Procuraduría investiga a Angie Rodríguez y Armando Benedetti por el llamado “Pacto de Valledupar”

El 20 de octubre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, y contra el exministro del Interior Armando Benedetti. El caso gira en torno al llamado “Pacto de Valledupar”.

La funcionaria a cargo es la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco. Su tarea es establecer si Rodríguez y Benedetti conocieron o participaron en un presunto plan para que antiguos jefes de las AUC vincularan con el paramilitarismo a Álvaro Uribe, a Germán Vargas Lleras y a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial. De la Espriella es hoy presidente de la República.

Un día después, el 21 de octubre, Rodríguez difundió un comunicado fechado en Bogotá en el que sostuvo todas las denuncias que ha hecho en público. Reiteró que el entonces presidente Gustavo Petro la amenazaba, le advertía que estaba vigilada y le repetía que nadie le creería. A eso sumó amenazas de cárcel, advertencias sobre un supuesto “plan B” y presiones que, según dijo, la llevaron a temer por su integridad.

Sobre Valledupar, afirmó que fue ella quien denunció el asunto tiempo atrás y que, por hacerlo público, terminó señalada de paramilitar. Describió una secuencia: primero intentaron presentarla como paramilitar y corrupta, luego como una mujer desequilibrada y más tarde llegaron los señalamientos por supuesto enriquecimiento ilícito. “Denuncié a pesar del miedo”, escribió, y recordó que acudió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cuando aún era gerente del Fondo de Adaptación.

La parte más dura del proceso, dijo, fue que involucraran a su hijo. Relató noches de llanto, deterioro de su salud y cuestionamientos dentro de su propia familia. Aseguró que ha pedido ayuda a las instituciones de forma reiterada y que se siente desprotegida y revictimizada, a pesar de lo que establece la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política. “Temo por mi vida y por la seguridad de mi familia”, escribió.

En su solicitud a autoridades nacionales e internacionales, pidió que, si algo le sucede, se investigue a Gustavo Petro, Carlos Carrillo y Raúl Moreno. Precisó, sin embargo, que corresponde a la justicia determinar responsabilidades con base en pruebas y debido proceso. Anunció además que dejará de conceder entrevistas, por la gravedad del riesgo y por los acuerdos de confidencialidad que firmó.

Rodríguez también agradeció al presidente De la Espriella el apoyo en seguridad que ha recibido. Dijo que no lo conoce personalmente y reconoció que sus posiciones políticas han sido distintas. Ese respaldo, concluyó, le dejó la reflexión de que “no vale la pena ser sectarios políticos”.

Queda por ver cómo avanza la investigación disciplinaria de la Procuraduría y si las medidas de protección que ella reclama se fortalecen, ahora que ha decidido guardar silencio ante la prensa.