En las provincias mineras de Arequipa, la figura del procurador regional Juan Daniel Martínez Márquez ha quedado atrapada en una red de vínculos familiares y profesionales que, según sus denunciantes, comprometen la imparcialidad que su cargo exige. Su esposa dirige el estudio jurídico que representa a una empresa minera en cuyo conflicto él mismo participó como abogado antes de asumir funciones públicas, y su madre aparece también vinculada a esa misma empresa. Lo que comenzó como una disputa de concesiones entre dos mineras en Condesuyos y Camaná se ha convertido en un caso que interroga los
Procurador de Arequipa denunciado por vínculos de estudio jurídico con mineras en disputa
Su esposa es la que se encarga del estudio. Yo no estoy participando.
¿Por qué importa que la esposa del procurador dirija el estudio que representa a estas mineras?
Porque un procurador debe defender los intereses del Estado y la región, no los de empresas privadas. Si su esposa está ganando dinero representando a una de las partes en disputa, hay un conflicto de interés claro, aunque él diga que no participa.
Pero él sostiene que ya no está involucrado en el estudio.
Eso es lo que dice ahora. Pero antes de ser procurador, él mismo firmaba documentos como abogado de GEDEON. Y su madre también está conectada con la misma empresa. No es una coincidencia que parezca una red.
¿Qué significa que omitió el estudio en su declaración jurada?
Significa que o no fue honesto, o fue negligente. O ambas cosas. Las declaraciones juradas existen precisamente para que el público sepa si hay conflictos de interés. Si no declara lo que tiene, ¿cómo podemos confiar en sus decisiones?
¿Qué pasa ahora?
La Procuraduría General del Estado tiene que investigar. Si comprueba que hubo tráfico de influencias, Martínez podría perder su cargo. Y si la omisión en la declaración fue intencional, eso es otro delito.
¿Quién sale ganando si GEDEON prevalece en esta disputa?
GEDEON, claramente. Y todos los que están conectados con ella: Medina Delgado, Neyra Escobar, la esposa del procurador a través del estudio, su madre. Es un círculo cerrado de beneficiarios.
Der Puls
- Una disputa minera de años entre SMRL GEDEON y Río Grande CEH escala hasta involucrar al máximo representante legal del Gobierno Regional de Arequipa.
- El procurador Martínez Márquez defendió a una de las partes antes de asumir su cargo, y su esposa continúa haciéndolo desde el mismo estudio jurídico que ambos fundaron.
- La madre del procurador también aparece notificada por el Ministerio de Energía y Minas en relación con la misma empresa minera, ampliando el círculo de presuntos conflictos.
- El afectado, Germán del Carpio, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General del Estado por negociación incompatible y tráfico de influencias.
- Martínez Márquez niega cualquier irregularidad, pero su declaración jurada de intereses de 2021 omite la existencia del estudio jurídico que lleva su propio apellido, lo que podría agravar su situación legal.
En las provincias mineras de Arequipa, la figura del procurador regional Juan Daniel Martínez Márquez ha quedado atrapada en una red de vínculos familiares y profesionales que, según sus denunciantes, comprometen la imparcialidad que su cargo exige. Su esposa dirige el estudio jurídico que representa a una empresa minera en cuyo conflicto él mismo participó como abogado antes de asumir funciones públicas, y su madre aparece también vinculada a esa misma empresa. Lo que comenzó como una disputa de concesiones entre dos mineras en Condesuyos y Camaná se ha convertido en un caso que interroga los límites entre el ejercicio privado del derecho y el servicio al Estado.
En las provincias de Condesuyos y Camaná, dos empresas mineras llevan años enfrentadas por sus concesiones: SMRL GEDEON y Río Grande CEH. Lo que comenzó en 2017 como una denuncia por usurpación presentada por el gerente de GEDEON, Miguel Medina Delgado, contra Germán del Carpio, titular de Río Grande CEH, tenía entonces un abogado de parte: Juan Daniel Martínez Márquez, quien firmaba documentos dirigidos a la Fiscalía usando el membrete del estudio Martínez & Velásquez Abogados, fundado junto a su esposa Maylie Velásquez Apaza.
Desde enero de 2022, Martínez Márquez ocupa el cargo de procurador encargado del Gobierno Regional de Arequipa. En abril de ese año, su esposa firmó una nueva denuncia contra Del Carpio con el mismo membrete del estudio, acusándolo de incitar invasiones y destrucción de maquinaria. Días después, una comisión de la Gerencia Regional de Energía y Minas realizó una inspección en la concesión de Río Grande, a solicitud de un socio de Medina Delgado. Del Carpio interpretó todo esto como una persecución coordinada y denunció al procurador ante la Procuraduría General del Estado el 10 de mayo de 2022.
