Proyecto de ley permitiría a familias elegir cómo usar subsidio de vivienda

El martes 18 de agosto, el Congreso de la República recibió noticia de un proyecto de ley que busca reconfigurar la manera en que las familias colombianas pueden aprovechar el subsidio familiar de vivienda que distribuyen las Cajas de Compensación Familiar. La propuesta representa un cambio de dirección en la política pública: en lugar de que el Estado determine una única forma de usar el beneficio, serían las propias familias quienes decidirían cómo aplicarlo según sus circunstancias específicas.

El problema que el proyecto intenta resolver es bien conocido en el país. No se trata simplemente de que falten viviendas. Muchos hogares han logrado acceder a una solución habitacional, pero la realidad que enfrentan es distinta: reciben casas o apartamentos entregados en obra gris, sin acabados, sin las instalaciones básicas completas. Viven bajo un techo que técnicamente es suyo pero que no pueden habitar con dignidad. Los números lo confirman: el déficit habitacional cualitativo —la brecha entre tener una vivienda y poder vivir en ella adecuadamente— es aproximadamente tres veces mayor que el déficit cuantitativo, es decir, la simple falta de viviendas.

Si se aprueba, el proyecto permitiría a los beneficiarios elegir entre cuatro caminos concretos. Podrían usar el subsidio para pagar la cuota inicial de una vivienda de interés social o de interés prioritario. Podrían destinarlo a terminar o adecuar una vivienda nueva que llegó incompleta. Podrían aplicarlo para reducir el saldo de un crédito hipotecario o de un contrato de leasing habitacional. O podrían combinar dos de estas opciones, fraccionando el subsidio entre ellas. Lo que el proyecto también establece es que las entidades financieras, las constructoras y las propias Cajas de Compensación no podrán presionar a las familias para que elijan una modalidad u otra. La decisión sería inviolable.

Lo que hace notable esta iniciativa es lo que no hace. No crea nuevos subsidios. No aumenta el gasto público. No requiere recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación. Lo que propone es optimizar el uso del Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda, el FOVIS, que ya existe. Es decir, el dinero está ahí; lo que cambia es quién decide cómo se gasta y para qué.

Detrás de esta lógica hay una premisa que el proyecto articula con claridad: durante décadas, el Estado ha sido quien determina cómo las familias deben usar su subsidio. La reforma invierte esa relación. Reconoce que nadie entiende mejor las necesidades de un hogar que el hogar mismo. Una familia que vive en una casa sin terminar no necesita que le digan que debe comprar otra vivienda; necesita dinero para acabar la que tiene. Otra familia que paga un arriendo podría preferir usar el subsidio para reducir la deuda de su hipoteca y así bajar la cuota mensual. El proyecto les da a esas familias la potestad de elegir.

Hay también una preocupación más amplia que el proyecto toca. En Colombia, el número de hogares propietarios ha disminuido mientras crece la cantidad de familias que viven en arriendo. Eso significa que la política de vivienda no solo debe facilitar el acceso inicial a una casa, sino también las condiciones para que las familias puedan mantenerla. Un subsidio flexible, que se adapte a diferentes necesidades, es una herramienta para eso.

El proyecto también fortalece los deberes de información y transparencia de las Cajas de Compensación Familiar. Quiere asegurar que las familias sepan exactamente cuáles son sus opciones y que nadie las engañe sobre cómo pueden usar su dinero. La iniciativa parte de una convicción central: el subsidio debe adaptarse a la familia, no la familia al subsidio. Ahora comienza su trámite legislativo, y en las próximas semanas el Congreso decidirá si esa lógica tiene cabida en la política pública del país.