Rawls y la financiación autonómica: un llamamiento al acuerdo territorial

Hace doce años que el sistema de financiación autonómica española dejó de funcionar. En 2014 caducó el modelo que distribuye recursos entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía, y desde entonces el país ha operado sin un marco claro para repartir el dinero que sostiene la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda. Casi nadie discute que necesita cambiar. Gobiernos de distintos colores, organizaciones de la sociedad civil y agentes sociales en todos los territorios reconocen, con mayor o menor entusiasmo según su situación de partida, que el sistema vigente ya no refleja la realidad social y económica de España.

La brecha que revela el fracaso es concreta y creciente. Hoy, la diferencia de financiación por habitante ajustado—una medida que reconoce que los servicios no cuestan lo mismo en un territorio muy poblado que en uno disperso, insular o con población envejecida—alcanza los 1.098 euros entre la comunidad autónoma mejor y peor financiada. Sin reforma, esa grieta se abrirá hasta los 1.509 euros en 2027. Es una desigualdad que ningún gobierno puede permitirse ignorar, porque significa que algunos ciudadanos reciben servicios públicos de peor calidad simplemente por dónde nacieron.

El Gobierno ha presentado una propuesta para cerrar esa brecha. Incrementaría los recursos destinados al Estado de bienestar en casi 21.000 millones de euros, renunciando el Ejecutivo a esa suma en favor de las comunidades autónomas. El nuevo modelo reduciría los desequilibrios de financiación entre territorios hasta en dos tercios mediante un sistema de reparto más fiel a la realidad socioeconómica actual. Ninguna comunidad autónoma perdería recursos bajo este esquema; todas recibirían más. Además, la propuesta ganaría en corresponsabilidad fiscal, transparencia y equidad.

Pero la propuesta enfrenta un obstáculo político real. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen representantes de todas las autonomías, sometería la reforma a debate y votación el 4 de septiembre. Aunque el Gobierno ha trabajado con las comunidades que quisieron colaborar, y aunque incluso aprobado el nuevo modelo ninguna autonomía estaría obligada a adherirse—podrían permanecer en el sistema actual si lo prefieren—el bloqueo en el Consejo podría impedir que la propuesta llegue al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrían seguir mejorándola.

La invocación a un acuerdo territorial se apoya en un argumento filosófico. El filósofo estadounidense John Rawls propuso en 1971 un ejercicio de imaginación llamado el velo de la ignorancia: situarse en una posición hipotética donde se desconoce la propia posición de partida—en este caso, la demografía o el dinamismo económico de cada territorio—para diseñar reglas que nadie pudiera favorecer deliberadamente a su propio interés. Tras ese velo, se elegiría un sistema basado en suficiencia, equidad, justicia, transparencia, solidaridad, corresponsabilidad y autonomía. La propuesta del Gobierno se presenta como una aproximación a esos principios.

El argumento central es que la reforma no necesita ser perfecta para ser justa. Los reformistas sostienen que el criterio para evaluar una política pública no es si resuelve todos los problemas, sino si representa un avance real frente a la situación anterior. El nuevo modelo no contentará a todos, pero corrige muchas de las imperfecciones del actual y aporta equidad. Sin ser perfecto para nadie, es razonable para el conjunto.

Lo que está en juego es más que dinero. Bloquear la reforma tendría perjudicados muy concretos: los ciudadanos y ciudadanas. Significaría menos recursos para las comunidades autónomas y para el Estado del bienestar, y un golpe mayor para los territorios a los que el sistema actual trata de forma más injusta. El llamamiento es a ceder en posiciones de máximos que, después de doce años, se han mostrado irrealizables y solo conducen a la melancolía. Se trata de comprender que el interés propio pasa por el acuerdo, no por el bloqueo.