Los vínculos familiares no se detienen en la esposa. La madre del procurador, Gladys Márquez Chaname, exfuncionaria de la Gerencia Regional de Energía y Minas, fue notificada junto al gerente de GEDEON para una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Energía y Minas en junio de 2022, y según la denuncia también estaría defendiendo los intereses de esa empresa.
Martínez Márquez rechazó las acusaciones, calificándolas de calumniosas, y sostuvo que es su esposa quien maneja el estudio y que él no participa en él. Sin embargo, en su Declaración Jurada de Intereses de 2021 marcó "No" cuando se le preguntó si él o su cónyuge tenían participación en alguna empresa o sociedad, sin mencionar en ningún momento la existencia del estudio que lleva su propio apellido. Esa omisión podría representar un incumplimiento normativo que complique aún más su situación.
En las provincias de Condesuyos y Camaná, en Arequipa, dos empresas mineras llevan años enfrentadas por sus concesiones. Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada GEDEON y Río Grande CEH han protagonizado un fuego cruzado de acusaciones que ahora ha alcanzado a Juan Daniel Martínez Márquez, procurador encargado del Gobierno Regional de Arequipa desde enero de 2022.
La disputa comenzó en 2017, cuando Miguel Medina Delgado, gerente general de SMRL GEDEON, denunció usurpación contra Germán del Carpio Alvarado, titular de Río Grande CEH, alegando que mineros informales habían penetrado en su concesión en cuatro ocasiones para extraer mineral. Martínez Márquez fue abogado de Medina Delgado en ese entonces. Antes de asumir su cargo actual, firmó documentos dirigidos a la Fiscalía Mixta de Condesuyos recomendando acciones sobre el caso, utilizando el membrete de Martínez & Velásquez Abogados, un estudio que fundó junto a su esposa Maylie Velásquez Apaza.
En abril de 2022, ya con Martínez Márquez en su posición de procurador, se presentó una nueva denuncia contra Del Carpio. Esta vez Maylie Velásquez, la esposa del procurador, firmó el documento con el mismo membrete del estudio. La denuncia acusaba a Del Carpio de incitar invasiones a propiedades mineras y destrucción de maquinaria. Tres días después, una comisión ordenada por Herbert Tanta Carrasco, titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas, realizó una inspección en la concesión Río Grande. Eddy Neyra Escobar, gerente de Sociedad Minera Copacabana S.A. y socio de Medina Delgado a través de un contrato de Joint Venture, había solicitado esa intervención.
Germán del Carpio percibió una persecución legal coordinada. Denunció a Martínez Márquez ante la Procuraduría General del Estado el 10 de mayo de 2022 por presunta negociación incompatible y tráfico de influencias, argumentando que el procurador estaba ejerciendo dominio sobre la zona minera del Anexo de Alto Molino con apoyo de autoridades y del estudio jurídico de su esposa.
Los vínculos no terminan ahí. La madre del procurador, Gladys Márquez Chaname, también tiene conexiones con SMRL GEDEON. El Ministerio de Energía y Minas notificó a Márquez Chaname, además del gerente Medina Delgado, para una mesa de diálogo el 6 de junio de 2022. Ella ocupó anteriormente el cargo de titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas y, según la denuncia, también estaría defendiendo a GEDEON.
Cuando se le preguntó sobre las acusaciones, Martínez Márquez respondió que debería responder ante la Procuraduría General del Estado. Negó encontrar lógica en la denuncia, calificándola de calumniosa, y afirmó no tener conflicto de interés alguno. Señaló que su esposa es quien maneja el estudio, no él: "Ella es la que se encarga del estudio. Yo no estoy participando".
Sin embargo, existe un problema adicional. En su Declaración Jurada de Intereses correspondiente a 2021, Martínez no mencionó que su esposa tuviera a su cargo el estudio Martínez & Velásquez Abogados. Cuando se le preguntó si él o Velásquez tenían participación en alguna empresa, sociedad u otra entidad, marcó la opción "No". Solo detalló que tiene poder de representación de la Corporación Lindley S.A. desde 2015. Esta omisión podría constituir un incumplimiento normativo adicional que agrave su situación.
Bemerkenswerte Zitate
Hay una persecución legal en mi contra, impulsada por los titulares de la GREM y la Procuraduría Regional— Germán del Carpio, titular de Río Grande CEH
No encuentro lógica en la denuncia y sería calumniosa. No tengo ningún conflicto de interés— Juan Daniel Martínez Márquez, procurador encargado