excepción. "El Gobierno tiene todas las herramientas hoy para poder decretar un estado de excepción constitucional. Este es un problema de voluntad política", sentenció. La bancada socialista emitió además una declaración pública rechazando "categóricamente" las versiones que apuntaban a la existencia de acuerdos entre parlamentarios de la colectividad y el Ejecutivo en materia de seguridad y migración.
Mientras los tres senadores avanzan en el borrador, el Gobierno sigue sin despejar definitivamente qué hará con su cuestionada reforma de seguridad. La incertidumbre se arrastra desde el lunes, cuando fueron los propios senadores oficialistas quienes comunicaron que La Moneda retiraría la iniciativa. Desde entonces, el Ejecutivo ha evitado confirmar de manera definitiva esa decisión y ahora espera conocer el contenido final de la propuesta parlamentaria. Al interior del Ejecutivo conviven distintas posiciones: fuentes de la Segpres y de Interior señalan que se está ponderando el costo político de retirar formalmente el proyecto, y existe otra alternativa sobre la mesa: simplemente no continuar con su tramitación y dejar que avance la reforma impulsada desde el Senado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el retiro sigue siendo una posibilidad, pero condicionó esa decisión al contenido que finalmente tenga la propuesta de los senadores. "Eso es posible que ocurra en la medida en que tengamos una buena propuesta por parte de los senadores", indicó, mencionando que han llegado textos y mecanismos para avanzar en segmentación penitenciaria y posibles modificaciones del Estado de Excepción de Emergencia.
La negociación se complica aún más con la reforma migratoria en juego. Tras su rechazo en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo busca insistir con la iniciativa en el Senado, donde el quórum necesario se convirtió en un punto de discusión. Aunque la Constitución establece que la insistencia requiere dos tercios, un criterio derivado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abrió la discusión respecto de su aplicación tras los cambios introducidos a los quórums de reforma constitucional. Bajo esa interpretación, considerando que actualmente las reformas constitucionales requieren cuatro séptimos, la mesa del Senado resolvió aplicar ese criterio mientras espera un informe de la Comisión de Constitución. Así, bajo el criterio adoptado hasta ahora, la insistencia requeriría 29 votos y no 33, un número que podría resultar determinante en las negociaciones que desplegará el Gobierno durante los próximos días.
Citas Notables
Ya derechamente estamos hablando de un proyecto autónomo, distinto del del Gobierno, en donde se nos sumaría el senador Araya.— Arturo Squella, presidente del Partido Republicano
El Gobierno tiene todas las herramientas hoy para poder decretar un estado de excepción constitucional. Este es un problema de voluntad política.— Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista
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