Quemar la ciudad: las redes monetizan la destrucción de la convivencia

Una convocatoria circula por las redes sociales: ponerse ropa negra, arramplar con el mobiliario urbano y asaltar tiendas de productos informáticos, ropa y zapatillas de marca. Así describe una columna de opinión de El País, publicada el 27 de octubre de 2026, la oleada de disturbios que ha recorrido varias capitales europeas. Conviene precisar desde el principio que se trata de un texto de opinión, no de una crónica, y que sus afirmaciones son la lectura de su autor.

Según el columnista, esos altercados se han amparado en las protestas generales por la carestía de la vivienda y los bajos salarios. Pero la elección de los objetivos, a su juicio, delata otra cosa: los saqueos reivindican el derecho a poseer unos bienes tan deseados como sobrevalorados. No niega, con todo, que el descontento exista. Sostiene que a los jóvenes se les ha repetido tanto que vivirán peor que sus padres que se lo han creído, y que algunos han decidido hacérselo pagar a esa generación.

El punto de partida del texto es más amplio. Durante más de dos décadas, escribe, se sostuvo la ficción de que las leyes y regulaciones de la vida real no podían aplicarse a la digital, lo que algunos llamaron un nuevo Salvaje Oeste, con sus linchamientos y sus saloons. Tarde y a regañadientes, añade, algunos padres han entendido que sus hijas no pueden ser desnudadas mediante inteligencia artificial para burla de sus compañeros de instituto. Y quizá algún día los partidos políticos comprendan que fabricar vídeos falsos para desacreditar a sus rivales solo contribuye a degradar una sociedad que vio cómo la utopía digital se volvía pesadilla. Para el autor, quemar la calle virtual se ha trasladado a la calle física.

La segunda parte de la columna se centra en una lectura que el autor califica de más dañina y cruel: la que señala a una parte de la población inmigrante, incluso a los ya nacidos en su nuevo país, como partícipe de esta destrucción. Si eso fuera así, especialmente en Francia, sostiene, convendría señalar que el discurso racista, cada vez más dominante, no ha traído nada bueno a las sociedades occidentales. De tanto repetir a los hijos de la inmigración que no se adaptan y de retratarlos como delincuentes ingobernables, muchos han perdido el deseo de pertenencia.

El autor lo ilustra con las grandes barriadas parisinas: cada vez que hay un evento, una fiesta o una celebración deportiva, se abre la oportunidad de responder al insulto con insulto y a la marginación con amenaza. Atribuye ese clima a treinta años en los que una parte de la política francesa, incluidos muchos ayuntamientos importantes, ha arañado votos gracias al desprecio hacia la población llegada desde las antiguas colonias.

De ahí salta a España, adonde, afirma, ya ha llegado la criminalización del emigrante que no tiene origen hispano. El ejemplo francés, advierte, nos apela. Cuando el esfuerzo integrador se distorsiona por el empeño en crear miedo, distancia y diferencia, desde la primera escuela hasta el contrato de alquiler, es cuestión de tiempo que la enemistad virtual se vuelva real. Por eso, concluye, las palabras importan: nombran lo que va a ser.

El diagnóstico final es que el experimento social de estos años ha fracasado, y que cuanto antes se reconozca, más tiempo habrá para enderezarlo. Su sentencia es que las redes ganan dinero a espuertas por prenderle fuego a la convivencia. Lo que queda por ver es si en España el debate sobre inmigración tomará el camino que él describe para Francia.