Propietarios morosos enfrentan intereses de hasta el 8% aprobados por mayoría

La morosidad en las comunidades de vecinos españolas ha dejado de ser un problema marginal. Más del 40 % de las comunidades en todo el país lidian ahora con propietarios que no pagan sus cuotas, una situación que ha obligado a reforzar los mecanismos legales para presionar a los deudores. A comienzos de 2026, la Ley de Propiedad Horizontal ha consolidado una herramienta que muchas juntas desconocen o subestiman: la posibilidad de aplicar intereses de demora de hasta el 8 % a los morosos, aprobado mediante mayoría simple en asamblea.

La mecánica es más accesible de lo que parece. No se requiere unanimidad ni procedimientos judiciales complejos. Basta con que en una junta de propietarios voten a favor más dueños presentes —que representen más cuotas de participación— que en contra. Es un umbral relativamente bajo, lo que explica por qué esta medida puede prosperar en comunidades donde existe malestar generalizado por los impagos. El experto en comunidades de propietarios Alex Nasu ha subrayado que muchas juntas directivas ignoran que cuentan con esta herramienta legal, lo que ha llevado a que siga sin aplicarse en numerosos edificios donde podría ser efectiva.

Pero la ley impone límites importantes que conviene conocer antes de votar. El recargo no tiene carácter retroactivo, lo que significa que los intereses solo se aplican a la deuda que se genera después de la aprobación del acuerdo. Las deudas antiguas, acumuladas antes de la votación, quedan fuera del alcance de estos intereses. Para comunidades que arrastran impagos históricos de años, esto puede resultar frustrante, pero es una restricción clara en la normativa.

Hay una segunda capa de complejidad relacionada con la inscripción registral. Si la comunidad quiere que el recargo sea vinculante también para futuros compradores —es decir, que quien adquiera una vivienda en el edificio quede automáticamente obligado a pagar los intereses de demora—, entonces sí se necesita unanimidad y una modificación formal de los estatutos inscrita en el Registro de la Propiedad. Sin esa inscripción, el recargo solo afecta a los propietarios actuales.

En cuanto a la cuantía, la ley permite intereses superiores al interés legal del dinero, que actualmente se sitúa en el 3,25 %. Los jueces han aceptado como razonable un rango entre el 8 y el 10 % anual sobre la deuda aprobada en junta. Esto puede encarecer significativamente la deuda de un moroso en pocos meses, especialmente si el impago se prolonga. Un propietario que deja de pagar durante varios meses verá cómo su deuda crece no solo por las cuotas pendientes, sino también por los intereses acumulados, lo que intensifica la presión para regularizar la situación.

La aprobación de estos intereses representa un cambio en el equilibrio de poder dentro de las comunidades. Donde antes existía cierta pasividad o resignación ante los impagos, ahora hay un mecanismo legal que permite a la mayoría de propietarios actuar sin necesidad de acudir a los tribunales. La decisión de aplicar o no estos intereses recae en cada comunidad, pero la opción está ahora disponible y consolidada en la normativa.