En Lima, la presidenta Keiko Fujimori y tres de sus predecesores enfrentan una denuncia penal que pone en evidencia una tensión antigua entre el poder ejecutivo y las obligaciones institucionales: ninguno de ellos destituyó a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, pese a que una condena judicial la inhabilitaba para el cargo. El caso no es solo sobre una funcionaria que ocultó un proceso penal activo en su contra, sino sobre la cadena de omisiones que permitió que esa situación persistiera. La inmunidad presidencial, sin embargo, suspende el tiempo de la justicia hasta que el man
Presidenta peruana denunciada por mantener procuradora condenada en cargo
Continuó en funciones pese a la condena y las solicitudes de investigación
Mark
¿Por qué es importante que se haya presentado esta denuncia ahora, en septiembre, cuando Caruajulca fue condenada hace meses?
Mimi
Porque muestra que el Ministerio Público finalmente decidió actuar. Caruajulca fue condenada en enero, pidieron investigarla en julio, pero nadie la removió. La denuncia es el reconocimiento de que hubo una falla institucional clara.
Luke
Pero tenemos que ser precisos: ¿quién exactamente pidió que la investigaran? El fiscal supremo de entonces, Villena. ¿Eso es una orden vinculante o una solicitud? La fuente dice que pidió "autorización para investigar", lo que suena como que todavía necesitaba aprobación.
Mark
¿Y por qué Fujimori no simplemente la destituyó?
Mimi
Esa es la pregunta central. La denuncia sugiere que fue deliberado, que todos los presidentes que tuvieron la oportunidad eligieron no hacerlo. Eso apunta a algo más profundo que negligencia.
Luke
O a que había presiones políticas o legales que no vemos en esta historia. No sabemos por qué cada uno de ellos decidió no actuar. La denuncia lo llama "omisión de funciones", pero omisión puede significar muchas cosas.
Mark
¿Qué pasa ahora con Fujimori?
Mimi
Técnicamente, casi nada mientras sea presidenta. La inmunidad la protege hasta que termine su mandato. Solo puede ser interrogada de forma limitada.
Luke
Exacto. Y eso es importante aclarar: no es que el caso desaparezca. Se congela. Pero para los expresidentes, que ya no tienen inmunidad, el proceso puede avanzar. Eso es una diferencia legal enorme que la historia debería haber subrayado más.
El Pulso
- Una denuncia penal presentada el 24 de septiembre acusa a Fujimori y a tres expresidentes de haber ignorado su obligación legal de destituir a una procuradora condenada judicialmente.
- María Caruajulca fue sentenciada en primera instancia el 26 de enero de 2026 y continuó en funciones durante meses, mientras el Ministerio Público solicitaba sin éxito que se actuara en su contra.
- La acusación se extiende al actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien también habría omitido actuar durante su paso como primer ministro en un gobierno anterior.
- La inmunidad constitucional de Fujimori congela cualquier avance judicial en su contra hasta el fin de su mandato, mientras que los expresidentes denunciados no gozan de esa protección y podrían enfrentar el proceso de inmediato.
En Lima, la presidenta Keiko Fujimori y tres de sus predecesores enfrentan una denuncia penal que pone en evidencia una tensión antigua entre el poder ejecutivo y las obligaciones institucionales: ninguno de ellos destituyó a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, pese a que una condena judicial la inhabilitaba para el cargo. El caso no es solo sobre una funcionaria que ocultó un proceso penal activo en su contra, sino sobre la cadena de omisiones que permitió que esa situación persistiera. La inmunidad presidencial, sin embargo, suspende el tiempo de la justicia hasta que el mandato concluya.
Lima, 26 de septiembre. La presidenta Keiko Fujimori fue denunciada penalmente por mantener en funciones a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, a pesar de que una condena judicial la inhabilitaba para el cargo. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el 24 de septiembre.
La acusación alcanza también a tres expresidentes: Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, todos señalados por omisión de funciones al no haber destituido a Caruajulca, quien ocultó un proceso penal activo en su contra. El actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, exprimer ministro durante el gobierno de Jerí, también figura en la denuncia.
El 26 de enero de 2026, un juzgado penal condenó a Caruajulca en primera instancia. Meses después, el fiscal supremo Juan Carlos Villena solicitó que se autorizara una investigación formal en su contra. Aun así, la procuradora continuó en el cargo sin ser removida. La denuncia sostiene que su reinstalación en el puesto está viciada de nulidad.
Para Fujimori, la inmunidad presidencial suspende el proceso: solo podrá ser interrogada de forma limitada durante una indagación de primera instancia que quedará congelada hasta el fin de su mandato. Los expresidentes involucrados, sin esa protección, podrían enfrentar el avance del proceso sin demora.
Lima, 26 de septiembre. La presidenta peruana Keiko Fujimori enfrenta una denuncia penal por haber mantenido en su cargo a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, a pesar de que esta última cuenta con una condena judicial que la inhabilita para el puesto. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el 24 de septiembre, según confirmaron fuentes de esa institución a medios locales.
La acusación no recae únicamente sobre Fujimori. También incluye a tres de sus predecesores inmediatos: Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, todos denunciados por el mismo delito de omisión de funciones. Jerí y Balcázar ejercieron la presidencia durante períodos breves. La denuncia señala que ninguno de ellos procedió a destituir a Caruajulca, pese a que ella ocultó un proceso penal activo en su contra. El actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fue primer ministro durante el gobierno de Jerí, también aparece involucrado en la acusación.
El caso de Caruajulca revela un patrón de incumplimiento institucional. El 26 de enero de 2026, un juzgado penal la condenó en primera instancia. Meses después, el 16 de julio, el entonces fiscal supremo Juan Carlos Villena solicitó al Ministerio Público que firmara un informe autorizando una investigación penal en su contra. A pesar de estas acciones judiciales, Caruajulca continuó desempeñando sus funciones como procuradora general sin ser removida del cargo.
La denuncia sostiene que todos los funcionarios involucrados eludieron deliberadamente su obligación legal de cesar a la procuradora. Además, cuestiona la validez de su reinstalación en el puesto, considerándola viciada de nulidad.
Sin embargo, la inmunidad presidencial limita significativamente las consecuencias legales para Fujimori. Conforme a la constitución peruana, mientras permanezca en el cargo, la presidenta no puede ser juzgada. Solo podrá ser sometida a interrogatorios limitados e interrogantes de información durante una indagación de primera instancia, que será congelada hasta que termine su mandato. Recién entonces continuarán las investigaciones. Para los expresidentes denunciados, que ya no cuentan con esa protección, el proceso podría avanzar sin estas restricciones.
Citas Notables
Todos los involucrados eludieron la obligación de cesar a la procuradora— Denuncia presentada ante el Ministerio Público
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