En el cruce entre la política y la justicia, el Gobierno español ha abierto un nuevo frente al cuestionar públicamente la imparcialidad de la jueza que investiga la crisis de Ceuta, una magistrada cuya trayectoria es ahora instrumentalizada como argumento político. La Abogacía del Estado, al personarse en la causa bajo el paraguas de la seguridad nacional, eleva el conflicto a una dimensión institucional que trasciende el caso concreto. Lo que se dirime en el fondo no es solo la investigación de unos hechos en la frontera sur, sino la pregunta perenne sobre quién vigila a quienes gobiernan y d